Gran revuelo está causando en el país el traslado de privados de libertad considerados de alta peligrosidad por el gobierno de Juan Orlando Hernández. El traslado se realizó a la cárcel de máxima seguridad que abrió sus puertas hace unas semanas en el municipio de Ilama, Santa Bárbara.
El proceso ha sido seriamente criticado por organismos defensores de los Derechos Humanos que ven más allá de dichos traslados y de la construcción de más centros penales. Desde dichas organizaciones se denuncia la ausencia de medidas adecuadas de seguridad, supervisión y control interno de las cárceles de Honduras.
Pero el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, anunció la puesta en marcha de un plan de reforma. “La construcción del nuevo sistema carcelario va a requerir una nueva normativa, estamos preparando toda esta normativa para enviarla al Congreso y en lo que corresponda pasar por la autoridad del Congreso Nacional, lo haremos,” anunció JOH.
Estándares internacionales
En 2015 mediante un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo un llamado al Estado hondureño a implementar acciones que tengan un impacto real en la situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas de libertad. Esto incluye adecuar las condiciones de detención de los centros de reclusión a los estándares internaciones y adoptar acciones inmediatas, además de planes a mediado o largo plazo, para garantizar la vida y la integridad personal de las personas privadas de libertad.
“Esta es una problemática de larga data, más de 20 años de historia que se viene suscitando en diferentes momentos con altos niveles de violencia, hubo sentencias incluso condenatorias, recomendaciones planteadas por el sistema de Naciones Unidas en diferentes momentos, amparos emitidos por la sala constitucional, sentencias emitidas por la sala constitucional” manifestó Odalis Nájera, integrante del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, MNP-CONAPREV.
En abril de 2012 fue creada la Ley de Sistema Penitenciario, un instrumento que da vida al Instituto Nacional Penitenciario, INP. Esta legislación quitó de la Policía Nacional la administración de las cárceles y la cede al INP. Sin embargo han pasado cuatro años, y las cárceles están en manos de ahora de los militares.
Pero en el plan de reforma que propone el gobierno también incluye la preparación del nuevo recurso humano que debe tener. “Porque puede tener todas las mejores instalaciones una cárcel pero si el recurso humano nos falla, falla todo el sistema” manifestó el presidente.
“Los funcionarios del sistema penitenciario que están en esta cárcel del Pozo, como ustedes llaman, pasaron por un proceso de entrenamiento y un proceso de revisión de su hoja de vida y cuáles son sus amigos, sus parientes, pero también deben de pasar por un proceso periódico de pruebas de confianza” dijo Juan Orlando Hernández.
Privilegiar la rehabilitación
“El Estado debe recuperar la gobernabilidad al interior de los centros penales porque los que mandan al interior de los centros penales ha habido un desorden, un mercado persa, qué es lo que no se encuentra la interior y lo que menos hay es rehabilitación” dijo el coordinador general del Comité de Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado.
La abogada Odalis Nájera asegura que llegó el momento de tomar decisiones con el tema del sistema penitenciario en el país, porque prácticamente ha colapsado y se requiere que el Estado tome decisiones para aprobar una política penitenciaria que marque un rumbo.
“El sistema penitenciario prácticamente ya tocó fondo, y por haber tocado fondo ya es necesario y perentorio que a nivel del Estado se tomen decisiones de alto nivel” dijo Nájera.
Pero para Monseñor Rómulo Emiliani, obispo auxiliar de la Diócesis de San Pedro Sula, la gran reforma que hay que hacer es que sean centros donde se rehabiliten a los internos. “No existe en ningún presidio un sistema adecuado para rehabilitar, salvo lo que presenta la Iglesia Católica y también grupos evangélicos y algunas Ong´s que entran temporalmente, no hay un sistema de rehabilitación que funcione” aseguró Emiliani.
“Con la nueva modalidad de las nuevas penitenciarías que se piensa construir en el país, debe respetarse lo mínimo que son las reglas mínimas del sistema de Naciones Unidas en favor de los privados de libertad” dijo por su parte Hugo Maldonado.
Una visita al Pozo
Esta semana, varias organizaciones que defienden y promueven los Derechos Humanos hicieron una visita a la cárcel de máxima seguridad de reciente construcción bautizada como “El Pozo” en Ilama, Santa Bárbara.
“Hablamos con el 90% de los privados de libertad, anduvimos celda por celda, cada uno de ellos está en una celda de dos metros por dos metros, significa que en cuatro metros hay una camita que es lo único que tienen, pero lo que más les preocupa a ellos es no tener ninguna relación con sus vínculos familiares”, dijo Hugo Maldonado.
Por su parte, Orle Solís, integrante del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, MNP-CONAPREV, dijo que lo que encontraron en la cárcel de máxima seguridad es que cumple con los estándares internacionales en materia penitenciaria y que no se han violentado los derechos de los privados de libertad.
“Lo que sí hay es un grave problema por hacinamiento en las cárceles, situación que debe mover al gobierno a buscar soluciones inmediatas a fin de evitar tragedias” manifestó Solís.
Pero el presidente Juan Orlando Hernández manifiesta que el éxito del sistema penitenciario es tener al personal motivado y con buenos salarios. “El Estado de Honduras, a quiénes arriesgan su vida por el resto de nosotros llámese bomberos, llámese policías, llámese militares, llámese guardias u oficiales penitenciarios, debe remunerarlos de manera especial” finalizó JOH.
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