Por ser violatorio al derecho constitucional de la libre circulación a la que tiene derecho la población hondureña, la Coalición Contra la Impunidad y la Mesa de Indignación de El Progreso, Yoro, presentaron esta semana ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad contra la imposición del cobro de peaje por el uso de las principales carreteras.
“Esperamos que la CSJ tome una determinación apegada a la Constitución, pero si priman los intereses del gran capital nacional y transnacional es lógico que se le va a dar largas al asunto y después de varios años podríamos tener un resolución no favorable, por eso es que el pueblo debe desarrollar presión para que las decisiones sean rápidas y apegadas al Estado de derecho”, indicó Omar Menjivar, representante legal de las organizaciones que impulsan el recurso inconstitucional.
El recurso contra la privatización de los ejes carreteros se sustenta en la violación de la Carta Magna y convenios internacionales, para el caso: el artículo 81 de la Constitución de la República que establece en su primer párrafo que “Toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional”.
De la misma manera, el artículo 22.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos dispone que “Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo”. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuya letra dice que “Toda persona que se halle legalmente en| el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia”.
“En el caso de los tratados, los mismos forman parte del derecho interno de conformidad con el artículo 16 constitucional y el derecho a circular libremente reconocido en estas normas internacionales. Por lo tanto la inconstitucionalidad se plantea en contra del contenido del decreto legislativo que faculta la construcción de casetas de peaje sobre el Corredor Turístico y Logístico”, indicó el abogado Omar Menjivar.
De acuerdo a Menjivar, “el derecho a la libre circulación” no es absoluto, ya que la Constitución prevé la posibilidad de limitarlo pero sólo por razones de seguridad nacional, de protección del orden público y de los derechos y libertades de los demás, incluida la prevención de delitos, pero sólo en la medida que resulte necesario en una sociedad democrática y que sea razonable y proporcional a fin de no desnaturalizarlo”.
Argumentó que sólo cuando las personas cometen un delito tipificado en las leyes hondureñas, la autoridad competente pueden limitar el derecho a la libre circulación, o cuando por razones de seguridad nacional se decretan los denominados “estados de sitio” o “toques de queda”, de lo contrario ni Covi de Honduras, ni Autopistas del Atlántico, ni ninguna otra persona natural o jurídica está autorizada de acuerdo a las leyes nacionales, para coartar el derecho a la libre locomoción de los ciudadanos y ciudadanas.
“Por lo tanto el cobro del peaje no puede ni debe ser obligatorio ya que restringe un derecho constitucional elemental; deben existir vías alternas para ejercer este derecho. La autorización del cobro de peaje implica el hecho de circular por una carretera privada, sin embargo, ello solamente es permisible si existe una vía alterna para que las personas tengamos la elección de pagar por un camino mejor y más rápido que por el que obligatoriamente el Estado debe poner a nuestra disposición. Hasta el momento, en ningún peaje del territorio nacional el Estado o la empresa beneficiaria de la concesión ha establecido una vía alterna”, indicó.
Corredor Logístico y Corredor Turístico
El Corredor Logístico que está concesionado por 20 años, comprende desde Goascorán, Valle-Villa de San Antonio, Comayagua; Tegucigalpa-Villa de San Antonio-San Pedro Sula-Puerto Cortés. COVI Honduras, quien constituye la persona jurídica encargada de la administración del contrato en dicho corredor, ya está cobrando el peaje en los puntos de Zambrano, Siguatepeque y Santa Cruz de Yojoa. Sólo faltaría la instalación de las casetas en La Maní, Comayagua y en Aramecina o Goscarán, en las cercanías de la aduana El Amatillo.
Mientras que en el Corredor Turístico que comprende de El Progreso-Tela, San Pedro Sula-El Progreso y La Barca-El Progreso, la concesión abarca 30 años. De acuerdo a las proyecciones para este corredor se cobrará peaje en la aldea Zacatales, ubicada entre la Barca y Santa Rita, Yoro; la otra estación de cobro estará instalada en la línea divisoria entre la comunidad Agua Blanca Sur de El Progreso y la comunidad Guanchías, jurisdicción de Santa Rita. Mientras que otras casetas estarán instaladas en la aldea el Guano, Tela, Atlántida y las que ya están instaladas en la colonia Guadalupe, en la autopista Progreso-San Pedro Sula.
