martes, 13 de enero de 2015

Negligencia que mata: El sistema penitenciario duerme y asesinos en serie se fugan y siguen matando


Revistazo 

Olman Ariel Laínez Arias, alias Pechuga [izquierda], quien formaba parte de una banda dedicada a matar niños fue sentenciado en el 2007 por el asesinato de Eduardo Enrique Banegas alias Sardina [centro]. En marzo del presente año se fugó de la Penitenciaria Nacional, convirtiéndose en uno más de la procesión de reos que constantemente burlan de la seguridad porosa del sistema penitenciario hondureño. Según la policía de investigación habría asesinado a por lo menos cinco personas tras fugarse. Mientras tanto, las máximas autoridades del Instituto Penitenciario como ser Santos Simeón Flores [derecha] ni se han tomado la molestia de iniciar el proceso para su recaptura. 

La lluviosa y oscura noche del domingo 11 de septiembre 2005, la música sonaba en una pequeña casa del sector 17 de septiembre de la colonia de Nueva Suyapa de Tegucigalpa. El cumpleaños de una niña se había convertido en pequeño carnaval. Las bebidas alcohólicas fluyeron y los invitados disfrutaban la celebración en la sala del humilde hogar, convertido en pista de baile.

Eduardo Enrique (Sardina)

Eduardo Enrique, un niño de 14 años, de contextura delgada, observaba sentado en un rincón mientras tomaba una cerveza, tal como si fuera una persona adulta. En su comunidad el muchacho era conocido como Sardina, a su lado habían otros jóvenes, supuestamente vinculados a la pandilla de Los Puchos, una agrupación dedicada a delinquir en la colonia Suyapa.

El ambiente era atractivo y a la fiesta llegó todo tipo de personas, en otra parte de la casa, Nelson Hernández, Olman Ariel Laínez Arias alias Pechuga y otros miembros de la banda de Los Encapuchados observaban detenidamente a Sardina y a sus amigos y susurraban entre ellos como planificando el crimen.

El líder de la banda de Los Encapuchados, es Nelson Hernández, un desalmado criminal, que antes de organizar esta agrupación delictiva formó parte del Ejército Nacional y se desertó del Primer Batallón de Infantería llevándose de la unidad militar indumentaria y armas. En Nueva Suyapa se escuchaba que Los Encapuchados realizaban limpieza social en toda la colonia.

Nelson Hernández, líder de la banda de Los Encapuchados.

Era la medianoche y de repente Sardina quedó solo, la bebida había mermado sus capacidades y esta situación fue aprovechada por Pechuga y demás miembros de Los Encapuchados, lo agarraron y lo llevaron a un callejón oscuro que conduce al campo de futbol de la zona. Cuarenta minutos después sus captores regresaron a la fiesta con evidencias de nerviosismo y con ganas de seguir bebiendo.    

En la mañana siguiente, los primeros rayos del sol iluminaron un cadáver que se encontraba tirado como trapo. Ese era Sardina, el adolescente que horas antes había sido sacado de la fiesta de arrastra, empujado por Pechuga, Nelson Hernández y sus compañeros de banda. Nueva Suyapa se alarmó, pues ya eran varios los niños que habían aparecido muertos de la mima forma.

Sardina es uno más de los niños exterminados fríamente por Nelson, Pechuga y demás integrantes de la pandilla.

De la misma forma en que mataron a Sardina, miembros de los Encapuchados incluyendo a El Chino, El Bellaco y Evelio, entre otros, agarraron a Dayron Martínez, alias El Gárgola, un niño que en febrero de 2008 se encontraba en una pulpería del sector Flores de Oriente, mientras se tomaba un refresco. Lo llevaron a un barranco y lo mataron a patadas, con piedras y apuñaladas en la barriga.

También asesinaron a Erlin Antonio Escalante, alias El Moti, de 11 años de edad. A este niño lo sacaron de una pulpería, lo ataron de sus manos y lo condujeron a través de un campo de futbol lleno de personas, metros más adelante lo ejecutaron con un disparo en la cabeza.

Erlin Antonio Escalante, alias El Moti. Lo ejecutaron con un disparo en la cabeza.

Ramiro Escalante, primo de Erlin Escalante, lo ejecutaron por haber sido testigo de un crimen.

Meses después también mataron a Ramiro Escalante, primo de Erlin, a él lo ejecutaron por haber sido testigo del crimen contra Gárgola. Otro asesinato atribuido a la banda de Los Encapuchados, es el de José Alexander Trujillo, alias Arañita.

Sin embargo, Nelson, Pechuga, y sus compinches no se salieron con la suya. Una exhaustiva investigación realizada por las autoridades y que se apoyaba en las declaraciones de varios testigos valientes que pusieron en riesgo su vida para colaborar, resultó en la captura y sentencia en el 2007, de casi toda la banda. La Unidad de Muerte de Menores, adscrito a la Fiscalía de la Niñez, celebró el caso como uno de sus principales logros.

