La “industria” de la extorsión ha llenado de zozobra a la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula (UNAH-VS), ubicada en San Pedro Sula, al norte de Honduras. Los últimos hechos violentos contra conductores de autobuses cerca del predio universitario y las constantes amenazas a muerte han provocó que los motoristas suspendan el servicio de traslado a estudiantes.
“Esta situación representa un peligro no sólo a los conductores, si no para más de 14 mil estudiantes que asistimos a diario a la universidad. Aunque reactiven el servicio, el hecho de viajar en los buses representa un gran riesgo para nosotros, ya las bandas de extorsionadores han advertido que podrían pasar a métodos violentos contra los buses, como medio de presión para que las asociaciones de estudiantes paguen el denominado “impuesto” de guerra”, indicó un joven universitario.
La semana pasada dos motoristas de estas rutas fueron asesinados a balazos por desconocidos mientras descansaban en las inmediaciones de la Unah-VS. Ese hecho provocó la renuncia de más de 10 conductores de los buses de la comunidad que cubren la ruta de El Progreso a la UNAH-VS.
Se calcula que son más de 9 mil estudiantes de la Universidad que viajan desde las ciudades como El Progreso, Puerto Cortés y La Lima y se ven afectados por la paralización de transporte, a lo que también se han sumado los que viajan en otras rutas urbanas de San Pedro Sula.
Fracaso en la política de seguridad
“Lo que está pasando en la Unah-vs, es la punta del iceberg respecto a la imposibilidad del gobierno de poder controlar la delincuencia y criminalidad organizada que se convirtió en poder en un país con débil institucionalidad”, indicó el analista Ramón Barrios, catedrático universitario y miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia.
Según datos estadísticos de las Cámaras de Comercio de Cortés y Tegucigalpa, conjuntamente con Fedecamara, en los últimos 10 años se han cerrado unos 40 mil negocios a nivel nacional por el delito de extorsión, y se considera que ésta cantidad puede ser mayor porque muchos negocios principalmente de las Mipymes cierran sin dar cuenta.
Barrios manifestó además que la extorsión es una problemática vigente que no sólo ha generado el cierre de negocios, empresas, por ende pérdidas de empleos, hasta luto en la población, sino que sus repercusiones van más allá, al punto que tiene a miles de familias desplazadas tanto a nivel interno como externo .
“La extorsión genera mensualmente a las bandas criminales cientos de millones de Lempiras y ese dinero se tiene que canalizar por la banca privada y la compra de propiedades, sin embargo el gobierno se hace el desentendido o el que no sabe nada”, indicó Barrios.
El catedrático dijo que actualmente la “industria de la extorsión está cobrando el “impuesto de guerra” a las pulperías, transporte en todos los niveles, pequeña y mediana empresa, e incluso a las grandes compañías. El gobierno no ha enfocado esfuerzos para atacar este flagelo y los cerebros van creando mecanismos para seguir aumentando sus fortunas, “pero no se conoce quiénes son los dueños de las cuentas bancarias, cuyos fondos provienen de la extorsión”.
“No es tan cierto que el tema de la violencia y criminalidad se ha resuelto, pues a diario el crimen manda un mensaje distinto al Estado y se debería hacer una revisión de lo que ha hecho y lo que debería hacer, sin embargo el presidente Juan Orlando Hernández no le interesa y más bien anda en campaña política abierta.
Penas por la extorsión
“El problema en Honduras no es la falta de leyes, sino más bien es la aplicación de las mismas. Lo que pasa que es que a simple vista pareciera que la estructura gubernamental es parte del crimen organizado y esto no debe pasar. Ya hay reforma a los artículos contra la extorsión, sin embargo el flagelo va en ascenso”, argumento Barrios.
Con la dispensa de dos debates, el Congreso Nacional aprobó en 2014 la reforma al artículo 222 del Código Penal, conducente a endurecer las penas por el delito de extorsión y chantaje.
Con esta reforma se pretende atacar a las organizaciones delictivas que se dedican al cobro del denominado “impuesto de guerra”, una actividad ilícita que se ha generalizado. “Ya estamos en 2016 y ¿qué ha pasado con esta reforma? no ha pasado absolutamente nada, porque no hay voluntad”, indicó.
La reforma definió los delitos de extorsión y del chantaje, estableciendo una pena de 15 a 20 años por el primero y de 6 a 12 años de prisión por el segundo. Además, al que cometa el delito de extorsión y dé muerte a la víctima, la pena es de cadena perpetua. Cabe recordar que anteriormente la extorsión era castigada con entre 6 y 9 años de reclusión.
“En el caso de la Unah-vs, junto a estudiantes, catedráticos y autoridades universitarias e instituciones de seguridad tenemos que reunirnos pronto y buscar una solución a esta problemática para emplazar al Ministro de Seguridad ya que esta situación pone en peligro la integridad física de todos nosotros y Dios no quiera, pero pueden haber más muertos con esta problemática”, concluyó Barrios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario