Hoy el país se encuentra con gran expectativa, esperando el inicio de la implementación de los Acuerdos de La Habana, sin embargo, es válido interrogarnos por el impacto real de dichos acuerdos en la cotidianidad del pueblo colombiano y es ahí donde nos estrellamos con un sin número de paradojas e incertidumbres que revelan otras intenciones del régimen y una vez más queda en duda su voluntad de paz y de alcanzar una solución política.
La moneda de la paz evidencia grandes contrasentidos, pues no hay correspondencia de la cara que se anuncia con los Acuerdos de La Habana y la cara espantosa de la realidad colombiana.
Siendo el Estado el responsable de masacrar y desplazar para luego legalizar territorios y entregarlos a los terratenientes y al interés extranjero, además de montar el paramilitarismo y financiarlo con el narcotráfico, es inadmisible que fruto de unos acuerdos entre partes iguales, ahora el Estado resulte exculpado de sus responsabilidades en el genocidio y la insurgencia sea mostrada como la causante de los males históricos del país. Si bien se acordó la creación de una comisión histórica de la verdad, ésta nunca logró ponerse de acuerdo y emitir veredictos sobre las responsabilidades de cada parte.
Se deja impune el terrorismo de Estado, aun cuando la misma ONU en uno de sus informes responsabilizó al Estado colombiano de causar el 80 por ciento de la violencia en el conflicto armado, ya sea por sus operativos militares de tierra arrasada, o por la guerra sucia encubierta, o por el exterminio social encomendado al paramilitarismo. Mientras la insurgencia ha causado el 20 por ciento, resistiendo ante dicha criminalidad estatal e intentando frenar la violencia en contra de las comunidades.
Sin cambiar nada, ahora se evaporan las causas que originan el conflicto social y el alzamiento armado, muestra de ello es que para los negociadores del gobierno, la rebelión sigue estando tipificada como un delito y no como un derecho ante la violencia impuesta de los poderosos. Sin importar que solamente el hecho de iniciar una negociación con la insurgencia, de manera implícita es reconocer su legitimidad como un contradictor político beligerante.
Esta ambigüedad en el concepto y tratamiento del derecho a la rebelión, permite que el Estado manipule la opinión pública, presentando que el gran logro del proceso de paz es quitarle las armas a una guerrilla que perdió sus fines políticos y eludiendo el debate de ideas que permita consensuar un nuevo pacto social.
En el tema de tierras sigue la ambivalencia, por un lado se pacta en la Habana las intenciones de adelantar una Reforma Rural Integral, pero la realidad nos muestra las verdaderas intensiones del gobierno de Santos con la reglamentación de la ley de Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social), que plantea extender el latifundio en zonas apartadas de los centros urbanos para ser explotados por manos privadas nacionales o extranjeras, con zonas francas para no pagar impuestos.
Las Zidres son auspiciadas por el Ministerio de Agricultura, que es el mismo que dispondrá de las tierras para el ¿Fondo de Tierras? previsto en el Acuerdo de La Habana, dando prioridad a la asignación de tierras a las empresas privadas, desconociendo a los campesinos. Así mismo, a sangre y fuego se sigue impidiendo el retorno de los campesinos desterrados. De manera que las instituciones y las leyes siguen siendo pensadas bajo los intereses del capital y con el fin de perpetuar el saqueo y la explotación.
Se anunció con gran fervor el acuerdo sobre participación política y garantías para la oposición, y una vez más el régimen juega en contravía de lo prometido y previniendo el aumento de la conflictividad popular y la protesta social, Santos arremete con duros golpes, primero con anuncios sobre el aumento del pie de fuerza y mayor presupuesto para el escuadrón de la muerte Esmad, acto seguido las luchas de campesinos, indígenas, negros, estudiantes, jóvenes y demás sectores sociales son reprimidas de forma cruel bajo un tratamiento de guerra que les permite la ley de seguridad ciudadana.
Sumado a esto se sanciona el nuevo código de policía que impide el libre ejercicio de la movilización, la protesta social y restringe las libertades civiles. Los últimos avances de las fuerzas militares y su nueva doctrina de guerra junto con la vinculación de Colombia a la OTAN, dejan claro que la paz está muy lejana. El Estado excluyente y militarista se fortalece y no existen garantías para la oposición política, así le otorguen, temporalmente, unos pocos escaños parlamentarios a los exguerrilleros desarmados.
Otra concesión que se le hace al Estado, se da frente a los incumplimientos de los acuerdos, dado que se establecen drásticas sanciones penales para los desmovilizados, pero no queda ninguna cláusula que penalice al Estado si incumple. Para la muestra, tenemos que 17 días después de la firma del cese el fuego bilateral y definitivo, el ejército colombiano lo violó, pero ningún mando resultó responsable o sancionado. Luego de que las FARC dejen las armas por completo, muy seguramente los incumplimientos de los gobiernos de turnos no serán castigados por la ONU. Pasará lo mismo que sucede en Ruanda, Israel, Palestina, Siria, Libia y demás países donde la impunidad, el incumplimiento y la falta de seriedad de los Estados campea sin Dios ni ley.
Con lo dicho anteriormente, el régimen está interrogado en su voluntad de cumplir y si la tuviera está limitado para hacerlo, pues la característica histórica de esta oligarquía siempre ha sido el servilismo a los intereses del imperialismo y el capital extranjero.
Con la serie de Tratados de Libre Comercio; con el consenso de Washington, las imposiciones de la OCDE, el FMI o el BM; con el acuerdo militar del 2009, donde toda Colombia queda a disposición de los Estados Unidos, instalando 7 bases militares gringas ilegales en nuestro territorio; con el acuerdo de cooperar con la OTAN; el gobierno nacional queda limitado para cumplir lo pactado en La Habana.
Pareciera que la paz de Colombia queda al golpe de suerte de una moneda que se lanza al aire y el poder mediático crea la ilusión que la moneda va a caer favorable al pueblo, pero la oligarquía, que es la dueña de la moneda, no le apuesta al azar, sino que se asegura de ganar siempre y por eso la moneda tiene su misma cara por ambos lados.
La realidad colombiana, como una moneda, tiene dos caras, la del poder oligárquico, que pregona la paz sólo como el desarme de la guerrilla, mientras mantiene todos sus privilegios, y, la cara del pueblo que lucha por empoderarse, construyendo la paz con transformaciones estructurales de la sociedad y el Estado, que permitan la dignidad, la soberanía, la equidad y la felicidad para todas y todos.
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