A los hechores de estos crímenes emblemáticos, espeluznantes, repugnantes, las autoridades penitenciarias dieron toda la importancia que dan a todo reo: o sea, prácticamente ninguna. Por eso, hoy en día, en este momento, Pechuga anda libre. Si usted lector está en Tegucigalpa, de repente este asesino de niños pudría  estar sentado en una banca o comprando un churro en una pulpería a la par suya. Dicen que desde que se fugó de la cárcel en marzo de 2014, ha matado a por lo menos cinco personas. Tal vez en este mismo momento está planificando su próximo asesinato.

El día 11 de agosto de 2006 se dio captura a Nelson Hernández y su banda de Los Encapuchados.

Un sistema roto
La obligación del Estado de custodiar a las personas privadas de la libertad se deriva del deber que tiene de proteger a la sociedad. Sin embargo, el gobierno hondureño irresponsablemente facilita de manera sistemática la fuga de los reos, muchos de los cuales continúan delinquiendo.

Al sistema penitenciario de Honduras  lo conforman 24 centros penales con capacidad para albergar a 8,300 convictos, pero que en su interior se encuentran 14,000. Amotinamientos, muertes, extorsiones y fugas masivas, son parte del diario vivir en los presidios, situación que se conjuga con el hacinamiento, la corrupción de los funcionarios y la carencia de programas de rehabilitación que les permita a los internos reinsertarse en la sociedad.

La fuga de reos en los últimos años ha sido constante. Sin embargo, las autoridades penitenciarias no muestran ni el menor interés en mejorar la situación.

Con la entrada en vigencia de la Ley del Sistema Penitenciario, en enero de 2013 el gobierno inició el proceso de creación del Instituto Penitenciario Nacional (IPN), nombró una Comisión de Transición, pero hasta hoy con mínimos resultados.

De acuerdo a datos publicados en los medios de comunicación en los últimos cuatro años al menos quince peligrosos criminales se fugaron  de la Penitenciaría Nacional y de otros centros penales del país. Además se estima que unos 90 presidiarios habrían escapado de la Granja Penal de Comayagua el 14 de febrero de 2012 cuando ocurrió un voraz incendio, que también dejó como saldo a 376 internos muertos.

Varios de los reos fugados caminan tranquilamente y matan a personas en las calles de las principales ciudades y pueblos, sin que nadie haga la mínima acción para recapturarlos.

En otras palabras, las autoridades encargadas del sistema carcelario estarían provocando que el Estado sea cómplice de muchos asesinatos que ocurren en Honduras.
Ante esta situación que preocupa a la sociedad, Revistazo buscó en repetidas ocasiones, la respuesta del director del Instituto Penitenciario Nacional (IPN), Santos Simeón Flores. No obstante, fue imposible poderlo entrevistar debido a que cuando este medio digital visitó las instalaciones del IPN se comunicó que el funcionario estaba en una reunión y que no podía atender a los reporteros.

En al menos una decena de oportunidades los reporteros intentaron concertar la entrevista, pero siempre que se comunicaban vía teléfono la secretaria negó la presencia de Flores en su oficina.

¿Tres anillos para qué?
Ante los constantes amotinamientos y fugas de reos de la Penitenciaría Nacional, Marco Aurelio Soto, ubicada en el Valle de Amarateca Francisco Morazán y del Centro Penal de San Pedro Sula, en marzo pasado el gobierno determinó establecer tres anillos de seguridad, dos conformados por militares y uno por agentes penitenciarios. Hasta hoy la medida no ha dado buenos resultados y muchos la consideran como una disposición fracasada.

Las evasiones continúan, y mientras eso sucede, las autoridades se acusan mutuamente de complicidad o displicencia. 

Flores, director del IPN, responsabilizó el pasado 19 de junio a efectivos militares asignados a la Penitenciaría Nacional por la fuga de cinco peligrosos reos. “Da la impresión que los soldados permitieron que los reos saltaran el muro y por consiguiente hicieron un disparo como medida preventiva, pero ya se habían ido los convictos”, declaró el Flores, ante diversos medios de comunicación.

El comandante de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), Gustavo Paz Escalante, negó que su unidad tuviera responsabilidad por la fuga y sostuvo que todo fue provocado por la “negligencia de un par de soldados o participación, pero no hay ninguna colusión”, expresó.

Mientras tanto, hasta hoy no se conocen acciones de parte del Ministerio Público para investigar y castigar a los funcionarios que se hayan coludido para permitir la fuga de estos reos. Colusión o negligencia, cualquiera que sea la razón, es un factor que en un Estado de derecho se debe investigar, sobre todo, cuando se trata de la fuga de reos de alta peligrosidad.

