Con el primer debate se inició la discusión en el Congreso Nacional de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos.
En el primer debate se aprobaron 42 artículos, con la misma buscan enfrentar la corrupción y el uso ilícito del dinero proveniente del narcotráfico y crimen organizado. La Ley prohíbe las donaciones anónimas, regula las contribuciones en efectivo y establece fuertes sanciones como la disolución de los partidos políticos, entre otras.
Según el diputado nacionalista, Antonio Cesar Callejas, la Ley establece dos techos diferentes. Primero un techo a las aportaciones; quien aporta siendo una persona natural o jurídica no puede dar más de cierta cantidad de dinero a un nivel electivo, en ese caso la persona natural no puede dar más de un millón de Lempiras, y la jurídica entre 4 o 5 millones.
El segundo techo es para los gastos de campaña, el mismo varía de acuerdo al censo electoral de la comunidad.
Por otra parte a criterio del diputado del Partido Anticorrupción (PAC), Samuel Reyes, los techos que estable el proyecto de ley no están de acuerdo con la realidad económica que vive el país.
“Se habla de la creación de un nuevo fondo para financiar partidos políticos, no es posible que se le dé recursos del Estado a partidos que no tienen mucha representatividad, es una vergüenza que se financien los mismos porque a la hora de la hora sólo sirven como partidos bisagra para hacerles favores al partido de gobierno”, expresa el congresista.
La diputada del Partido Innovación y Unidad, PINU, Doris Gutiérrez, critica la falta de sanciones para los partidos y candidatos que no respeten los techos establecidos en la Ley. Doris Gutiérrez también exige la derogación de la Ley de Secretos Oficiales y la Ley de Canje Publicitario, porque considera que con esas normativas no se puede hablar de transparencia.
“Consideramos que eso se presta para muchos actos de corrupción, es un acto de inmoralidad”, argumenta la diputada.
De acuerdo con la comisión electoral del Congreso Nacional, la nueva Ley implica la creación de la unidad de fiscalización que tendrá como objetivo investigar y sancionar a los partidos políticos.
En ese sentido, Aracely Leyva, diputada por el Partido Liberal, expresa que es necesario que la unidad se desarrolle bajo las recomendaciones realizadas por la Misión de Apoyo Contra La Corrupción e Impunidad en Honduras, MACCIH.
La ley es de orden público, de observancia general y obligatoria y su objetivo es establecer las normas relativas al sistema de financiamiento, transparencia y fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos de los partidos políticos y movimientos internos, sus candidatos y candidatas y candidaturas independientes.
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