El nuevo año fue inaugurado por la alcaldía de San Pedro Sula, al norte de Honduras, con un aumento del 100% al peaje, una tasa que se paga para la salida de este municipio, llamado la “capital industrial”. El actual gobierno municipal justifica esta medida por la precaria situación económica de la comuna, pero es catalogada como un “pillaje” por diversas organizaciones y ciudadanos que piden derogación de este incremento. El pillaje del que se habla, se remonta a poco más de dos décadas atrás, cuando una de las municipalidades más importantes del país comenzó a infectarse de corrupción hasta convertirse en lo que es hoy, un ente generador de deudas y trancazos fiscales para la población.
El actual alcalde de San Pedro Sula es Armando Calidonio, quien en el gobierno de Ricardo Maduro en 2004, fue viceministro de Seguridad. La municipalidad sampedrana ha caído en una situación tan precaria, que todos los candidatos a este puesto durante su campaña política prometían el rescate de la misma, una especie de sacrificio heroico por el pueblo.
Fue así que, Calidonio votó a favor de un plan de arbitrios que contemplaba un incremento de 100% a esta tasa, desempatando la votación que iba 5 a 5, a pesar de su rotunda oposición a esta medida cuando la administración pasada la había planteado antes de entregarle el poder a él, quien ya había sido electo.
Calidonio ha explicado en diversos medios de comunicación que esto es un mal necesario: “como autoridades debemos tomar decisiones, por lo que no se debe tomar a mal, y lejos de ello se debe ver con una visión futurista y al final del año evaluar si las acciones tomadas han valido la pena, pues cada proyecto se hace con fondos, por lo que los sampedranos deben hacer los esfuerzos requeridos”. Ha manifestado que oponerse a este incremento es “como decir que no quieren proyectos como la pavimentación de la segunda trocha de la 27 calle, el recarpeteo de la Avenida Circunvalación u oponerse a la instalación de semáforos inteligentes o en su defecto que la ciudad se desarrolle, lo cual no puede ser”.
Para el abogado sampedrano, Ramón Barrios, el aumento al peaje es un asalto municipal, un asalto institucional a la ciudadanía. Barrios asegura al saberse de la corrupción que ha permeado la recaudación de este impuesto, primero que se debió sanear el proceso.
“De un día para otro se está volviendo a cobrar con aumento y las casetas siguen siendo lo mismo. ¿Por qué un ciudadano tiene que pagar un aumento de 100% cuando las calles siguen en iguales condiciones o peores? Los rellenos y los bacheos que se están haciendo en SPS se están pagando con la tasa de la matrícula, un aumento que se dio a los vehículos de esta ciudad. Es un argumento falaz que con el aumento del peaje se cubrirán las mejoras de las calles porque ese rubro ya está debidamente presupuestado con la tasa vehicular. Ese cobro no se justificaba.”
Barrios dice que es un asalto, pero el profesor jubilado Ruy Díaz quien comenzó con las protestas contra este incremento, lo califica de “pillaje” y esa frase la han mediatizado quienes se organizan para que se derogue esta medida.
“Una vez más desde el Estado, los ciudadanos y ciudadanas somos víctimas de la corrupción, del pillaje, y de la irresponsabilidad de los políticos que simplemente no saben administrar la cosa pública. Somos siempre los ciudadanos que seguimos financiando las instituciones estatales y el desarrollo de las ciudades”, explica Barrios.
Décadas de corrupción
El aumento al peaje en San Pedro Sula es la expresión máxima de que las cosas no se han manejado bien en la comuna sampedrana, ratifica el ex regidor Wilfredo Flores, quien era presidente de la comisión de finanzas en la administración pasada. “La municipalidad de San Pedro Sula desde 1990 comenzó a perder la visión de otras administraciones y se vino descomponiendo todo el proceso institucional que la llevó a una crisis profunda producida por el alto nivel de corrupción, traducido en clientelismo político y en debilitamiento de la estructura administrativa. En esto seré honesto, participaron los políticos y el sector privado que se vio beneficiado”, cuenta Flores.