La obligación es del IPN
El coordinador de la Comisión de Transición de los Centros Penales, Servando Alcerro, explicó a Revistazo que independientemente que en la seguridad de los internos también esté involucrado el Ejército, quien debe responder por la fuga y la recaptura de los reos es responsabilidad del Instituto Penitenciario Nacional.

“Nosotros tenemos la obligación de perseguirlos y recapturarlos, pero cuando no se puede, ponemos en conocimiento de la policía y del juez que lleva el caso, sumando el delito de evasión”, expresó Alcerro. Indicó que en el interior la custodia de los carcelarios está a cargo los agentes penitenciarios y que los militares se encuentran en las afueras formando dos anillos de seguridad.

Para él, el Instituto Penitenciario tiene la capacidad para perseguir y recapturar en 24 horas a quienes logran fugarse. Sin embargo, la evidencia sugiere que esta institución no está cumpliendo con este deber.

Pechuga mata de nuevo
Pechuga se fugó el pasado 27 de marzo de la Penitenciaría Nacional, y a casi cuatro meses las autoridades todavía no emiten la alerta para recapturarlo. Mientras tanto, detectives de la DNIC aseguran que Pechuga pudo haber participado en cinco homicidios ocurridos en la capital en este mismo lapso.

Habrá “echado a la bolsa” el primer muerto en apenas doce días después de fugarse. Según acusación del Ministerio Público, el 9 de abril participó en el asesinato de Rony Alexander Alvarado Mejía, un joven de escasos recursos económicos.

Rony Alexander trabajaba vendiendo zapatos y junto a su esposa y su hija de tres años, vivía en el sector Flores de Oriente, de la colonia Nueva Suyapa. Quienes lo conocieron son del criterio que era un joven dinámico y que no tenía problemas con nadie. Si las autoridades no hubieran permitido que Pechuga se fugara y permaneciera tanto tiempo en las calles, lo más seguro es que Rony estuviera vivo. Pero no fue así; a balazos le cegaron la vida.

De acuerdo a las pesquisas de la DNIC su muerte se produjo por un mal entendido. Eran las 4:00 de la tarde del miércoles 9 de abril, Rony Alexander estaba platicando con unos amigos en la terminal de buses de la colonia Suyapa cuando de repente llegaron tres individuos y lo atacaron a balazos. Entre ellos estaba Pechuga.

Según acusación del Ministerio Público el Pechuga participó en el asesinato Rony Alexander Alvarado Mejía.

De acuerdo a hipótesis  de la policía, Pechuga, quien luego de escapar de la penitenciaría habría conseguido “chamba” cobrando extorsión a los transportistas de esa localidad, fue informado por dos de sus compañeros que vigilaban la zona que Rony Alexander se encontraba en ese lugar y que podía robarse la caja donde los motoristas depositan el dinero dela extorsión.   

Mientras hablaba con sus amigos, Rony Alexander, pudo haber hecho algún gesto que incomodó a los compañeros de Pechuga y por eso creyeron que podía robarles el dinero.

Así de fácil se muere o se asesina en Honduras y aquí se refleja la  negligencia estatal. Se perdió una vida y una familia más que se suma a la tristeza y al desamparo. Rony Alexander no tenía seguro de vida ni nada que heredarle a su familia. Este medio digital conoció que la viuda de este muchacho ahora trabaja como dependienta de una chiclera, es decir una pequeña tienda de confites, galletas y churros.

La situación se agrava cuando las mismas autoridades afirman que Instituto Penitenciario Nacional y los juzgados penales de Tegucigalpa, a casi cuatro meses de haberse producido la fuga de Pechuga no han emitido la orden para recapturarlo. “De  la penitenciaría no, nosotros lo buscamos porque tenemos la orden que nos dio el juzgado por la muerte de Rony Alexander”, explicó un detective de la DNIC, quien pidió no mencionar su nombre.

Jordan Samuel Ramos Ortega (19) y Francisco Evelio Cáceres (21)

En audiencia inicial realizada el lunes 9 de mayo pasado, el Ministerio Público  logró que un juzgado penal de Tegucigalpa dictara auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Jordan Samuel Ramos Ortega, uno de los tres supuestos asesinos de Rony Alexander. Sin embargo, el tribunal dictó  sobreseimiento provisional a Francisco Evelio Cáceres Ramos.

Jordan Samuel Ramos Ortega y Francisco Evelio Cáceres Ramos, residentes en la colonia Nueva Suyapa, fueron capturados por la  policía de investigación en un operativo realizado el pasado 2 de mayo, mientras que Pechuga se encuentra prófugo de la justicia.

