En entrevista con Radio Progreso (RP), el doctor en derechos humanos Joaquín Mejía (JM)aseguró que el gobierno que encabeza el presidente Juan Orlando Hernández necesita la presencia militar para garantizar su proyecto autoritario.
Mejía recordó que Honduras es un Estado que aparentemente tiene todas las formalidades de la democracia, pero en la práctica es una nación autoritaria donde se reprime y violenta a toda oposición existente.
RP. ¿Qué hay detrás del proceso de remilitarizar la sociedad?
JM. Lo que hay es la necesidad de garantizar la conducción de un Estado autoritario, en donde el presidente de la república tiene bien claro que la única forma de mantenerse en el poder es a través de, el seguimiento y control, con la intervención en las comunicaciones de la oposición y personas críticas; y con el uso de la fuerza a través de Fusina, Policía Militar, ejército y misma policía, instancia que han demostrado que están a favor de los grupos de poder.
La única forma que tiene el actual gobierno de legitimarse es a través de las fuerza y para eso están los militares.
RP. El gobierno mantiene el discurso que la violencia ha disminuido por la presencia de militares en las calles, ¿esto es así?
JM. Aquí es necesario analizar dos cosas. Primero, en un país con una tasa de homicidios tan alta, hay diversos niveles de criminalidad, y uno no puede negar que el gobierno actual se ha centrado en la violencia que nace del crimen organizado y el narcotráfico, eso está vinculado con la extradición de 12 hondureños vinculados con esas actividades, sin embargo, es necesario dejar claro que a partir de ahora la violencia no disminuirá porque los lugares dejados por los criminales, será ocupados por otros grupos.
Desde el gobierno hay una discurso de alegría por bajar la tasa de homicidios, 59 por cada cien mil habitantes dijo recientemente el Observatorio de la Violencia de la UNAH, pero realmente esa cifra es muy alta, y creer que eso irá a la baja sólo con el uso de la fuerza bruta es error, al menos que manipulen las cifras.
RP. En estos días los periódicos en el país publicaron declaraciones de ex jefe de las Fuerzas Armadas Romeo Vázquez Velázquez y del ex oficial y analista Billy Joya, asegurando que “la derogación del servicio militar obligatorio fue un “error histórico” y que aún es posible rescatar a los jóvenes de las pandillas; si se plantea volver al servicio militar obligatorio”. ¿Qué piensa sobre estas declaraciones?
JM. Es necesario ver de dónde vienen esos discursos. Primero viene de Billy Joya, un presunto asesino, señalado como miembro del 3-16, un escuadró que torturó, violó y despareció durante la década de los ochentas. Estuvo detenido en España pero por las triquiñuelas de la justicia hondureña ha quedado libre.
Y por otro lado, Romero Vásquez Velázquez, un delincuente comprobado, aunque la justicia hondureña no ha querido hacer nada al respecto, pero fue quien dio el golpe de Estado con todas las consecuencias que ya sabemos.
Los discursos de estos personajes revelan una cultura militarista castrense que busca adaptar las normas jurídicas a los planteamientos militaristas. Es allí donde se entiende que desde el 2010 el gobierno aprobó 30 reformas legales para adoptar la institucionalidad a la lógica militarista.
RP. ¿Existe vínculo entre la militarización del país con los altos niveles de impunidad?
JM. El problema está en el poder absoluto que se está dando a los militares. Para el año 2013 se reformó la Ley Orgánica de la Policía Militar, para agregar un apartado donde se expresa que están para cumplir las órdenes que dé el presidente de la república, lo que se traduce en que Juan Orlando Hernández tiene un brazo armado que puede manipular.
Otro punto es que se reformó la ley para que policías y militares que comentan delitos en operaciones conjuntas no pueden ser juzgados por la fiscalía de derechos humanos, sino por un juez o fiscal con jurisdicción nacional, esos jueces y fiscales son los mismo a quienes las Fuerzas Armadas aplican las pruebas de confianza, qué tipo de credibilidad podemos tener ante esto.
Se les da poder absoluto y la gente sigue creyendo que los militares son la solución a todos los problemas del país.
RP. Frente a esta realidad, ¿qué papel deben desempeñar las organizaciones de ddhh y la misma sociedad hondureña?
JM. Es necesario hacer una autocrítica, existe una apatía total de la ciudadanía en todo lo que está pasando en el país. Están desmantelando la Enee, privatizando Hondutel, instalando peajes y la gente no reacciona. Ésta realidad genera desesperanza.
Lo que nos queda como organizaciones es apostar a espacios que creen consciencia y abran los ojos a la ciudadanía, que vean que esos que aparecen como grandes ciudadanos son delincuentes y corruptos que tiene el país así. El día en que el pueblo hondureño se dé cuenta que los verdaderos enemigos de la democracia son los que están gobernando, posiblemente ese día comencemos a ver la luz en este túnel que parece interminable.
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