San Pedro Sula convulsiona de violencia
En el sector Pradera, la gente se acostumbra. Se acostumbra a la guerra territorial entre grupos criminales, al estado de sitio que en algunas colonias prevalece, hasta a la estigmatización de que todo el que vive allí es sospechoso. Se acostumbran a muchas cosas, pero de repente la muerte se les pone de frente. En una semana 9 niños han sido asesinados, todos con el mismo patrón y las autoridades ponen en el banquillo de acusados a miembros de la pandilla 18.
El último de los menores asesinados, se llamaba Luis Fernando Álvarez Jiménez y tenía 17 años. Un día como cualquiera fue a la pulpería a comprar cartulina que según sus padres usarían para hacer tareas, sin embargo esa cartulina sirvió como rótulo en su propio cuerpo sin vida. Su padre, dijo a medios de comunicación nacional que su hijo no era un delincuente y que había que investigar también a la policía por estos crímenes en el sector.
José Ruela, director de la organización Casa Alianza sabe muy bien de lo que habla este padre de familia. Para Ruela, los niños son estigmatizados, a pesar de que la batalla es bastante desigual pues todos los menores estaban desarmados e indefensos al momento de su rapto y posterior ejecución.
Es escalofriante lo que plantea el director de esta organización que desde 1998 contabiliza las ejecuciones extrajudiciales de niños, niñas y jóvenes que a la fecha suman 8 mil 989. Ruela asegura que esta estigmatización tiene como propósito eximir al Estado de una investigación responsable, aunque éste debe investigar cada caso independientemente de lo que sea.
“El Estado ha encontrado esta muletilla que le permite seguir en su parsimonia y en su inmovilidad de llevar a la justicia a los responsables de tanta matanza”, unas horas después de dar estas declaraciones a Radio Progreso, Ruela fue detenido y sometido a vejámenes por policías militares en Tegucigalpa.
La golpiza que la recién creada policía militar le dio a esta defensor de derechos humanos se une a las múltiples denuncias que existen en contra de los cuerpos de seguridad en Honduras.
Para Tomás Andino de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez, (COIPRODEN), la sociedad no se puede acostumbrar a todo este ambiente de violaciones de derechos humanos. Es inaceptable toda esta situación en la que los más indefensos son las víctimas ya sea directa o indirectamente.
“Desde 1998 son 9 mil jóvenes asesinados en ejecuciones arbitrarias. Aun cuando hay jóvenes que se involucran en el crimen, son a su vez obligados por adultos bajo pena de muerte a ser parte de estos actos”, dice Andino.
Para Andino las respuestas del Estado condenan a los niños y no solucionan el problema de raíz.
Guerra sin cuartel
Históricamente el sector Pradera había sido territorio del Barrio 18, sin embargo al sentirse perseguidos, los pandilleros bajaron perfil y comenzaron a perder poder. Hace poco más de un año que la banda criminal Los Olanchanos aprovechó esta coyuntura y se instaló en este sector para quedarse. Al verse perdiendo poder, los dieciochos retornaron al juego y comenzó un conflicto que ha cobrado ya muchas vidas, en esta guerra, los que quedan en medio son los más indefensos.
Este es uno de los sectores más violentos de San Pedro Sula pero hasta ahora dura más de un día en las páginas de los rotativos. La policía ha apuntado directamente a la pandilla 18 como perpetradora de estos asesinatos en serie de niños, y hasta una joven mujer ya circula en las portadillas que encienden el morbo en cada semáforo de la gran ciudad.
San Pedro Sula sigue siendo la ciudad más violenta del país, con una tasa de 194 asesinatos por cada 100 mil habitantes, y según el doctor Joaquín Mejía de la Comisión Multinacional de Seguridad, es en esta zona del país donde está muy debilitado todo el sistema de investigación. Mejía asegura que para un millón de personas solamente hay alrededor de 7 agentes de investigación en situaciones precarias. “Parece una política de Estado para debilitar la policía y las instancias civiles de investigación”.
La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) puede ser un ejemplo de esto, reduciendo a una instancia todo el proceso, desde la detención hasta el juzgamiento de culpables. Los resultados no han sido los mejores.