Wilfredo Flores tiene mucha información, él mismo dice: “las matemáticas, a diferencia de la política, son exactas” y él sabe manejar las matemáticas. Por ejemplo, Flores cuenta en números cómo el peaje sufrió el mayor impacto de corrupción: en 2010 el peaje recaudaba (sin un sistema moderno de recaudación), aproximadamente 109 millones de lempiras y en 2013, 101 millones. En vez de ir creciendo el recaudo, vino decreciendo entre 2010 y 2013.
El peaje fue creado en 1991 para pagar las obras de los bulevares norte, sur y este, que se habían construido, uno por parte del gobierno central (bulevar del este y bulevar del norte) y el del sur que fue construido por la municipalidad de San Pedro Sula. Se creó para que se cobraran las deudas por las obras y se hicieran diseños de los pasos a desnivel para que no se congestionara la ciudad por el volumen de vehículos que crecía año con año. Cosa que no se dio.
Pero ese mismo año, comenzaron a destinar esos recursos para gasto corriente, esto provocó que la municipalidad entre 1991 y 2013 recaudara aproximadamente 2500 millones de lempiras que nunca se supo dónde se invirtieron, mientras la ciudadanía se sigue quejando de una red vial obsoleta en una de las ciudades más importantes del país.
El abogado Ramón Barrios, antes citado, nos contaba de una auditoría a la que él tuvo acceso que decía que el 50% de lo recaudado en el peaje iba a parar a manos particulares. Flores, nos ratificó esta información con datos que obtuvo de una auditoría que en 2011 realizó el entonces ministro de Soptravi (en la actualidad INSEP), Miguel Pastor con motivo de hacer obras en la complementación de la pavimentación del segundo anillo con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID y Cuenta del Milenio.
“Ellos hicieron auditoría para saber cuántos carros pasaban por los peajes y los tipos de vehículos que pasaban. De acuerdo a ese informe la municipalidad debería estar recaudando entre 16 a 17 millones de lempiras mensuales pero la municipalidad solo recaudaba 8 y 9 millones de lempiras para 2013, fue allí que denuncié al pleno corporativo. Ya había platicado con funcionarios que manejaban el peaje y nos dijeron que allí una parte mínima era la que ingresaba y la otra parte quedaba en manos de funcionarios municipales”, explica Flores.
El año pasado, un medio de circulación nacional, publicó una investigación que se filtró en la que se exponía la corrupción en los salarios de funcionarios de esta municipalidad, actos de corrupción en contratos de manejo de sólidos, y daba mucho seguimiento a lo que Flores denunciaba. Sin embargo Flores siempre negó haber filtrado información, incluso cuando tuvo un atentado contra su vida.
“Nosotros presentamos un informe bien detallado a la municipalidad, porque nosotros planteábamos que tenía que haber un panel de control, que la gente viera diariamente cuanto se recaudaba en el peaje, que la oficina de la Policía Preventiva tuviera un control de cada caseta de peaje y que hubiera uno en la Cámara de Comercio y el Salón Consistorial, eso fue boicoteado y eso me trajo situaciones difíciles. Sufrimos un atentado a nuestra vida y el alcalde dijo que era una acción mediática mía”, expresó Flores.
El 30 de octubre de 2013, el entonces regidor Wilfredo Flores fue víctima de un intento de asesinato a eso de las 7:00 pm. En su relato, el funcionario explicó que se encontraba en su vivienda en la colonia Trejo de esta ciudad y al salir para guardar su vehículo en el garaje observó a un individuo sospechoso que se le acercaba mientras él abría los portones.
“El hombre se me acercó y sacó su revólver 9 milímetros, me apuntó y me dijo ‘a vos te andaba buscando’. Comencé a gritar ‘me matan, me matan’ y salí corriendo por la calle de mi pasaje. Cuando los vecinos salieron, el hombre que había llegado a matarme huyó”, dijo Flores a medios nacionales.
