Miles de trabajadores en Honduras están siendo separados de empresas estatales bajo el argumento de estar eliminando a los “paracaidistas”, como se conoce a los empleados públicos que devengan un salario sin realizar ninguna labor. Pero algunos analistas consideran que el trasfondo de las separaciones es otro, que todo esto obedece a la petición que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir la masa salarial. El FMI aprobó al gobierno hondureño el acuerdo Stand by el miércoles 3 de diciembre de 2014.
Distintos sindicatos salieron el miércoles de esta semana a las calles en Tegucigalpa, para expresar que el personal que está siendo despedido es personal necesario para el funcionamiento de las instituciones públicas, y a denunciar, que no se está sacando a los “paracaidistas”.
José Luis Baquedano, dirigente obrero, aseguró que “la movilización es para protestar por la violación al derecho al trabajo que tenemos todos los hondureños. Más de 10 mil familias han quedado en la calle, y después nos preguntamos, porqué tanta violencia, porqué tanta criminalidad, porqué tanto hondureño emigrando hacia los Estados Unidos u otros países”.
Baquedano añadió que las protestas continuarán, y desde ya anuncia que la próxima movilización será el 27 de enero, en Tegucigalpa. Partirán desde la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) a partir de las 2:00 de la tarde.
El gobierno alega que no se trata de despidos sino de suspensiones, pero la realidad dicta otra cosa, y es que después de cumplirse el plazo de la suspensión, los trabajadores reciben su carta de despido.
Los empleados suspendidos de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), serán despedidos el 5 de febrero cuando se presenten nuevamente a las oficinas. Jesús Mejía, gerente de dicha estatal, manifiesta que son despedidos porque generaron en el 2013 una “pérdida técnica”, esto “obliga” a Hondutel a proceder a los despidos. “Cuando lleguen (en febrero) se les va entregar el preaviso, para la cancelación del contrato,” dijo Mejía.
Otra empresa afectada es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), donde se ha despedido a 2 mil empleados en los últimos meses, empujándola rápidamente, según el criterio de algunos analistas, a caer en manos privadas.
Por su parte, integrantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en Honduras, aseguran que las suspensiones que está realizando el gobierno son arbitrarias, ya que la figura de la suspensión no fue diseñada para trabajadores del Estado sino para los de la empresa privada.
“Se han violentado todas las garantías y derechos humanos, esto es un crimen laboral, el argumento que dan es que no están teniendo suficiente utilidad y por otro lado, invocan otra causal, que no tienen suficientes fondos para poner a operar la empresa, esto es aplicable a la empresa privada, pero no para las empresas del Estado que no tienen fines de lucro, han sido creadas para el servicio a la ciudadanía,” expresó el abogado Fredyn Funes integrante del PST.
Como parte del acompañamiento de carácter técnico, social y legal, el abogado Fredyn Funes presentó un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado a favor de los 2 mil empleados suspendidos de la ENEE.
“Estamos acompañando de manera solidaria a los trabajadores que han sido objeto de este crimen laboral por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández, estamos hablando de empleados del INSEP, HONDUTEL, SANAA, ENEE a los cuales se les ha suspendido injustificadamente”, expresó Funes.
Lejos de que los despidos terminen en las instituciones públicas, Ebal Díaz, asesor de Casa Presidencial, ha dicho que la “reestructuración y modernización del gobierno es una tarea que no está terminada y que apenas comienza.”
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