Gobierno hondureño fracasa en atender a la niñez, según informe
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por las muertes de niños, adolescentes y jóvenes ocurridas recientemente en Honduras, los cuales se inscriben en un contexto generalizado de violencia e inseguridad ciudadana en el país.
De acuerdo con información pública, el 4 de mayo habría tenido lugar un incidente de violencia en el Centro Pedagógico de Rehabilitación El Carmen, San Pedro Sula, en el que resultaron muertos cinco adolescentes presuntamente vinculados a la pandilla denominada “mara 18”, quienes fueron atacados con armas de fuego de grueso calibre. Las circunstancias en que estas armas ingresaron al centro penal, así como la identidad de los atacantes y su eventual filiación a una pandilla rival están siendo objeto de investigación. Asimismo, de acuerdo a información recibida anteriormente, el 2 de octubre de 2013, en el mismo centro penal, habría tenido lugar otro ataque con armas de fuego contra adolescentes detenidos vinculados a la “mara 18”, en el que no hubo víctimas fatales. De acuerdo a las autoridades, este incidente también habría sido ocasionado por miembros de una pandilla rival.
Al mismo tiempo se observa que los niños y adolescentes también se encuentran en riesgo en sus comunidades, el 4 de mayo de 2014, cuatro niños de entre dos y trece años fueron asesinados a puñaladas en su casa, en el municipio de Limón, en el noreste del país, por causas que aún están bajo investigación.
Asimismo, el 5 de mayo del 2014 fueron hallados los cadáveres de dos niños en edad escolar que fueron secuestrados, torturados y asesinados, en el barrio La Pradera, en San Pedro Sula. De acuerdo con información de público conocimiento, sumarían ocho los niños secuestrados y asesinados en este barrio, en similares circunstancias. Las autoridades y los vecinos del lugar atribuyen la responsabilidad de estos crímenes a la actividad de las pandillas o maras, y a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran debido a la inseguridad ciudadana.
La Comisión Interamericana destaca que estos hechos se inscriben en un contexto generalizado de violencia e inseguridad ciudadana que coloca a niños, niñas y adolescentes en una posición de particular vulnerabilidad. La CIDH observa que de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen (UNODC), Honduras es el país del mundo con la tasa más alta de homicidios (90.4 por cada 100,000 habitantes). De acuerdo con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, entre 2010 y 2013 al menos 458 niños menores de 14 años habrían muerto en circunstancias violentas en el país; y según ha informado la organización Casa Alianza, en los primeros tres meses del presente año han sido asesinados 271 niños, niñas y jóvenes menores de 23 años.
Las políticas públicas sobre seguridad ciudadana se relacionan con la creación o consolidación de una institucionalidad estatal que proporcione respuestas eficaces y eficientes a las demandas de una sociedad democrática en esta materia, sobre todo en temas prioritarios como la atención a las víctimas de la violencia y el delito. Este deber de protección es aún mayor en el caso de personas menores de 18 años, quienes además se encuentran protegidos de manera específica por normas vinculantes que obligan a los Estados a otorgar un nivel de protección especial. En particular cuando éstos/as se encuentran bajo custodia del propio Estado, en cuyo caso éste debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad.
La Comisión Interamericana condena el asesinato de niños, niñas y adolescentes en Honduras y considera que este grave problema debe ser asumido como una prioridad por el Estado. En este sentido, la CIDH subraya la importancia de investigar de manera pronta, diligente e imparcial estos hechos y aplicar las sanciones penales que correspondan, de manera de evitar la impunidad y la repetición de hechos similares. Asimismo, deben adoptarse las medidas urgentes que sean necesarias para prevenir la ocurrencia de hechos similares, y para proteger de manera particular a aquellas personas que se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad, y los defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan en este ámbito. La ausencia de intervenciones eficientes y eficaces del Estado frente a los desafíos de la seguridad ciudadana genera un sentimiento de frustración y desprotección en amplios sectores de la población, lo que afecta seriamente la convivencia en una sociedad democrática y la vigencia del Estado de Derecho.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
N° 56/14
14 de mayo de 2014
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