Mejía asegura que toda esta precariedad en el actual sistema de seguridad no concuerda con todo el dinero que entra como aporte, especialmente en la llamada ciudad industrial. “Son 150 millones de dólares que el gobierno recibe de la tasa de seguridad más los fondos internacionales, pero se están invirtiendo en otras cosas como comprar aviones, radares, reparaciones de aviones de guerra y el programa militar “Guardianes de la patria”.
Mano dura
A pesar de la promesa de paz de los nuevos gobernantes de San Pedro Sula, a la ciudad será muy difícil quitarle el título de la más violenta del mundo. Los últimos asesinatos en serie no solamente de niños sino de transportistas y líderes comunitarios denotan que la “gran ciudad” convulsiona por la violencia y ridiculiza las medidas de mano dura promovidas por el actual gobierno.
Silvia Heredia, coordinadora del programa Paso a Paso ubicado el sector Rivera Hernández, otra de las zonas estigmatizadas, asegura que estos asesinatos son como la crónica de una muerte anunciada, todo mundo lo sabe pero nadie lo detiene.
Las estrategias de limpieza social, eran de esperarse dice Heredia. El sector Rivera Hernández es también uno de los más violentos de la ciudad y el programa Paso a Paso intenta contrarrestar esta realidad apoyando a niños, niñas y jóvenes para que sueñen y trabajen por un mejor presente. Sin embargo estos sueños se ven amenazados, ahora con el repunte de violencia en la ciudad y el miedo que tiene paralizada a la sociedad.
“Aquí hay una red de la niñez y no han convocado ni a protestar, este programa está con dolor, porque sabemos que aquí pierde el que no puede defenderse. El problema es la impunidad en el país, los asesinatos en los presidios y centros de menores es algo que venimos viendo desde hace un tiempo. El derecho a la vida vulnera en las calles a los más jóvenes”, expresó Heredia.
En muchas ocasiones se dice que cuando la violencia repunta es porque los criminales se sienten amenazados, Ruela dice que este pensar es la forma en la que el gobierno se está victimizando diciendo en público que los delincuentes se sienten amenazados por sus medidas de seguridad.
Al parecer el Estado no es capaz de aterrizar sus políticas de seguridad. En San Pedro Sula es evidente. Ruela dice que todo ha sido rebasado, en el caso de la masacre en el Centro de Rehabilitación El Carmen donde el fin de semana pasado fueron asesinados 5 miembros de la pandilla 18, el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (INHFA) es solo un espectador pues esta realidad sobrepasa su capacidad.
Wilfredo Castellanos, del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) zona noroccidental, advierte que por el caso del centro de rehabilitación El Carmen, el Estado podría ser demandado pues los menores están bajo su tutela y aun así no los protege y permite este tipo de hechos violentos.
Militarización
Lo que ahora ha cambiado la fachada de la gran ciudad son los uniformes verde olivo que se ven por doquier. La mayoría de fuerzas de seguridad están conformadas por miembros de las Fuerzas Armadas que han suplantado a la policía civil catalogada como corrupta y en un proceso de depuración fallido.
Pero estas medidas no son tan nuevas. Desde el gobierno del presidente Ricardo Maduro en 2003 se permitió que los militares asumieran funciones policiales. A diez años de la militarización ¿Cuáles son los resultados?
Los militares parecen estar jugando a gato y al ratón con los grupos criminales según lo que plantea Joaquín Mejía, quien asegura que la policía militar lo que hace es retrasar o trasladar de un lugar a otro la incidencia de delitos, pero no la reduce.
Ahora en San Pedro Sula con la proliferación de las maras y pandillas, el nuevo programa militarista Guardianes de la Patria parece la panacea en las comunidades más vulnerables. Sin embargo para Heredia quien conoce muy bien las precariedades de los menores en comunidades empobrecidas, esto no tiene perdón.
“Este país necesita una educación que te permita decidir por tu vida, no adiestrarte, aquí la gente lo que necesita es aprender a pensar y hacer una Honduras mejor, ese programa es patético y se aprovecha de la gente más indefensa”, dice indignada Heredia.
