Por Javier Suazo
El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, entregó al Congreso de la República la nueva Ley Marco de Protección Social en Honduras que, según sus promotores, trata de salvar el sistema nacional de salud del colapso final, en especial el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que sufrió un atracó de sus fondos de cerca de 6 mil millones de lempiras, sin que todavía se conozca el nombre de sus autores intelectuales, que a decir de la prensa independiente involucra a miembros de la junta directiva del propio Congreso de la República, banqueros y empresarios.
Aunque los miembros de la Comisión Interventora del IHSS afirmen que lo peor de la crisis ya pasó, lo cierto es todavía los pacientes tienen que pagar los medicamentos básicos y los servicios de atención muestran serias deficiencias. Y está es la primer duda, cuando la Ley Marco manda a separar las funciones de rectoría en salud entre el Ministerio de Salud e IHSS, incluso el manejo de los fondos del presupuesto público asignados a la Secretaria de Salud. ¿Qué hace pensar que lo que pasó en el IHSS no se volverá a repetir, si todavía ninguno de los involucrados ha sido condenado por la justicia y sus autores materiales siguen en el anonimato o en puestos de gobierno?
La segunda duda tiene que ver con las personas en situación de pobreza y sin acceso a los servicios de salud. Se habla que las personas pueden optar por afiliarse y cotizar al régimen que consideren mejor, sea público, privado o mixto, y los que no se afilien es por qué no pueden pagar, para lo cual la Ley contempla la figura de la renta per cápita, o sea la atención que el Estado podrá proveerles en los hospitales públicos y demás centros de salud. ¿Esta renta de cuánto es y cuál es el paquete de salud que cubre? Cubre acaso pacientes de la tercera edad, o aquellos con enfermedades como cáncer, Sida, diabetes, etc.? ¿ Acaso esta renta es equivalente al piso de protección social, o es un porcentaje de éste?
La tercera duda es que a la ley marco no le interesa la atención primaria en salud, ya que se refiere muy poco a ello. La atención primaria es la base o el pilar fundamental del sistema de salud, ya que involucra a la población en la solución del problema de salud-enfermedad en la familia, es más barata y permite garantizar en lo posible el cuidado de la salud. Un error que se puede cometer con la aprobación de la ley, es suponer que la atención primaria en salud será prestada igual y en forma más eficiente por los nuevos proveedores de servicios de salud privados.
La cuarta duda es que la Ley Marco no dice nada del fortalecimiento de la red institucional de salud a nivel nacional, en el supuesto de que habrá una mayor competencia entre los operadores y los menos ineficientes desaparecerán del mercado, tal como sucedió en Colombia con la aprobación de la Ley 100 y el cierre de un hospital público. Se habla por los promotores de la Ley, que esto formará parte de otra ley, pero al tratarse de una Ley Marco debe ser parte integral de la misma y quedar su redacción lo suficientemente clara para todos.
La quinta es que no está claro el rol de los gobiernos locales y de las mancomunidades de municipios en la prestación de los servicios de salud, y su rol en las nuevas formas o modalidades de aseguramiento social de la población local. Asimismo, el reconocimiento y respeto de las nuevas formas de atención en salud que se ejecutan con buen éxito, lo que conlleva recatar estas buenas experiencias para ampliarlas a otras partes del territorio nacional. ¿Acaso con la Ley debe hacerse borrón y cuenta nueva de ello?
El impacto presupuestario y financiero de la nueva Ley a futuro debe evaluarse, ya que implica por un lado un fuerte impulso de los fondos públicos para atender a la población carenciada y desprotegida ( no asalariada ni tiene ingresos estables), la disponibilidad de recursos a los gobiernos locales para atender la inversión social en salud y la prestación de servicios, los fondos de contraparte a ONG y fundaciones para atender a pacientes con enfermedades terminales, el uso de los fondos de los institutos de pensiones con los cuales el gobierno ha contratado- después del golpe de Estado-el mayor endeudamiento interno, y el uso de recursos de préstamos de la cooperación internacional para apoyar la reforma.
La Ley establece que el 50% de las prestaciones laborales de los trabajadores se depositen en cuentas de ahorro y capitalización individual, lo que supuestamente les garantiza un retiro o pensión adecuada, institucionalizando nuevos mecanismos de administración de las cesantías, las pensiones y jubilaciones. No está clara el uso de estos fondos por los bancos y el gobierno a través de las alianzas público-privadas, ni la garantía de protección frente al saqueo y devaluación acelerada que se avizora.
La Ley crea un solo Instituto de Previsión Social. ¿Qué pasa si por ejemplo los trabajadores de la UNAH se oponen a que desaparezca el INPREUNAH, ya que los beneficios actuales son mayores a los que vendrán?
La función de regulación de los viejos y nuevos operadores de prestación de servicios de salud y aseguramiento social, es también un punto crítico. Se habla que esta función le corresponde a una nueva Superintendencia, tal como sucede con el Ente Regulador de los servicios de agua potable y saneamiento, pero que el Ejecutivo nombrará a los comisionados en forma directa. En realidad esta práctica ha sido dañina para el país, ya que se colocan políticos con bajos niveles calificación académica y profesional.
Ligado a esta función independiente de las presiones políticas y de banqueros corruptos, es necesario la construcción de un sistema de registro e indicadores con evaluaciones periódicas que permita ver los resultados e impactos obtenidos, en especial el cumplimiento de metas de cobertura, la calidad de la atención, el abasto de insumos y grado de satisfacción de los usuarios. En ello, la UNAH puede hacer un aporte fundamental.
Al parecer, la ley ha sido consensuada en un 95% y tiene el apoyo de la Empresa Privada, el Colegio Médico y dueños de hospitales privados, las centrales obreras y la Academia a través de la UNAH; que han sugerido reformas y elaborado propuestas que deben tomarse en cuenta ya que analizan incluso experiencias habidas en otros países con leyes parecidas.
Al final, los diputados al Congreso de la República tendrán la última palabra. Las esperanzas están puestas en el criterio de las diputadas Gabriela Núñez del Partido Liberal, y Doris Gutiérrez del Partido Innovación y Unidad, ambas miembros de la Comisión de Dictamen. En el caso de LibRe y de PAC, los dos “grandes” partidos de la oposición, los pleitos internos no les permite contar aún con una posición sólida y planteamiento serio sobre el tema.
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