El peligro y zozobra continúa acechando al movimiento campesino del Bajo Aguán
El peligro y la zozobra acechan a cada campesino o campesina que forma parte de movimientos en los procesos de recuperación de tierras en el Bajo Aguán. La adrenalina de viajar por las calles de acceso a las fincas de palma africana la hemos comprobado en los diversos viajes realizados en busca de mayor información sobre el conflicto agrario que inició en 2000 y que tuvo un repunte el 2009 cuando el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), entró al proceso de recuperación de más de 20 mil hectáreas de tierra cultivadas de palma africana.
El ambiente que priva en esta región es de zozobra, violencia y muerte y las organizaciones campesinas y de derechos humanos señalan como los responsables de esta terrible realidad a la presencia de policías y militares articulados en la Operación Xatruch, a paramilitares y a sicarios que operan en total impunidad.
“Aquí a veces no sabemos quién es militar, policía o paramilitar, porque en muchas ocasiones vemos a guardias de seguridad de los terratenientes palmeros con uniformes militares y con armas de grueso calibre, y eso todo mundo lo sabe hasta las máximas autoridades, sin embargo no se hace nada”, indicó Álvaro Medina, de la cooperativa El Despertar, ubicada en la margen izquierda del río Aguán.
Peligros
“La situación aquí en el Bajo Aguán es bastante difícil, estamos viviendo con dificultad todas las personas que integramos las organizaciones campesinas a causa de la persecución y criminalización de la lucha por la tierra”, dijo una campesina de la aldea Panamá, Trujillo, Colón, quien por seguridad pidió omitir su nombre.
“Aquí hay miedo, el temor que sentimos es grande y no podemos hablar. Esta gente (los paramilitares) es mala; asesina, asalta y viola. A la hija de una señora de aquí de la comunidad la sacaron de la casa a media noche y la fueron a violar en medio de las palmeras y nadie puede decir todo lo que ocurre porque nos pueden matar”, indicó.
Alrededor de 128 personas murieron y otras seis desaparecieron entre 2008 y 2013 a causa del conflicto agrario en el Bajo Aguán, según el Observatorio Permanente de Derechos Humanos en esa zona. Un total de 90 campesinos, 14 guardias privados, un militar y un policía, además de otras 15 personas, entre civiles y apoderados legales de movimientos campesinos, murieron en el período estudiado en el marco del conflicto entre labriegos y terratenientes, según el informe.
Militarización
A mediados de agosto de 2011, una fuerza de tarea conformada por más de 600 hombres de la Policía Preventiva y las Fuerzas Armadas fue destacada en el Bajo Aguán, lugar en el que en los últimos 5 años se libra una gran lucha por el derecho a la tierra, donde los campesinos y campesinas son las mayores víctimas.
En teoría la operación, denominada Xatruch, tiene como meta permanecer en el lugar, capturar a los responsables de las muertes, ejecutar un operativo de desarme y patrullar día y noche para evitar más derramamiento de sangre. Sin embargo ninguno de los objetivos planteados por ex presidente Porfirio Lobo Sosa y el actual gobierno de Juan Orlando Hernández, se han cumplido en el Bajo Aguán.
Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), indicó “Lo que hemos visto estos últimos tres años es una vivencia de represión, que sabemos que cada día se agudizan y cambian las formas y las maneras de reprimir a la población como es el secuestro, violaciones sexuales y desapariciones de campesinos.
“Con la militarización de esta zona lo que se ha ratificado es que aquí lo que prevalece es la defensa de los intereses de los tres grandes señores terratenientes que tienen acaparada la mayor parte de la tierra del Aguán (Miguel Facuse, Reinaldo Canales y Rene Morales)”, explicó.
Historia
A principios de la década de los 90, en la administración de Rafael Leonardo Callejas, se aprueba en Honduras la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, y con ella se instrumentaliza un plan para expropiar a las empresas campesinas de los derechos que el Estado les asignara a mediados de la década de los 70 sobre miles de hectáreas cultivadas con palma africana en la región conocida como el Bajo Aguan. La ley en mención se convirtió en la estrategia política de funcionarios estatales en sociedad con empresarios codiciosos para convertirse en propietarios de alrededor de 28 mil manzanas.
A principio de los sesentas se promulga la Ley de Reforma Agraria, en la administración del expresidente Ramón Villeda Morales, mediante la cual se declaran derechos de tenencia de tierras nacionales y privadas a cientos de familias de campesinos pobres. Esta ley surge como consecuencia de los compromisos internacionales suscritos en Punta del Este en Uruguay dentro del marco de la Alianza para el Progreso.
Fue hasta inicios de los setentas que en el gobierno militar de Oswaldo López Arellano se organizan más de 84 cooperativas de las cuales 57 se orientaron a cultivar e industrializar aceite de palma africana, por esta razón a esta zona aún se le conoce como “la capital de la reforma agraria”.
En los años 90 se inició un proceso de compra venta de cooperativas, proceso amparado en la Ley de Modernización, que concluyó con la venta de los activos de 40 empresas campesinas, los que se concentraron en manos de Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales. Este fenómeno sigue siendo objeto de investigación por la multiplicidad de errores y violaciones a la ley ejecutados con el objetivo de garantizar que los empresarios mencionados pudieran “quedarse” con los activos de las cooperativas.
En diciembre del 2009 después de varios años de organización el MUCA, con la participación de 28 grupos de campesinos integrados por personas que no fueron beneficiadas por la reforma agraria, hijos e hijas de los socios de las cooperativas absorbidas por los terratenientes, iniciaron un proceso alrededor del reclamo de las tierras que fueron declaradas para fines de reforma agraria desde los años 70 y que pasaron de forma “fraudulenta” a manos de empresarios.
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