El Congreso Nacional aprobó la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos. Los congresistas, oficialistas y la mayoría de la oposición, aseguran que con la normativa enfrentarán la corrupción y el uso de dinero proveniente del narcotráfico y crimen organizado en los institutos políticos y campañas electorales.
“La clase política del país ha mostrado de manera contundente la voluntad que tienen de tener procesos políticos limpios, transparentes, sin sobresaltos”, dijo el nacionalista y presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
Pese a que más de la mitad de la bancada del Partido Anticorrupción (PAC) votó en contra, Oliva aseguró que existió “enorme capacidad” en las bancadas para crear consensos ante un tema que “todo mundo pensaba que iba a ser espinoso”.
Jacobo Domínguez, coordinador de la División Política Electoral de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), declara que la Ley de Fiscalización es un instrumento jurídico “adecuado para frenar los dineros tóxicos en las campañas”.
Jari Dixon Herrera, diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), señaló que, ante el escenario de no cumplimiento de la ley que vive Honduras, la legislación que regirá el financiamiento de las campañas electorales no se “cumplirá a totalidad”.
“Habrá que esperar quiénes van a ser esos comisionados, la Ley dice que no tienen que estar conectados a ningún partido político, yo digo que eso es falso, podrán siempre a representantes de los partidos tradicionales y al final la fiscalización será un espejismo”, considera Herrera.
Por su parte, José Alfredo Saavedra, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, aseguró que el proceso de selección de los comisionados se hará con trasparencia. “La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad está participando activamente en este proceso, eso significa que, además de ello, la sociedad civil debe participar en un acompañamiento que nos permita certificar que los candidatos o candidatas que entren al proceso y sean electos los mejores para alcanzar lo que la ley pretenden”.
Los estados financieros, balances, informes y notificaciones de registro de aportaciones a los partidos políticos y candidatos en campañas electorales deberán de presentarse a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, que será integrada por tres comisionados electos en el Congreso Nacional.
La ley establece que el financiamiento privado en el caso de las personas naturales es de un techo equivalente a 200 salarios mínimos, y para las personas jurídicas equivale a mil salarios mínimos. El límite para la campaña presidencial será de 396 millones de Lempiras.
La Ley no es una reforma electoral
La deuda política será fijada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), de acuerdo a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, y considerando la situación económica del país, el costo real de las campañas políticas y la actualización monetaria.
La diputada del PAC, Fátima Mena, apuntó que el gobierno nacionalista debe dejar en claro a la población hondureña que la aprobación de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos no es una reforma electoral.
“Esta es una ley en el marco del cumplimiento de un acuerdo internacional como lo es el convenio contra la corrupción y la impunidad firmado con la MACCIH, no queremos que en el futuro venga el partido de gobierno y que en algún reporte cuando se les exija por qué no hay reformas electorales quieran utilizar está ley como reformas”, dijo Mena.
La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos constaba de 79 artículos. Los artículos 11 y 31, que habían sido suspendidos debido a ambigüedades, fueron eliminados luego de una moción propuesta por el presidente del legislativo, Mauricio Oliva.
En la Ley se enumera que el Estado asignará al TSE recursos económicos suficientes para apoyar la verificación de las elecciones primarias de los partidos políticos.
Además, que los partidos políticos que participen por primera vez en un proceso electoral tendrán derecho al anticipo que establece la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.
La normativa deberá ser sancionada por el poder ejecutivo y entrará en vigencia hasta el proceso de elecciones generales de 2017.
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