El informe apocalíptico presentado por la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre su reciente visita in loco a Honduras, refleja lo que es vivido y conocido por todos los hondureños a excepción del grupúsculo de funcionarios estatales y miembros del partido en el poder, los que se benefician permanentemente de esa piñata llamada Honduras.
Después del golpe de Estado el año 2009, los ríos de sangre comenzaron a correr con mayor profusión, mientras el país pasó de forma deliberada a manos de los carteles de la droga, que con su enorme poder económico se fusionaron paulatinamente con el aparato de poder político, además de arrastrar consigo las fuerzas de “seguridad”.
En relación a los pueblos indígenas, la CIDH señaló en su informe preliminar “la alarmante información sobre asesinatos, actos de violencia y amenazas a muerte a líderes Indígenas y Garífunas, en particular aquellos que defienden sus territorios y recursos naturales en el contexto de megaproyectos, sin la consulta previa e informada”
El Estado de Honduras ha venido rechazando y violentando el Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) de los pueblos indígenas y de forma deliberada confunde socialización con consulta. La CIDH en su informe “insta al Estado a reconocer la identidad cultural de Pueblo Garífuna”. En repetidas ocasiones ante la Corte Interamericana (Corte IDH) en sus alegatos el Estado ha venido negando nuestra condición de pueblo indígena, con el ánimo de eludir el cumplimento del CPLI, y así poder continuar con la subasta del territorio ancestral que hemos ocupado durante más de dos siglos.
Para nuestro pueblo, con la entrega del bloque en la plataforma continental marítima a la empresa británica BG Group, la ley de Pesca que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso nacional y la demolición de la comunidad de Río Negro (Trujillo) con la cual se dio inicio a la entrega del territorio Garífuna a los inversionistas relacionados con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico; se ha violado de forma flagranteno el CPLI. Existe ademas el agravante de la inconsulta Ley de Propiedad, la cual con su artículo 100, permite la disolución de los títulos comunitarios emitidos hasta la fecha, poniendo en riesgo de esta forma, la seguridad territorial de los pueblos indígenas asentados en el país.
Por supuesto que la visita de la CIDH conllevará a la exclusión de Honduras del Capitulo IV, conocido como la lista negra de los estados categorizados como violadores de los derechos humanos. Posiblemente ahora será incluida en la lista blanca de los países controlados por los humanos de derecha, los que con sus gobiernos putrefactos han instaurado dictaduras adornadas con fachadas democráticas.
Desafortunadamente el declive universal en materia de derechos humanos es abrumante: pululan las masacres y la violencia policial, además de un debilitamiento del Estado de derecho que se ha convertido en la fórmula perfecta para que corporaciones multinacionales y opresores de turno, apliquen gobiernos de mano dura destinados a doblegar a pueblos y naciones y así proseguir con la destrucción del planeta en nombre de la economía de mercado.
Ante la inexistencia de un verdadero estado de ley en Honduras, como pueblo Garífuna desde hace más de una década, nos hemos visto obligados a acudir al sistema interamericano de justicia, albergando la esperanza que el territorio ancestral que hemos ocupado se nos respete, incluyendo el territorio marítimo de donde nuestras comunidades obtienen parte de su sustento.
Desafortunadamente la falta de voluntad que ha demostrado el Estado, la militarización de la sociedad y la tendencia autocrática entre los gobernantes de turno, nos coloca en una alerta total, ante la expulsión que estamos sufriendo los Garífunas de Honduras.
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