Portando mantas, pancartas y gritando consignas personas de diversas edades dieron a conocer su descontento en contra de la venta de los territorios para la mineras, refinerías y las Zonas Especiales de Desarrollo (ciudades modelos), despojándoles así de los ríos, montañas, y todos los bienes naturales que le pertenecen a las comunidades.
La acción fue convocada por organizaciones sociales, campesinas y gremiales del Aguán y coincidieron el día miércoles en la ciudad Tocoa, Colón, donde desarrollaron una multitudinaria caminata “contra de los constantes abusos que está sufriendo el pueblo hondureño, que vive bajo un sistema de marginación y exclusión despedazando la débil economía de las familias más pobres y desposeídas del país”, indicaron en un manifiesto público leído al cierre de la actividad.
La caminata inició en la carretera CA-13 a la altura de la gasolinera ubicada en la salida de Tocoa, hacia Trujillo, donde la población gritaba “el pueblo unido, jamás será vencido”, “Con las ciudades modelos nos sacan de nuestro suelo” luego se avanzó hacia las instalaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) la cual ya tiene concesionado el 80% por capital colombiano, y las nuevas tarifas y sistema de medición serán otro golpe al pueblo.
La masiva marcha siguió hasta el hospital San Isidro, el cual está siendo privatizado dejando a miles de personas sin acceso a los servicios básicos de salud en la región. “Los pobres venimos al hospital y hay personas que no traen ni siquiera para pagar los 10 lempiras de consulta y sorpresivamente los medicamentos más caros no se encuentran en el hospital y deben de ir a comprarlos a la farmacia” lamentó Gladis García, quien labora en este centro asistencial.
Los altos costos de la canasta básica, y de la energía eléctrica afectan a la población en general. “Tenemos que volver a los candiles porque ya no vamos a poder pagar la luz, a nosotros no nos condonan nada pagamos todo lo que sale en el contador”, afirmó García.
“Nos toca salir a las calles a exigir nuestros derechos y nuestra libertad. El gobierno no está viendo las necesidad de nuestras mujeres, niños y hombres”, expresó Hilda Martel, del Movimiento Campesino de Rigores.
“La movilización se debe a tantos atropellos que hay en el pueblo, los proyectos de minería siguen en el Aguán, la privatización de la ENEE, el sector campesino que está pidiendo al Gobierno que se siente a dialogar y no hay respuesta. “Nosotros vamos a continuar en la lucha y aquí vamos a estar en las calles”, expresó Jaime Cabrera, presidente de la Plataforma Agraria del Aguán.
Actualmente solo en el Municipio de Tocoa hay 34 concesiones mineras que sumas 33 mil hectáreas de terrenos que han sido cedidas a las grandes empresas para la explotación, despojando así a los vecinos de las comunidades de sus territorios.
“Si el pueblo se levanta en contra de las decisiones del Gobierno yo sé que nosotros podemos lograr muchas cosas, hay que motivar al pueblo organizado y al que no está organizado porque el mal que nos está haciendo el Gobierno no es solo para el pueblo organizado es para todo el pueblo en general, tenemos que unirnos todos”, manifestó Iván Castro, presidente del Movimiento Unidos Lucharemos de Luzón Palmeras.
La concurrida marcha culminó frente al edificio de la Municipalidad de Tocoa, donde se leyó el pliego de peticiones y representantes de los diferentes sectores dieron a conocer su sentir y pensar sobre las demandas de las diferentes comunidades.
Violento desalojo a campesinos
El mismo miércoles antes de la movilización, más de 200 familias campesinas fueron desalojadas cuando se disponían a tomar posesión de varias hectáreas de tierra que están en poder del reconocido terrateniente, Reynaldo Canales.
Los desalojados pertenecen a la Empresa Asociativa Campesina Nuevo Ebenezer, articulada en la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, quienes pretendían poner en práctica el proceso de recuperación de las tierras de la Cooperativa Remolinos, ubicada en el municipio de Trujillo departamento de Colón.
La acción se originó a las 5:00 de la mañana, pero minutos después de estar en posesión, las familias campesinas fueron atacadas violentamente por los guardias de seguridad de Canales, según denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En el hecho violento resultaron heridas dos mujeres y dos menores de edad, entre ellas la defensora de los derechos humanos, Reina Mireya López (46) quien recibió un impacto de bala en la pierna derecha y fue atendida en el Hospital San Isidro, de la ciudad de La Ceiba, donde fue intervenida quirúrgicamente. Asimismo, Gregoria Hernández, que recibió golpes en diferentes partes del cuerpo; Yader Said Velásquez (9) meses, con golpes en el rostros y otro menor cuyo nombre no se precisó.
El desalojo de las familias campesinas fue denunciado por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, que mediante un comunicado detalló que en la acción se reprimió y violentó la dignidad e integridad física de campesinos y defensoras y defensores de los derechos humanos.
“Exigimos se castigue a los responsables de este acto brutal que limita la labor y ejercicio de las mujeres defensoras en la zona”, dice la misiva.
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