Flores agregó que durante el transcurso del día estuvo recibiendo amenazas de muerte vía mensajito de celular. Desde la noche del atentado, Flores responsabilizó a todas las personas que tienen negocios en la Municipalidad por este atentando “debido a que he denunciado actos de corrupción dentro de la alcaldía”, aseveró.
Wilfredo Flores ya no es regidor, pero asegura tener mucha información. La corrupción sigue en la alcaldía, aunque los medios ya no estén interesados en seguir desnudándola, dice.
Ada Muñoz: símbolo de corrupción
En 2014, producto de una investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción con apoyo del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una de las persecuciones más controversiales fue la que se le hizo a la ex jefa de Control de Ingresos de la comuna sampedrana, Ada Muñoz, quien fue capturada el 12 de noviembre después de estar 9 meses prófuga de la justicia.
El Juzgado de lo Penal presentó una orden de captura por suponerla responsable de los delitos de malversación de caudales públicos, defraudación fiscal, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.
El 29 de enero de 2014 la Fiscalía contra la Corrupción intervino la comuna sampedrana y según uno de los informes de las auditorías realizadas en el departamento de Control de Ingresos, la malversación que realizó Ada Muñoz de los fondos sobrepasa los 60 millones de lempiras.
Para Flores, Muñoz pecó por confiar en los políticos y éstos la usaron como conejillo de Indias. “Los dirigentes sindicales tienen que entender que tienen que estar en defensa de los derechos de los trabajadores y no haciendo cogobiernos ni negocios a lo interno con los políticos porque estos son despiadados, a la hora de deducir responsabilidades ellos no se enfrentan. Yo no veo preso a ningún alcalde, a ningún regidor que participó en acciones de corrupción, pero la señora sí está presa y hoy ella simboliza la corrupción, pero la corrupción en la comuna no la cometió solo ella, ella simplemente es un instrumento mediático para demostrar que están corrigiendo. Que vayan a ver cómo se maneja la municipalidad, la corrupción sigue”.
Flores dice se verá cuando el actual alcalde deje el poder, cuando otra administración llegue y comience a descubrir actos irregulares, que hoy, por su afinidad con los medios, son presentados como obras positivas para el municipio.
San Pedro Sula entra al siglo XXI con más trancazos
En enero de 2014, en el famoso “Festival Legislativo”, se creó el impuesto a las obras siglo XXI. Flores asegura que este proyecto está promovido por dos diarios de San Pedro Sula: Diario La Prensa y Diario Tiempo porque familiares están involucrados en este negocio que significa 8 mil 435 millones de lempiras a recuperar en 15 años.
Este nuevo “trancazo” incluye un aumento de un 6% anual durante 5 años en la matrícula de vehículos, contrario al principio del tributo que dice que a medida un carro se deprecia va pagando menos matrícula.
“Lo más triste es que esas 24 obras solo cuestan 1,845 millones de lempiras, van a recaudar 8,435 y hay un diferencial de 6,234 millones de lempiras que quedarán en utilidades y en costos de mantenimiento a estas tres familias incluyendo a un sobrino del que fue presidente de facto en 2009. Esa es la realidad y que hoy la quieren disfrazar con un concepto novedoso diciendo que están poniendo a San Pedro Sula a nivel de las grandes capitales del mundo, pero no se está invirtiendo en el capital humano, la gente seguirá viviendo en los bordos, en las calles, y la calidad de vida del sampedrano no va a mejorar porque aquí pueden traer cualquier cantidad de edificios pero si no se mejoran las condiciones de vida del ser humano, la inversión no va a venir”, dice este experto en finanzas.
Contra el pillaje en el peaje
Caminantes desde El Progreso, Yoro.
Esta semana fue marcada por las diversas protestas y movilizaciones en contra del aumento al peaje en San Pedro Sula. El martes 13 de enero, un grupo de alrededor de 250 personas caminaron 18 kilómetros desde el Puente La Democracia en El Progreso, Yoro hacia las casetas del peaje del Este en San Pedro Sula protestando por el aumento al 100% en este cobro.
