Entrevista abogada Marcia Aguiluz, Cejil
Ante los graves niveles de impunidad que generan desesperanzas entre la población golpeada en sus derechos humanos, la abogada Marcia Aguiluz, directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, manifiesta que para acabar con la impunidad se necesita tener una independencia judicial.
“Todos y todas queremos, si tenemos un determinado problema y tenemos que acudir a la justicia, que nuestros casos sean conocidos y fallados por jueces y juezas independientes. No es que se busque un privilegio, no es que los jueces y juezas sean intocables, pero queremos que los jueces nos juzguen de conformidad con la ley, con las obligaciones internacionales, que nos juzguen sin que haya terceras personas que les estén diciendo cómo deben de fallar” dijo Aguiluz.
Radio Progreso (RP) dialogó con Marcia Aguiluz (MA) sobre temas como la justicia hondureña, impunidad y Derechos Humanos.
RP. ¿Cómo ve Cejil lo que está pasando en Honduras?
MA. Honduras viene desde hace un buen rato con serios problemas en temas vinculados con Derechos Humanos. Y en los últimos años hay algunas tendencias que también observamos con preocupación. Una de ellas la militarización; que es una característica de este gobierno ante cualquier situación de crisis, o a veces ni siquiera hace falta la crisis, buscan poner los militares los al frente de la seguridad pública, de los centros penitenciarios. Entonces hay un tema de militarización que parece que no se ha superado y que lejos de eso más bien se ha profundizado.
RP. ¿Qué otras preocupaciones tiene Cejil?
MA. Algunas discusiones que están llevando a cabo en estos momentos que nos sorprenden y nos preocupan como el Código Penal, que es algo que debería interesar a toda la población porque se están definiendo allí tipos penales, ósea por qué razón las personas podrían ser enviadas a prisión, y de la información que tenemos hay unos tipos penales que sería regresivos, por ejemplo sancionar la protesta social. Hay que ponerle atención al tema del Código Penal.
RP. ¿Cómo ven la situación de los defensores y defensoras de Derechos Humanos?
MA. Siguen estando en riesgo. Es cierto que en Honduras se aprobó el año pasado una ley para proteger a los defensores y defensoras, también a los periodistas, a los abogados y operadores de la justicia, ésta ley apenas está entrando en vigencia y la implementación hasta el momento no es la adecuada.
RP. ¿Por qué es importante la independencia judicial?
MA. Todos y todas queremos, si tenemos un determinado problema y tenemos que acudir a la justicia, que nuestros casos sean conocidos y fallados por jueces y juezas independientes. No es que se busque un privilegio, no es que los jueces y juezas sean intocables, pero queremos que los jueces nos juzguen de conformidad con la ley, con las obligaciones internacionales, que nos juzguen sin que haya terceras personas que les estén diciendo cómo deben de fallar.
RP. ¿Qué caracteriza una independencia judicial?
MA. Hay varias cosas. Por una parte que haya una ley de carrera judicial, que existan concursos para que entren al poder judicial las mejores personas. Que hayan reglas claras de cómo estas personas van a ascender, pero también que hayan reglas claras de cómo se les va a sancionar. El poder judicial debe tener un adecuado presupuesto para que no esté mendigando recursos al poder ejecutivo. También el tema de la elección de la Corte Suprema, si la cabeza no tiene conciencia y no es independiente es muy difícil esperar esa independencia de otros jueces y juezas.
RP. ¿Qué opina usted del fallido Consejo de la Judicatura que organizaciones como ustedes presionaron y apoyaron para su creación?
MA. Era un logro que había hecho Honduras desde hace dos años. Separar las funciones administrativas de las judiciales, tener un consejo que fuera el encargado de administrar el poder judicial, pues eso también fue un fracaso. El Consejo de la Judicatura, los jerarcas, tienen denuncias hechas por serios actos de corrupción.
RP. ¿Por qué, cree usted, la Corte acabó con ese Consejo?
MA. La Sala Constitucional se trae abajo toda la legislación pero no para mejorar, se trae abajo lo poquito que estaba bueno y también lo que estaba muy malo, pero le da más poder a la Corte Suprema de justicia y al presidente de la Corte para que ahora sea el presidente de esa Corte la persona que pueda nombrar y despedir jueces a su antojo. Eso es muy serio, porque si los jueces y juezas temen que una decisión suya les vaya acarrear un despido por supuesto que van a fallar siempre de acuerdo con lo que piensen las personas poderosas.
RP. ¿Qué responsabilidad asume la sociedad civil en el fracaso del Consejo de la Judicatura?
MA. El problema es que cada vez que vienen las elecciones de la Corte Suprema o cuando hubo el Consejo de la Judicatura, muy poca gente se interesa por esas elecciones. Entonces sienten que están nombrando a algunas personas allá en Tegucigalpa y que quién sea que quede no le va a afectar en su cotidianidad. Y allí es donde la sociedad civil debe ser muchísimo más vehemente, estratega, en involucrarse en esos procesos, en denunciar. Pero no solamente la sociedad civil organizada sino también el ciudadano de a pie, la mujer de a pie que tiene que interesarle, que esas personas que están en Tegucigalpa que se llaman magistrados y magistradas, eventualmente pueden conocer su caso por lo tanto tienen que ser las mejores personas.
