El inicio de cobro de peaje en San Manuel, Cortés ha consolidado la política de privatización de carreteras promovida desde el gobierno. El viernes siete de octubre desde las seis de la mañana, la empresa Autopistas del Atlántico S.A (Adasa), comenzó a cobrar peaje a los vehículos que circulan en la carretera que conduce a San Pedro Sula.
El repudio no se hizo esperar, y la población al conocer la noticia se trasladó de inmediato a protestar por el cobro del impuesto e incentivó a los conductores de vehículos y autobuses para que no pagaran.
El rechazo es evidente ante la tarifa establecida para cada unidad, y es que los vehículos livianos pagarán 19 lempiras, camiones de dos ejes entregarán 78 lempiras, por tres ejes se cobrará 117, por cuatro 156, por cinco 196 y por seis ejes 235 lempiras. Los costos han generado indignación por parte de los afectados.
El cobro de peaje en San Manuel estaba planificado para el mes de abril del 2016, pero la lucha permanente de la población indignada atrasó ese ejercicio por seis meses. Durante ese tiempo se han registrado plantones, protestas, tomas de carretera, que en su mayoría han culminado con represión policial.
“La lucha sigue vigente, el rechazo es permanente y vamos a seguir firmes hasta que se retiren las casetas de la zona”, afirmó Jorge Díaz integrante de la Mesa de Indignación en El Progreso.
Por su parte Karina Flores, también integrante de este espacio, dijo que el cobro además de ser ilegal es antidemocrático porque en ningún momento se le ha consultado a la gente si está de acuerdo con la medida.
Parte de los argumentos de la población que rechaza el peaje, es que la carretera fue construida desde hace más de veinte años, por tal razón no es necesario aplicar un cobro para una carretera que se encuentra en buen estado.
“Es un robo para la gente, es un impuesto de guerra que viene desde el gobierno y que pretende sacrificar el bolsillo del pueblo”, argumentó Roberto Rivera integrante del Partido Anticorrupción.
La lucha contra el peaje en San Manuel continúa y desde este viernes la población indignada anunció protestas permanentes y así evitar de forma momentánea el cobro a los conductores.
Ausencia de autoridades
Ante la protesta de la población, los grandes ausentes son las autoridades, tanto municipales como empresariales. Las alcaldías de San Manuel, El Progreso y La Lima no pasan del discurso de rechazo en contra del peaje, pero lejos de eso ya encontraron un punto de acomodamiento.
En San Manuel, el alcalde Arturo Castro manifestó que ya llegaron a un acuerdo con el gobierno, que consiste en que la población de ese municipio recibirá una identificación para que al pasar por el peaje no paguen.
En La Lima, tampoco hay una política clara contra la iniciativa. El alcalde Astor Amaya ha dicho en reiteradas ocasiones que como municipalidad rechazan el peaje, pero que ellos no pueden hacer absolutamente nada porque es una decisión gubernamental, en ese sentido el único movimiento que han hecho es enviar una constancia de queja al titular de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Roberto Ordóñez exigiéndole que retiren el nombre de la municipalidad de La Lima de los comprobantes de pago que además van acompañados de su RTN.
En esa línea las autoridades municipales de El Progreso, que es el sector más afectado con la medida, se han hecho un llamado al silencio y desde la oficialidad que dirige el alcalde Alexander López no han hecho un pronunciamiento claro ante el proyecto.
La otra representación ausente es el sector empresarial. Cuando inició la lucha popular contra el peaje, los empresarios que en ese entonces eran encabezados en El Progreso por el empresario local Jorge Larios planificaron y ejecutaron un cierre de negocios rechazando la iniciativa gubernamental, pero desde que Larios cedió su puesto al frente de la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso al señor Víctor Ramos Soto, el panorama cambió.
La Cámara de Comercio de La Lima, por el momento no se ha referido al tema y los pequeños empresarios de San Manuel tampoco ha tenido una postura al respecto.
“En esta lucha necesitamos la unidad de todos los grupos involucrados y afectados, desde el pueblo hasta los sectores más conservadores”, dijo sobre el tema Jorge Díaz quien también es integrante de la Cámara de Comercio en El Progreso.
La ausencia de los sectores oficiales se une a los factores de debilitamiento de la lucha, que cada día encuentra un panorama más adverso para hacer retroceder la política gubernamental.
