Por Sandra Rodríguez
El dirigente indígena Lenca, Víctor Vásquez, denunció que la semana pasada fue víctima de un ataque de parte de un juez de paz, en la comunidad de Simpinula, Santa María, La Paz, quien lo amenazó con un machete, por reclamarle debido a la tala de árboles en la localidad.
En Simpinula hay un Consejo Indígena que forma parte del Movimiento Indígena Lenca de La Paz- Honduras, MILPAH, donde varios de sus dirigentes son constantemente amenazados por oponerse a los proyectos extractivos, hidroeléctricos y catastrales que afectan el territorio del pueblo originario.
Por lo que en Simpinula han organizado un grupo de seguridad que cuida la entrada de la comunidad, donde el pueblo indígena tiene sus siembros, así mismo velan para conservar el bosque.
El 6 de septiembre, cerca de las 6:30 de la tarde, a Víctor le correspondía hacer turno de vigilancia, en eso pasó el señor Donaldo Gutiérrez, quien es “mandadero del alcalde” Gabino Argueta, expresó el líder campesino.
Argueta iba acompañado de su esposa, ambos son vecinos de la comunidad, y él funge como auxiliar o juez de paz, una figura que representa al alcalde municipal y tiene algunas funciones edilicias de manera local.
Víctor Vásquez, es el presidente del Consejo Indígena de Simpinula, ha recibido intimidaciones y amenazas a muerte de manera reiterada, al igual que otros dirigentes, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares el 24 de noviembre de 2015 en favor de al menos 12 miembros del Consejo Indígena de San Isidro Labrador y del MILPAH.
Cuando Argueta pasó por la zona vigilada, Víctor le dijo que deje de talar árboles, porque se han dado cuenta que están cortando pinos en el terreno que además está en litigio. Por lo que los indígenas organizados no permitirán el descombro, pese a que hay alguno pinos afectados por la plaga gorgojo, solo cortan una parte afectada pero sacan más madera.
En ese momento el auxiliar de paz, se le lazó al dirigente campesino, haciendo el ademan que lo iba atacar con una colima (machete), en eso lo detuvieron otros compañeros que formaban parte del grupo de vigilancia.
Entonces la esposa de Argueta, le lanzó una piedra a Víctor, lastimándole el brazo derecho, al calmar la situación, la pareja continuó su camino hacia la comunidad.
Víctor Vásquez fue a interponer la denuncia en Dirección Policial de Investigación, DPI, de Marcala, La Paz, donde le dijeron que van a investigar los hechos, sin embargo la confianza en el sistema judicial hondureño, no es una garantía de respeto a los derechos humanos de los pueblos originarios, expresó Vásquez.
Asimismo el representante del Consejo Indígena, aseguró que ellos no buscan enemistades con nadie, mucho menos si son personas de la comunidad, solo exigen que se respeten sus derechos, que ya están establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre los pueblo Indígenas y Tribales.
A los indígenas defensores de los bienes comunes, los llamas “usurpadores” y el alcalde dice que los títulos ancestrales o comunitarios no tienen valor, sin embargo los indígenas Lencas, aseguran poseer un título comunitario de Simpinula.
La Corte Interamericana ha insistido en que “los Estados deben respetar la especial relación que los miembros de los pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio a modo de garantizar su supervivencia social, cultural y económica”.
Sin embargo, a la comunidad indígena se le margina o se le engaña llevándole una bolsa de alimentos valorada en cien lempiras, porque una “bolsa solidaria” que es parte del programa gubernamental “Vida Mejor”, valorada en trescientos lempiras, se divide entre tres personas, y que sean afines al gobierno, ha denunciado la dirigencia de MILPAH.
Además, los proyectos de desarrollo, sin previa consulta son ejecutados por personas con poder político coludidos con las autoridades municipales y poderes fácticos gubernamentales, denunciaron.
A Víctor se le notificó que la Fiscalía de las Etnias solicitó Medidas Cautelares para el cuidado de su persona, por lo que en la policía de Marcala, hay un cuaderno exclusivo para registrar sus incidentes. MILPAH ha manifestado la necesidad de que exista una oficina de esta Fiscalía en la zona, pues solo existe en Tegucigalpa, y no es fácil ni barato viajara hasta la capital pata realizar trámites de su competencia.
La situación es preocupante de forma generalizada, pues solo en el 2015 se denunció el asesinato de más de 20 indígenas lencas en el departamento de La Paz, y muchos son criminalizados desde las autoridades locales, hay indígenas presos o con medidas sustitutivas acusados de usurpadores de la tierra donde viven desde hace muchas generaciones.
Más de cinco mil campesinos e indígenas tienen procesos judiciales acusados de usurpación de tierras, Incluso niños y niñas de seis a trece años deben ir a firmar a los juzgados, denunció la semana pasada la dirigente campesina Yazmin López. Al menos 12 defensores del derecho a la tierra guardan prisión a nivel nacional; y el departamento de La Paz, desde el año pasado ha reportado mayores incidentes hasta de abortos provocados por los desalojos o encarcelamientos.
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