RP. ¿Cuál es el mensaje principal de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH en el caso López Lone y otros?, referido al despido de tres jueces y magistrada en el marco del golpe de Estado.
MA. El mensaje para Honduras es claro: éstas personas que se atrevieron a destituir arbitrariamente a los jueces tienen que tener una consecuencia, actuaron mal, la Corte retoma y dice, la Corte Suprema de Justicia en Honduras actuó indebidamente, y por eso ordena la restitución, no solamente porque estos jueces tienen derecho a volver a su trabajo sino porque es un mensaje para que éstas personas que están en el poder entiendan que sus actuaciones tienen consecuencias y que no se va a permitir la arbitrariedad.
RP. ¿Por qué el gobierno incumple la sentencia de la CorteIDH?
MA. Yo creo que es una falta de voluntad. Me parece que Honduras está obligado a hacerlo. Justo interpusieron un recurso de interpretación que no es un recurso de apelación, porque las sentencias de la CorteIDH son inapelables, y la Corte hace un poco más de un mes dijo que esto no procede y la sentencia se queda tal cual. Algunas autoridades hondureñas han dicho que sí van a cumplir, pero ha pasado un año y ni han contactado a estos tres jueces y la magistrada.
RP. ¿Y a qué se expone el Estado al no cumplir?
MA. En el derecho internacional, si el Estado de Honduras no cumpliera pues nosotros pensamos solicitar a CorteIDH una audiencia de cumplimiento donde se convoque de nuevo a Honduras para que explique a la Corte por qué razón no está cumpliendo la sentencia. Pero en caso de que se rehusara a reintegrarlos en sus cargos podría conocerse el caso en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA.
RP. ¿Cómo valora usted los niveles de impunidad que reinan en Honduras?
MA. Eso es preocupante porque seguimos con cifras elevadísimas de impunidad. El Ministerio Público no ha demostrado tener capacidad para ser diligente en las investigaciones. El caso más emblemático es el de Berta Cáceres, donde hay algunas personas detenidas pero hasta el momento estamos esperando que se investigue a la autoría intelectual, no solamente a quiénes ejecutaron “el gatillo” sino quiénes pagaron por ese asesinato.
RP. A propósito, ¿cómo valoran ustedes el caso de Berta Cáceres?
MA. Para nosotros fue un momento muy doloroso. Conocíamos a Berta, la acompañamos también antes de su asesinato, era beneficiaria de medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese era un asesinato que se pudo haber evitado si el Estado se hubiera tomado en serio las amenazas.
RP. ¿Este caso va camino a la impunidad?
MA. No podemos tolerar la impunidad en este caso. Es tan grande lo que ha ocurrido que definitivamente vamos hacer todo lo posible desde nuestro campo de trabajo para que este caso no quede impune. Por supuesto que es un caso con mucho impacto a nivel nacional e internacional.
RP. Pero el acecho, las amenazas, los hostigamientos, las intimidaciones en contra de los miembros del Copinh siguen.
MA. Ese es otro tema de preocupación. Justo hace unos días el Copinh denunció disparos contra dos de sus integrantes. Sigue la persecución para una organización que lo que ha hecho es defender su territorio, su cultura, y el Estado sigue con hostilidades hacia ellos, y particularmente sin protegerlos.
RP. ¿Cómo valora usted la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Maccih?
MA. Yo creo que genera muchas expectativas. El proceso de creación no fue el idóneo, hubo sectores de la población que estaban reclamando por otra cosa y no fueron necesariamente escuchadas. Sin embargo la propuesta que se hace tiene elementos importantes que podrían, si funcionan, incidir en una mejor administración de la justicia.
RP. ¿Cuál sería la clave de éxito para la Maccih?
MA. Tiene que haber voluntad del Estado, ese sería el principal reto. Cómo quebrar ciertos nudos dentro de la institucionalidad para que el Estado coopere y se deje ayudar. Por otra parte la Maccih tiene que tener una estructura fuerte, contar con un equipo profesional de los más altos estándares para que pueda entender la dinámica hondureña y pueda aportar y trasladar capacidad. Y por otra parte, que la sociedad tiene un rol fundamental. La sociedad tiene que interesarse mucho y también exigir rendición de cuentas.
RP. ¿Qué mensaje envía al pueblo hondureño?
MA. Es un pueblo tremendamente inspirador. Hay tanta gente en Honduras trabajadora, optimista. Lamentablemente hay un contexto muy complejo en el país pero creo que hay que apelar a esa bondad, a ese optimismo y a ese deseo de superar estas cosas para tratar de enfrentarse a estos nudos que hay. Estar informados es un primer paso, exigiendo rendición de cuentas y si es posible hasta participando, hasta participando en política. La gente buena tiene que meterse a los puestos de toma de decisión para desplazar a la gente que no es tan buena.
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