El Corredor Logístico o la carretera CA-5, fue construida con fondos de la Cuenta del Milenio, dinero que fue donado por el pueblo de Estados Unidos, a través del Gobierno de Barack Obama. Mientras que en el corredor logístico que está en poder de Autopistas del atlántico, ADASA, construye cuatro carriles sobre la calle nacional que comprende desde la Barca-Progreso-Tela. Mientras los cuatro carriles del bulevar que conecta San Pedro-Progreso están construidos desde 23 años.
Como consecuencia cualquier persona que conduzca un vehículo no podrá pasar por estos denominados corredores si antes no paga en cada peaje las cantidades siguientes; carros livianos pagan 19 Lempiras, automotores de dos ejes como los camiones o buses pagan 76 Lempiras; los camiones de tres ejes pagan 114; entre tanto, las rastras o furgones que tienen 5 ejes, pagan 191 y los de 6 ejes pagan 229 Lempiras.
Lucha en las calles continuará
“Aquí en El Progreso llevamos 10 meses de lucha permanente exigiendo se quiten de manera definitiva las casetas de peaje construidas en la colonia la Guadalupe de San Manuel Cortés, en bulevar que comunica a san Pedro Sula”, indicó Gabriela Menjivar, del movimiento indignado contra el peaje.
A renglón seguido dijo que llevan días de rebeldía, victoria y complicidades. Pero lo más álgido a estado desde el 7 octubre ya que aprovechando la fluida circulación de vehículos durante los feriados de la “semana Morazánica” ADASA, pretendió agenciarse de buena plata iniciando el cobro del peaje, sin embargo sus planes han sido frustrados, ya que el 98 % de los vehículo no está pagando.
Desde esa fecha, todos los días a partir de la 6 de la mañana hasta más de la 8 de la noche valientes mujeres y hombres que se ubican a unos 50 metros de las casetas de peaje, gritan “dele viaje y no pague peaje” y celebran a cada conductor que se libera del miedo y la intimidación y pasa libremente sin pagar el peaje de San Manuel.
“Ésta lucha significa mucho y la vamos ganando. No nos importa el sol, la lluvia, los toletazos y las gaseadas que nos han pegado los militares y la policía, nosotros seguimos aquí en pie de lucha hasta que logremos que suspendan de manera definitiva el cobro del peaje”, concluyó diciendo Gabriela.
¿Por qué la oposición a los peajes?
“Existe oposición a este modelo de peaje porque se sostiene en una llamada alianza pública privada en donde lo primordial son las utilidades o ganancias mientras que el mantenimiento de las vías y la devolución de los aportes diarios de la población no sólo son secundarios, sino que son apenas medios para la apropiación individual de riquezas comunes”, sostiene el sacerdote jesuita Ismael Moreno, quien fue condecorado con el premio Rafto, galardón noruego de Derechos Humanos.
“Esta alianza pública privada es el factor que conduce a la privatización de los bienes públicos, y los peajes son la expresión de que las carreteras dejan entonces de ser bienes públicos para convertirse en puros negocios de grupos privados en contubernio con funcionarios del Estado. A la gente lo que le dan son migajas. ¿Por qué no se atreven a decirnos las verdaderas ganancias que obtendrán en treinta años de concesionamiento? ¿Por qué no se da una información real a la población que es la contribuyente?”
De acuerdo al sacerdote jesuita, la demanda del pueblo se basa dos puntos: el primero que tiene que ver con la derogación de decreto Legislativo 204-2012 que entrega las calles a las empresas concesionarias y el segundo con un diálogo nacional para definir un nuevo modelo para la sostenibilidad y mantenimiento de las carreteras en nuestro país.
En cada matricula de vehículo y de motocicleta se paga una tasa para el mantenimiento de carreteras. De acuerdo a datos oficiales para mantenimiento de las vías del país, además el pueblo paga altos impuestos por cada galón de combustible que se compra: por cada galón de gasolina súper van al gobierno Lps. 32.75, por la gasolina regular; Lps. 28.87 por galón y por el diesel: Lps. 20.00 por galón.
Según Roberto Ordóñez, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), por el impuesto que paga el pueblo hondureño en la compra de los combustibles se recaudan cada año nueve mil millones de lempiras (9,000, 000,000), sin embargo para fondo vial sólo se destinan 800 millones de Lempiras.
La ciudadanía sigue demostrando con acciones de protesta el rechazo a la privatización de carreteras y sigue demandando un diálogo sincero y sin cálculos, un diálogo real y que busque verdaderas soluciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario