FriJOHles Violentos
El gobierno ha elaborado un decreto ejecutivo para congelar el precio de los frijoles, de acuerdo con una recomendación conjunta de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), la Secretaría de Seguridad (SS), la Secretaría de Defensa (SD) y el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).
Es costumbre en nuestros gobiernos adoptar la congelación de precios cuando hay escasez de granos básicos, de carne y otros alimentos, siempre con resultados desfavorables para los consumidores y para los agricultores, aunque muy beneficiosos para los privilegiados importadores y especuladores.
En esta ocasión, sin embargo, la medida pasa a mayores, pues también en esto se ajustaal patrón represivo, lo cual conforma, en general, un molde particular de terrorismo de Estado. De esa manera, la disposición ejecutiva incluye la participación directa de la policía y las fuerzas armadas, seguramente a través de la simbiosis –ejército camuflado—de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y el anexo Fusina.
El tema es muy importante porque, aparte de las supuestas buenas intenciones de proteger la seguridad alimentaria de nuestra población(una población, dicho sea de paso, cuyo 70% no come tres tiempos y frecuentemente ninguno), la consecuencia inmediata será, una vez aplicado el bendito decreto de congelación, la salida del poco frijol que queda en el país, por vía subrepticia de la criba fronteriza, hacia los países vecinos.
La cuestión es muy simple si nos atenemos a las leyes del libre mercado, de la oferta y demanda que con tanta convicción y agresividad defienden los economistas y “mercadólogos” neoliberales. La congelación de precios, no obstante, únicamente funciona –aunque mal—en las economías cerradas, de tipo dictatorial, comunista.
Mientras tanto, los productores de frijoles y demás granos básicos, e incluso los ganaderos, reaccionan con lógica empresarial al desestímulo delos controles de precio , cuando se trata de medianos y grandes, con el abandono de estos cultivos para dedicarse a otros más seguros y rentables, así como los pequeños y mini-productores se limitan, en el mejor de los casos, al cultivo de mera subsistencia familiar.
La represión, que no sirve para nada, excepto para inflar el ego hitleriano o la soberbia mussoliniana, agiliza aún más el abandono de las actividades del campo destinadas a proveer la seguridad alimentaria y la estabilidad humana en el campo y la ciudad. Y esto se hace en Honduras, ¡vaya ironía!, a contracorriente de la sacrosanta ley de la oferta y la demanda, de la teología, diremos, del libre mercado.
A estas alturas, en las condiciones físicas, sicológicas, climáticas, inseguras y económicamente distorsionadas, es poco lo que puede hacerse para proteger el abastecimiento normal de nuestra población. Peor, todavía, si se recurre a las balas, como ofreció un sátrapa guatemalteco para la limpieza étnica: balas en vez de frijoles.
Hay, sin embargo, alternativas a mediano plazo, pero eso requiere de una política de Estado seria, responsable, informada, consciente de la realidad agraria de nuestro país. Esa política, de espíritu integral, incluye la adecuación financiera apropiada para dar seguridades al crédito y al productor, de cara a los riesgos múltiples de la actividad agropecuaria.
Precios de compra, precios de garantía, prevalencia –en situaciones de crisis—de apoyo financiero y técnico para tierras con sistemas de riego, aplicación se sistemas versátiles de almacenamiento en niveles locales y regionales, estructuración del mercado a base de simplificación y especialización de las cadenas de valor. Eso y otras providencias más, en vez de una política absurda, loca, de frijoles violentos.
Editorial Diario Tiempo, 21 de mayo de 2014
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