Desde el sector oficial, en repetidas ocasiones el comisionado del Valle de Sula y ministro de Gobernación y Justicia, Leonel Ayala, ha dicho que los peajes son una iniciativa que encamina el país al desarrollo y por eso la gente no debe oponerse porque al final de cuentas el impuesto recaudado generará inversión y construcción de nuevas obras viales entre ellas el puente La Democracia en El Progreso.
Cifras escandalosas
Cuando parecía que la calculadora del obrero y obrera solo se sacaba para aproximar datos de pago de deudas, alimentación y gastos familiares, llega un nuevo trancazo que los obliga a calcular otro golpe. Los conductores de vehículo liviano que trabajan en San Pedro Sula y que se conducen desde El Progreso deberán pagar a diario un total de 50 lempiras, generando un monto a la semana de 300 lempiras.
En el caso de los transportistas interurbanos que al día hacen cinco vueltas tanto de El Progreso hasta San Pedro Sula o La Lima, deberán pagar al día un total de 780 lempiras, cifra que a la larga se traducirá en incremento al precio del pasaje.
“No podemos permitir esta situación, nos obligarán a paralizar labores. Imagínese que nosotros no somos los dueños de las unidades y los dueños nos cobran una tarifa, con 780 lempiras menos se nos va la ganancia y así definitivamente no podemos trabajar”, dijo un conductor de la empresa de buses Tupsa.
“Cada día atentan contra la inversión en el país, nosotros tenemos equipo pesado y trasladamos mercadería para exportación, con este cobro se nos incrementa el costo solo por unidad casi a 500 lempiras y tenemos varias, las ganancias que son pocas se reducirán y eso obligará a trasladar tarde o temprano los costos al consumidor”, declaró un conductor de equipo pesado.
“Hay que entender que este impuesto nos perjudica a todos y todas: conductores, transportistas, propietarios de empresas de equipo pesado, pasajeros de autobús y población en general .Con el cobro los costos se dispararán y por lo tanto el pasaje de bus incrementará, la comida, los artículos de consumo popular”, lamentó Norma Cruz integrante de la Mesa de Indignación.
En aproximadamente siete meses de lucha de la población indignada en El Progreso, la respuesta gubernamental es la represión. Detenciones, heridos, golpes, persecución, agresiones con gas lacrimógeno son la forma de respuesta del gobierno contra los manifestantes a través de la policía y militares.
El pasado tres de octubre, organizaciones populares convocaron a plantones en varias casetas de peaje en distintas regiones del país, entre ellas: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Santa Cruz y San Manuel.
Las acciones dejaron fuerte represión en el peaje de Zambrano en las cercanías de Tegucigalpa, mientras que en el norte, la principal represión se registró en el peaje salida este de San Pedro Sula, mismo destino corrió San Manuel.
En las acciones se registraron golpeados, gaseados y detenidos, la respuesta del gobierno ante las protestas demuestran la intolerancia ante las demandas populares.
“Repudiamos este gobierno, que además de privatizar todo lo que puede, nos golpea, nos reprime por demandar nuestros derechos pacíficamente”, dijo Manuel Zelaya coordinador del partido Libertad y Refundación en la acción del tres de octubre.
Por su parte el diputado Walter Banegas del Partido Anticorrupción (Pac), consideró la represión como una política sistemática de ataque del gobierno a la expresión pacífica del pueblo que ya no confía en ellos y que rechaza sus políticas que solo ponen en detrimento su calidad de vida.
“Es triste no contar en estas jornadas de lucha con presencia de los derechos humanos, para muestra un botón, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, fue el gran ausente en las represiones del tres de octubre”, lamentó Luis Chévez integrante de la Coalición contra la Impunidad.
Para Chévez el Estado no respeta los convenios internacionales, mucho menos la libertad de expresión, tampoco respeta la dignidad de la gente, por eso no tiene ningún problema en agredir a la gente con gases lacrimógenos y golpes.
La intolerancia gubernamental sigue expresándose en el fuerte acordonamiento policial y militar que rodea las casetas de peaje, que tienen el objetivo de garantizar el cobro del impuesto a cambio de mantener el orden y reprimir a quienes se opongan a eso.
Panorama adverso
Ante la difícil situación que absorbe a la población que lucha contra la privatización de carreteras, las posibles soluciones son las grandes ausentes, tanto por la falta de voluntad política como la complejidad del terreno político que las rodea.
La aprobación de concesiones a empresas para administración de peajes se han aprobado desde el Congreso Nacional y es esa estructura la que debe de dar un paso atrás en esa política.