Debilidad en el IPN se complementa con demás instituciones
La fuga y no recaptura de Pechuga devela negligencia gubernamental, pero no de simple abandono, sino de complicidad con el crimen.
Y ante tal situación, la interrogante es: ¿Si esto sucede en la capital donde hay más accesibilidad de recursos y donde están las máximas autoridades de encargadas de la seguridad, qué no estará pasando en los centros penales de regiones más lejanas del país?  La respuesta es sencilla: De todo.

De acuerdo al informe de una investigación que recientemente presentó la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), hay otros reos que también vuelven a matar tras salir de las rejas. Por ejemplo en mayo de 2010, Walter Gavarrete, un albañil de 23 años fue asesinado en Comayagua por dos individuos, uno de los cuales había sido condenado en el 2005 a 25 años de prisión, pero se fugó de la Penitenciaría Nacional  en marzo de 2008.

De igual manera en febrero de 2011, Oscar Leandro Soto, comerciante de 24 años, fue asesinado en Comayagua por un individuo que gozaba de libertad condicional otorgada por los tribunales de justicia. Antes de cometer el homicidio esta persona había sido acusada de tres delitos más, por los cuales un juzgado de aquella localidad le había librado igual número de ordenes de captura.

Asimismo, en mayo de 2011, Selvin Danilo Paz, de 29 años fue asesinado por una persona a la que los tribunales de justicia también le dictaron libertad condicional. Este individuo estuvo encarcelado de junio de 2008 hasta julio de 2010, cuando las autoridades lo favorecieron con medidas sustitutivas a la prisión.

Ahora vea que sencillo es fugarse
Burlando los anillos de seguridad instalados desde el interior de la Penitenciaría Nacional, cinco reos se fugaron el 18 de junio pasado, informaron las autoridades penitenciarias.

El inspector general del Instituto Penitenciario, teniente Ramón García, detalló que los internos saltaron el muro de los módulos Procesados uno y Procesados dos “y que lograron escapar sin ser vistos” por los miembros del Ejército que custodiaban los puestos de control.

En esta ocasión se fugaron, Jonathan Joseph Delgado, condenado a 24 años por los delitos de robo agravado y homicidio simple; Ariel Humberto Guillén Moreno, acusado de asesinato y portación ilegal de armas;  Sergio Adamín Rivera, sentenciado a 11 años por asesinato; José Román Hernández, sentenciado a 11 años por robo, tentativa de homicidio y asociación ilícita y Elvin Geovany Elías Flores, culpable de homicidio.


El pasado 6 de junio, dos reos se fugaron de la Granja Penal de Juticalpa Olancho, quienes fueron identificados como Elmer Fernando Arteaga Lagos, acusado de  Robo y Franklin Manuel Figueroa, acusado de asesinato. Este fue recapturado en las afuera del centro penitenciario.

Los dos reos eran parte de los privados de libertad que guardan prisión en el módulo # 11 y los guardias se dieron cuenta de que no estaban hasta cuando pasaron lista a las 5:15 pm del domingo 6 de abril. Por esta fuga la fiscalía ordenó la detención de dos policías penitenciarios para su investigación.


En otra ocasión, el 11 de septiembre de 2013, se fugaron tres reos de la Penitenciaría Nacional. Los presos cruzaron los tres anillos de seguridad instalados en el interior y exterior de la cárcel. Las autoridades se enteraron de la fuga al día siguiente, cuando pasaron lista de internos.

Los fugados fueron identificados como, Santos Tomás Ordóñez, acusado de robo y condenado a cuatro años. Orlando René Ávila Mejía, sentenciado a 15 años por tráfico de drogas y Rony Alexander Espinoza Madrid, acusado de homicidio.


El 28 de septiembre de 2012  se fugó del centro penal de San Pedro Sula, Wilson Fernando Mena, a quién las autoridades le permitieron salir del presidio a comprar materiales para una construcción que estaba haciendo en el interior de la cárcel.

El fugado tenía seis años de estar preso, purgando una condena de 16 años, ocho meses, por los delitos de robo agravado y robo de vehículo.


En abril de 2011, dos miembros de la Mara Salvatrucha MS-13, Allan Josué Alvarado Cruz, condenado a ocho años de reclusión y Eugenio Chávez Santos, sentenciado a 281 años por haber participado en el 2003 en la masacre de nueve personas en San Pedro Sula, desaparecieron misteriosamente de este reclusorio.

Según el historial que manejan las autoridades, Eugenio Chávez Santos, originario de Santa Bárbara y residente en la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula, ingresó el 8 de abril de 2005 por los delitos de asesinato, violación y tentativa de asesinato en perjuicio de nueve miembros de la familia Reyes, hechos ocurridos el 5 de agosto de 2003.


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