jueves, 29 de enero de 2015
Militarización, Democracia, Estado de Derecho y Constitución
Caminan 18 kilómetros para protestar contra aumento en peaje de San Pedro Sula
No se puede negar que Honduras está viviendo una grave crisis de violencia que se agrava con una debilidad crónica de las instituciones del sector justicia y de seguridad debido, entre otras cosas, a su involucramiento en actos de corrupción, impunidad y colusión con el crimen.
Y se debe reconocer que existen escenarios en los que los grupos criminales ostentan un poder de fuego y un control territorial que no es posible neutralizar solo con las capacidades policiales, ya de por sí deslegitimadas y vistas con desconfianza por la ciudadanía.
En estos casos muy excepcionales, es posible comprender la intervención de las Fuerzas Armadas, ya sea a través de una policía militar o del ejército, pero de forma acotada y transitoria, bajo el más estricto control civil, judicial y legislativo.
Pero sobre todo, dicha intervención debe ser acompañada de una pronta estrategia de salida que garantice el progresivo reemplazo de las Fuerzas Armadas por el servicio policial y por el resto del aparato público, incluyendo los servicios judiciales, educativos, de vivienda, de recuperación de espacios públicos, de participación ciudadana y de salud.
En consecuencia, la pretensión de normalizar y constitucionalizar el uso de militares en tareas de seguridad pública socava las bases del Estado democrático de derecho que limita y distingue los roles militares en defensa nacional de los policiales en seguridad ciudadana.
Además, permitir que los militares asuman funciones policiales permanentes los distrae y los debilita de su papel constitucional de defender la soberanía nacional, y los coloca en una situación proclive a violentar los derechos humanos de la población, ya que están acostumbrados a tratar con enemigos de guerra y no con la ciudadanía.
Sin duda alguna, detrás de toda esta discusión existe el grave peligro de la existencia permanente de una policía militar con rango constitucional bajo el control y discreción de un presidente con ínfulas de dictador.
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