Al llegar a las casetas, por unos veinte minutos, los transportistas en solidaridad con los manifestantes, tocaban bocinas y pasaban sin pagar. Para el sacerdote Ismael Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC, esto fue un acto de ejercer soberanía.
El Eric junto al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (Madj) están coordinando una campaña con el lema: Todos y todas contra el pillaje en el peaje que encabezó esta acción junto a una impugnación del plan de arbitrios que se dio un día después con un plantón frente a la comuna sampedrana.
“La primera línea de defensa de esta impugnación es la violación al derecho de defensa y una violación al debido proceso por la falta de consulta al pueblo. Además el decreto 177-99 de la Ley de Municipalidades establece que esta disposición debe ser asumida con dos corporaciones municipales más que han sido excluidas y que han rendido constancia firmada que no están de acuerdo. Igualmente este decreto establece que este cobro es exclusivamente para el mantenimiento de las redes viales, cosa que en el pasado no ha sucedido así sino para pagar actos de corrupción como la deuda con Sulambiente, la deuda con el IHSS que eran más de 90 millones y las demandas laborales por despidos políticos”, explicó el abogado José Ramón Zavala representante legal de varias organizaciones unidas para esta impugnación.
Ismael Moreno, sj, explicó que las expresiones de inconformidad con estas medidas, llevaban cuatro factores: “denuncia a través de medios de comunicación, movilización de comunidades y organizaciones, y la parte jurídica con un recurso de impugnación donde mostramos que la decisión que tomó la corporación municipal es ilegal y están en la obligación de derogar esto, y la cuarta es la político cultural, aquí estamos expresado que la oposición a las decisiones arbitrarias de las autoridades la hacemos desde muy diversos campos”.
Gloria Millian, regidora de la corporación municipal por el Partido Anticorrupción, explicó que una vez presentada la impugnación, se pasa a análisis de la Secretaría y sí llena los requisitos según lo establece la ley de procedimientos administrativos, se admite, sino se devuelve al peticionario para que corrija, una vez corregido se admite, pues no se le puede denegar al peticionario.
Por otro lado, esta mañana representantes del Frente Nacional de Resistencia Popular realizaron una acción manifestándose frente a la municipalidad y caminando hacia el Ministerio Público donde interpusieron una denuncia criminal al alcalde por abuso de autoridad al aprobar un plan de arbitrios lesivo a la comunidad.
“Tenemos los suficientes medios probatorios, constancias de municipalidades de La Lima y San Manuel de que no hubo consenso con ellas para el aumento del peaje del Este”, explicó Jimmy Sorto, coordinar del FNRP en el departamento de Cortés.
Para diversos analistas, incluyendo a Hugo Noé Pino, ex presidente del Banco Central de Honduras, el aumento del 100% en el peaje es considerado desde todo punto de vista desproporcionado, es cargar en los usuarios toda la serie de dificultades y problemas financieros de la comuna sampedrana.
“Eso suele suceder cuando en vez de buscar alternativas, la prioridad es agenciarse más recursos. Lo vimos con el gobierno central en la reducción del déficit fiscal, al aumento del impuesto sobre la venta ISV, al impuesto de la gasolina, aumento de peajes en la carretera del norte, consideramos que esto es desconsiderado para el pueblo. Lamentamos que los partidos de oposición hayan aprobado esta medida tan grosera para la gente.
Alternativas hay, como ver el cobro de impuestos municipales, actividades que se pueden hacer con los sectores que tienen más capacidad adquisitiva. Podrían haber alternativas, dentro de la municipalidad, análisis más serios y responsables y no cargar a los usuarios del peaje que ahora lo están sintiendo y resintiendo”, dijo el economista.
Wilfredo Flores, por su parte, dice que todo lo que se hace, se puede deshacer, y el pueblo puede presionar para que se reviertan medidas como estas, que no solo afectan a San Pedro Sula, sino que están marcando la política nacional como está ocurriendo con los peajes concesionados en la Carretera CA5.
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