Recientemente la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), realizó un balance sobre las comunidades afectadas por la industria extractiva y megaproyectos en las comunidades garífunas. El estudio indica que casi el 90% de las comunidades garífunas están en el núcleo o cercanas a estos proyectos implementados desde el propio Estado Hondureño.
Honduras cuenta con 47 comunidades garífunas distribuidas en la zona atlántica, donde vive una población aproximada de 300,000 habitantes. Las comunidades están ubicadas en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Gracias a Dios e Islas de La Bahía.
El pueblo Garífuna de Honduras sufre una enorme presión destinada a despojarlo de su territorio ancestral e identidad cultural, producto de la ofensiva promovida por la élite de poder nacional e inversionistas extranjeros.
Hay comunidades afectadas por megaproyectos turísticos, como es el caso de la Bahía de Tela, donde se han construido grandes hoteles generando desplazamiento y persecución a las comunidades de Miami, Barra Vieja, San Juan, El Triunfo de la Cruz, y el caso de la bahía de Trujillo, en el departamento de Colón.
Pero no solamente la industria turística es la principal amenaza para las comunidades negras de Honduras, recientemente se conoció también que sectores como la Bahía de Trujillo, las comunidades cercanas a Cabo Camarón en Gracias a Dios se ven afectadas por la exploración petrolera para la instalación de destilerías o refinerías petroleras.
El balance realizado por la OFRANEH, señala que también existen comunidades afectadas por la minería; Cusuna, Punta Piedra, ambas en el departamento de Colón. Afectadas por las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE) en la Bahía de Trujillo, y la construcción de proyectos hidroeléctricos en las comunidades de Masca, Cortés, y Zambo Creek, Corozal en el departamento de Atlántida. Sin olvidar los monocultivos (Palma Africana) que afectan la mayor parte de las comunidades garífunas.
Es un amplio espectro de proyectos que se están impulsando a partir de la nueva política del Estado para la entrega de los territorios para la explotación y utilización inmisericorde de los bienes comunes de la naturaleza.
Consecuencias
Según Mirian Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, las consecuencias van desde la toma de decisiones de las municipalidades sin consultar a las comunidades, hasta generar división entre la población, persecución, criminalización, judicialización e incluso muertes contra líderes y lideresas que están haciendo trabajo para proteger los bienes comunes de la naturaleza.
Lucha
Frente a todo ese sombrío panorama, las comunidades mantienen un constante proceso de resistencia, impulsando asambleas, movilizaciones en defensa de la madre tierra.
La acción más reciente fue una caminata impulsada desde la iglesia católica en Trujillo, realizada el pasado sábado 1 de octubre, donde la población visibilizó su malestar ante la posible instalación de una refinería petrolera en esa importante bahía.
En el mes de septiembre, la justicia hondureña dio la razón a la comunidad de Barra Vieja, Tela, al dictar por segunda vez una sentencia absolutoria para líderes de la comunidad, por defender de las manos de grandes proyectos hoteleros, el territorio que ancestralmente les pertenece.
En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encontró al Estado de Honduras “internacionalmente responsable” por violación a varios derechos de la comunidad garífuna de El Triunfo de la Cruz, sin embargo hasta la fecha el Estado ha incumplido la sentencia de la Corte- IDH.
A pesar del proceso de expulsión, exclusión y discriminación, el pueblo garífuna se levanta de forma organizada en la defensa de su tierra y su cultura organizados para recuperar y defender su territorio y cultura.
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