"Me niego a que Honduras siga siendo destruida”, dijo con voz firme Miriam Miranda coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh, al momento de recibir el premio nacional “Carlos Escaleras”, un reconocimiento que se entregó la Fundación San Alonso Rodríguez, FSAR, el Centro de Derechos de Mujeres, CDM y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC.
El premio se entregó el mismo día que se cumplieron 19 años del crimen de Carlos Escaleras. Además el espacio sirvió para el lanzamiento de la campaña Defender sin Miedo: Tu vida, la mía, nuestra casa común.
Con el premio se busca rescatar la memoria histórica de uno de los más reconocidos líderes populares del país, Carlos Escaleras, asesinado hace 19 años en Tocoa, Colón, por su lucha contra la explotación de los bienes naturales y por la justicia social en las comunidades más empobrecidas de esta zona del Valle del Aguán.
De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sólo el año 2016 han sido asesinadas 8 personas defensoras de derechos humanos y bienes naturales en Honduras. Entre ellas la lideresa indígena Berta Cáceres, asesinada el pasado 02 de marzo en la ciudad de La Esperanza, Intibucá.
Según la organización británica Global Witness en la última década han sido asesinados 111 defensores y defensoras hondureñas. A pesar de estos datos, el gobierno de Honduras continúa promoviendo la minería como la única alternativa para desarrollar las comunidades.
Para los defensores y defensoras de la madre tierra la presencia de la industria extractiva, como la minería, hidroeléctricas, eólicas, han provocado la destrucción del ambiente, el desplazamiento de familias, criminalización, hostigamiento y persecución contra líderes comunitarios. Hechos criminales que no sólo afectan las garantías básicas de cada persona, sino que también socavan el papel fundamental que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la construcción de una sociedad más equitativa, justa y democrática.
“Ante esto es necesario unir esfuerzos para defender a quienes defienden la madre tierra”, dijo Juana Esquivel de la Fundación San Alonso Rodríguez referente de la campaña “Defender sin miedo”. Juana dice que los principales enemigos de las personas que hacen defensoría son los gobiernos locales y los diputados, que se unen para beneficiar a las empresas privadas con grandes negocios a costa de los bienes naturales de las comunidades. “La apuesta de esta campaña es sensibilizar a la población y las autoridades sobre la difícil situación de los defensores y las defensoras”, agregó Esquivel.
"Me niego a que Honduras siga siendo destruida” Miriam Miranda
En la primera edición del premio nacional “Carlos Escaleras”, se reconoció la labor en defensa de los bienes naturales y los territorios de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh, especialmente de su lideresa Miriam Miranda. “Este reconocimiento es compartido como debe ser la lucha”, dijo Miriam quien lleva más de 30 años de organización y lucha en defensa de su territorio ancestral.
Miriam es defensora de los derechos territoriales, ambientales, culturales y económicos del pueblo Garífuna. Contribuyó a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera sentencias en beneficio de dos comunidades Garífunas (Triunfo de la Cruz y Punta Piedra). La primera sobre el consentimiento previo, libre e informado y la segunda sobre el respeto a la propiedad colectiva ancestral territorial de los pueblos indígenas.
Desde Ofraneh se contribuyó con la elaboración de la Declaración de la Organización de Estados Americanos sobre pueblos indígenas y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además han contribuido a la creación de la Organización de Mujeres Miskitas (MIMAT) y del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras.
A pesar que Miriam cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido víctima de secuestro, ataques de la Policía Nacional, encarcelamiento y juicio por sedición, allanamiento de su hogar de parte de fuerzas de seguridad estatal y amenazas a muerte.
Durante el lanzamiento de la campaña “Defender sin miedo”, también se reconoció a Consuelo Castillo, campesina y defensora del derecho a la tierra en el Valle del Aguán. Ella, es integrante del Observatorio Permanente de Derechos Humanos en y del Foro de Mujeres por la Vida. Ha realizado acciones de incidencia y de denuncias sobre violaciones a derechos humanos.
También a Kevin Ramírez, defensor de los ríos en Quimistán, Santa Bárbara. Kevin, lideró las acciones que permitieron detener las operaciones de la Empresa Hidroeléctrica en la comunidad Paso Viejo. Desde 2012, él y su familia han recibido innumerables amenazas, agresiones y hostigamientos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha otorgado medidas cautelares, pero las amenazas continúan.
A Gaspar Sánchez, joven indígena lenca que se unió a la lucha de las comunidades Lencas organizadas en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copinh, cuando tenía apenas 10 años de edad (2003). Gaspar es defensor de los territorios y la diversidad sexual. Ha recibido agresiones verbales y físicas, amenazas y detenciones ilegales por oponerse a megaproyectos extractivistas y por su orientación sexual.
Gaspar ha denunciado que las amenazas y hostigamiento hacia los miembros del Copinh, se han agudizado a siete meses del asesinato de su lideresa Berta Cáceres Flores. Recientemente, Tomás Gómez y Alexis García fueron víctimas de un atentado criminal. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre cuando un desconocido atacó con arma de fuego el vehículo en el que se movilizaba Tomás. Mientras que el atentado en contra de García se produjo en su casa de habitación.
“Los policías y militares en nuestras comunidades parecen empleados de la empresa DESA”, dice el defensor Lenca afirmando que los entes de seguridad del Estado lejos de proteger la vida las personas se han convertido en empleados de la empresa Desarrollo Energéticos S.A. DESA.
Otro reconocimiento que se dio fue a Juan Antonio Mejía, catedrático universitario con estudios en pedagogía, filosofía, ecología e ingeniería agronómica y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Juan, lleva 34 años apoyando a pueblos indígenas, especialmente al pueblo Tolupán. Ha liderado diversos estudios e informes sobre violaciones de los derechos humanos de poblaciones indígenas.
Además se reconoció el trabajo de Leana Corea, fundadora del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA). Ella ha fomentado la necesidad de ejercer soberanía popular en los territorios desde la resistencia a la instalación de proyectos extractivos y de la promoción de los derechos humanos.
Leana ha denunciado que con la implantación de las Ciudades Modelo en la zona sur y la entrega del territorio para la extracción minera, el gobierno central ha creado una bomba de tiempo en las comunidades. “Vemos como poco a poco se ha ido criminalizando a las personas que se oponen a estos proyectos”, agrega Leana, afirmando que a pesar de la criminalización las personas no están dispuestas a entregar sus territorios para que sean explotados.
Un Estado que no cumple
El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, presentaron el caso de Carlos Escaleras a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusando al Estado hondureño por retardo en la aplicación de la justicia, y sobre todo por permitir el entorpecimiento descarado de los procesos judiciales por los poderes políticos y económicos.
Después de más de una década, el Estado hondureño asumió la responsabilidad en ese retardo de justicia, en las investigaciones y en todo lo relacionado con la impunidad en el enjuiciamiento de su caso. El Estado asumió varios compromisos que está obligado asumir.
Martha Alvarenga compañera de vida de Carlos, recuerda a su esposo como un gran líder, un hombre firme en la lucha y sensible ante el dolor humano. Ella junto a sus hijos continúa exigiendo al Estado hondureño el cumplimiento total de la sentencia en el caso de su compañero. “El Estado debe respetar la vida de las personas que están defendiendo la tierra”, dijo doña Martha convencida que Carlos continúa animando a hombres y mujeres en el difícil pero no imposible trabajo de defender sin miedo la madre tierra.
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