“Mi padre ahora me acompaña en la lucha. Siento que él camina a mi lado dándome fuerzas para que no dejemos que nos quiten nuestro río”, Alan García, hijo de Tomás García, líder indígena asesinado el 2013 en la comunidad de Río Blanco, Intibucá.
Su testimonio aparece en la reciente sistematización que hizo el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad). Un documento que recoge el proceso de lucha que libran las comunidades indígenas Lencas en defensa del río Gualcarque, en el departamento de Intibucá.
La periodista Claudia Mendoza, responsable de la investigación, dice que el documento es de suma importancia porque reconstruye la experiencia de defensa del río Gualcarque, “es un rescate de experiencias, vivencias, lecciones y aprendizajes que pueden servir a otras comunidades que están librando luchas en defensa de los bienes naturales, debido a la irrupción del modelo extractivista en el país con el aval del gobierno”.
Según Mendoza la información brindada por las autoridades de recursos naturales, hasta el año 2014 se otorgó 78 concesiones de ríos en el país, pero hay un sub-registro porque son más regiones las que denuncian el concesionamiento de ríos.
“El actual gobierno persiste en el fortalecimiento del modelo extractivo, entregando los bienes de las comunidades a empresarios hidroeléctricos y mineros, situación difícil por la reconfiguración de las fuerzas en las regiones”, cree Mendoza.
Contexto
Los conflictos socio-territoriales y medioambientales han cobrado fuerza en comunidades indígenas y no indígenas, en medio del saqueo de los bienes naturales de los pueblos, que promueve el modelo capitalista “extractivista”, profundizado en los últimos años.
El modelo es sustentado desde tres principios básicos: a) los bienes naturales como fuente principal para acumular beneficios y riquezas, b) la acumulación de capital mediante el saqueo y apropiación de vastas extensiones de territorio nacional en manos de empresas extranjeras, con el consentimiento del Gobierno y, c) un modelo de desarrollo al que no le importa la sostenibilidad de los bienes naturales, así como tampoco el agotamiento de los mismos.
El golpe de Estado de 2009, marcó un punto de referencia importante en la puesta en marcha del modelo extractivo, ya que en este tiempo y en el gobierno que le siguió, se aprobó una masiva concesión de ríos, mediante una convocatoria para la licitación de 210 Mega Watts (MW) de energía.
Las concesiones aprobadas se dieron mediante 15 decretos relacionados con proyectos de energía renovable. Dentro de ese paquete se establece la operación de 11 proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, 25 decretos más se aprobaron en 2010, siempre relacionados con la generación de energía renovable a partir de la operación de proyectos hidroeléctricos, y entre estos se aprobó la concesión del Gualcarque, el río por el cual comenzó la lucha la comunidad de Río Blanco.
Entre los años 2011 y 2014, se continuó con la aprobación de más proyectos hidroeléctricos en todo el territorio nacional. Según datos proporcionados por la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), al 2014 en el país se habían concesionado 76 ríos.
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Río Blanco
Unas 180 familias Lencas conforman el sector Río Blanco. Al igual que otras comunidades del departamento de Intibucá, viven en extrema pobreza, abandonados por los gobiernos.
Francisco Sánchez es habitante de la comunidad. Durante años ha sido fiel testigo de ese abandono, y desde el 2013 se sumaron las amenazas y hostigamientos por su rechazo a la concesión del río Gualcarque.
Don Francisco al igual que muchas familias ven en el río una fuente de vida, sus aguas son sagradas. Se irrespeta la voluntad de las comunidades al privatizar las aguas que han sido protegidas por sus ancestros. “La lucha es para que el río quede libre, sus aguas nos pertenecen, no están contaminadas. Queremos que la empresa DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima) salga de nuestros territorios porque está violando el convenio 169, vamos a seguir luchando para evitar que nos quiten el río por el que tanto luchó Berta”.
La concesión del río Gualcarque a la empresa DESA, que a su vez contrató a la empresa SINOHYDRO para la construcción del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, en una primera etapa, luego a COPRECA, en un segundo momento, dio inicio a una lucha heroica que aún no termina y que sólo tiene explicación en la fuerza ancestral Lenca, cimentada en una cosmovisión, esos dioses y diosas que habitan entre los bosques y sus ríos.
El trabajo por la defensa territorial que desarrolló la comunidad de Río Blanco fue haciendo difícil el avance de DESA en su pretensión de construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca. De allí se explica que una de las estrategias para detener a la comunidad, habría sido a través de la criminalización de la protesta social, personificados en las y los dirigentes del COPINH.
Para Asunción Martínez de la coordinación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copinh la lucha que ahora emprende Río Blanco tiene conexión con lo que pueda ocurrir en otras zonas de los departamentos de La Paz, Lempira e Intibucá, ya que puede ser un pito que busca activar las 51 concesiones hidroeléctricas que existen en las comunidades Lencas.
“Hemos dicho que seguiremos con la lucha, seguiremos dando vida al legado de Berta Isabel Cáceres Flores, cueste lo que cueste allí vamos a estar defendiendo los bienes naturales de la madre tierra, articulando esa solidaridad y lucha con las organizaciones del movimientos social en el mundo”, dijo Martínez.
La comunidad Río Blanco junto al COPINH demandan al Gobierno la conformación de una comisión de expertos internacionales, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que garantice la objetividad, imparcialidad y credibilidad en la investigación del asesinato de Berta Cáceres. Que el castigo se extienda a los autores intelectuales.
La demanda se extiende a la declaración al Gualcarque como un río sagrado y patrimonio cultural del pueblo indígena Lenca y que se cancele, de forma inmediata, su concesión para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, junto a la desmilitarización de la zona de Río Blanco, el cese de hostilidades, de criminalización, judicialización, y estigmatización contra el pueblo Lenca y el COPINH.
Lea el Informe Completo: Río Blanco: la reconstrucción histórica de la lucha por la defensa del Río Gualcarque.
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