“Para nosotros es difícil hacer algo al respecto, quisiéramos como diputados de oposición que se nos escuchara y que desde el Congreso pudiéramos detener este nuevo trancazo a la gente, pero en realidad somos minoría y todo está en manos del Partido Nacional”, dijo el diputado Edgardo Castro del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Ante la lucha popular, desde la perspectiva legal es el Congreso el que debería de tomar en cuenta el rechazo de la gente y revertir esta iniciativa, pero la oposición no ha podido penetrar en ese espacio, hasta el momento solo se ha presentado una iniciativa para que se suspendan los cobros de peaje hasta que se construyan carreteras alternas, la propuesta fue planteada por el diputado del Pac Walter Banegas.
Banegas manifestó que el proyecto que presentó fue engavetado en el Congreso y por lo que se vislumbra en el horizonte se quedará ahí porque no hay voluntad política para retroceder por esa vía en las concesiones viales.
En reiteradas ocasiones el diputado y presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva, dijo que el tema de los peajes es una cuestión juzgada, que ya no hay marcha atrás y que lo que queda a la gente es pagar el impuesto y esperar la inversión y construcción de obras complementarias.
En ese sentido Banegas considera que no es suficiente la lucha legislativa, por tal razón la gente debe organizarse y salir a protestar contra los peajes.
Norma Cruz, integrante de la Mesa de Indignación asegura que no es suficiente la dinámica parlamentaria, ella es del criterio que es necesario articular la lucha en cada comunidad que está ante la amenaza de instalación de peajes y que esa sea la piedra de construcción de una articulación regional y nacional para enfrentar la privatización.
Indiferencia, un cáncer de las luchas populares
“Es difícil venir a una lucha como la del viernes a las casetas del peaje, es arriesgado plantarse ante la policía y gritarle a la gente que no debe pagar, que debe ser indiferente a ese impuesto que nos perjudica, pero es más deprimente que algunas personas hagan caso omiso y que paguen sin repudio alguno”, es la valoración de José Sánchez ciudadano de la Lima, luego de trasladarse a San Manuel y ver como algunas personas no se pronuncian rechazando la medida.
El viernes a eso de las siete de la mañana, el ambiente se calentó, conductores de autobuses, vehículos livianos y cabezales renegaban cada vez que la cobradora de las cabinas les decía que pagaran para pasar, algunos llegaron al extremo de apagar sus carros y decir que no pagarían y que circularían hasta que les abrieran la tranca, otros simplemente sacaban la plata de su bolsillo y pagaban para pasar.
Fenómenos como este son tan normales en un país donde la indignación tiene una duración fugaz, la mayoría de conductores rechazaron y hacían gestos de solidaridad con los manifestantes, que en esa ocasión eran aproximadamente cien personas, pero muy pocos fueron capaces de bajarse de sus vehículos y protestar junto a ellos.
“Por lo menos la gente es solidaria, nos pita, nos levanta la mano, pero esto no es suficiente, necesitamos que la gente se involucre más, que se venga con nosotros, que proteste, que le digan no a estos ladrones”, dijo el dirigente de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, Bernabé Solís.
“Me llamó la atención ver a una señora, conducía un vehículo de una empresa de distribución de churritos, esa señora estaba atrás de un conductor de un carro que cargaba verduras, el conductor apagó el carro frente a la caseta y le dijo a la cobradora que no le pagaría y que el pasaría hasta que le bajara la tranca, lo triste fue ver que la señora abrió la puerta de su carro, le dijo a la policía que quitara a la gente, que ella debía trabajar y que no le interesaba la lucha, luego se movió a donde estaba la cobradora, sacó 38 lempiras de su bolsa y le dijo, acá está el pago del señor que no se quiere mover y el mío, por favor abra la tranca, luego la chica de la cabina recibió el pago entregó el comprobante y cumplió con el procedimiento”, se refirió a ese episodio José Sánchez.
Gente como la señora de la empresa de churros, hay muchas, personas que se muestran indiferentes ante los ataques del gobierno, que a la larga también les afectará a ellos.
“Es necesario trabajar con la conciencia de la gente, no es suficiente con decir que estamos en contra, debemos en primer lugar movilizarnos y luego organizarnos para enfrentar esta política que no solo es una lucha local o regional, sino nacional”, concluyó Sánchez.
Ante la hostilidad que genera la militarización, el cobro de peaje, la indignación popular, la indiferencia de la gente y del gobierno, la lucha contra el peaje enfrenta uno de sus puntos más duros y que provocará nuevas jornadas de protesta y represión hasta que cualquiera de las partes involucradas en el conflicto claudique.
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