Por su parte Tomás Andino es del criterio que estos son gastos innecesarios pues si es un programa para la prevención de pandillas, ya existe uno creado en 2003 bajo jurisdicción del presidente de la república cuyo presupuesto es de apenas 7 millones de lempiras, migajas en comparación al presupuesto de Guardianes de la patria que en su fase inicial tiene un presupuesto de 80 millones de lempiras.
Casa Alianza se pronunció contra este programa asegurando que este tipo de programas abren una puerta a situaciones constitutivas de violaciones de los derechos humanos de los niños, niñas y jóvenes de Honduras, derechos consagrados en la Constitución de la República y en instrumentos internacionales como ser la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
“Nos causa indignación ver que actualmente, niños y niñas en edad escolar estén asistiendo a los batallones para recibir “formación en valores”, estamos convencidos de que la militarización de la niñez y juventud no es la mejor manera de fomentar y promover valores humanos, cívicos y morales para formar a las y los ciudadanos de nuestro país”, expresó.
Guardianes de la Patria, es un programa que impulsa las Fuerzas Armadas y la Presidencia de la República, activado el pasado 29 de marzo en un acto celebrado en el Campo de Parada Marte del Primer Batallón de Infantería en Las Tapias, Francisco Morazán. El director de Planes, Políticas y Programas del Estado Mayor Conjunto en las Fuerzas Armadas, Coronel Gustavo Adolfo Amador Fúnez dijo a medios nacionales que el programa no tiene currículo militar y es para niños en riesgo social.
Los vulnerables
En el sector Pradera los asesinatos de menores se vienen dando desde hace tiempo, en otros sectores de San Pedro Sula como Chamelecón o Rivera Hernández, es el pan de cada día. Los niños y niñas son vulnerables pero también los transportistas y líderes comunitarios están viviendo el terror de que en cualquier momento la muerte los puede buscar.
“El asesinato de transportistas es una alarma que hemos dado al gobierno porque llama la atención la muerte masiva de transportistas de taxis, mototaxis, buses urbanos, que puede ser derivado del pago del impuesto de guerra, pero lo importante es llamar al Estado que se combata la impunidad y que el sistema de investigación se mejore”, expresó Wilfredo Castellanos del Conadeh oficina regional del norte.
El fin de semana pasado, fue asesinado el presidente del patronato de la colonia Cerrito Lindo, conocida también como zona de conflicto. Orlando Orellana tenía 68 años y contaba con medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a él y a toda la comunidad que libra un conflicto de tierras con Miguel Rodríguez Carrión.
En 2011 hubo un intento de asesinato contra Alex, otro señor de la junta directiva del patronato, y ese mismo año asesinaron a la tesorera del mismo, hasta la fecha estos crímenes están en la impunidad. Los demás miembros del patronato exigen se esclarezcan estos crímenes y se investiguen.
“Esto es como una burla porque parece que no importa la ley internacional porque esta es la ley del más fuerte”, expresó la abogada Brenda Mejía, quien llevaba el caso de las medidas cautelares.
Armando Calidonio es el nuevo alcalde de San Pedro Sula, es un personaje conocido por su pasado, fue viceministro de seguridad en las administraciones nacionalistas de Ricardo Maduro y Porfirio Lobo Sosa, tiempo en el cual mostró su política de mano dura contra las maras y pandillas.
Muchos esperan más asesinatos de jóvenes en este periodo de gobierno por una posible campaña de limpieza social, así como lo ha denunciado la organización Casa Alianza cuyo último informe fue catalogado por el exministro de seguridad, Oscar Álvarez como seguirles el juego a los delincuentes.
El informe mostraba que solamente en el mes de marzo se registraron 93 asesinatos a menores de 23 años y el 61% de estos se perpetraron en el departamento de Cortés. El 84% están en la impunidad.
Estas expectativas no deben paralizar la gente dice Tomás Andino de Coipodren. Esta es la oportunidad de unirse en la exigencia de una verdadera política de seguridad que acabe con la impunidad y vaya reduciendo las muertes, en vez de naturalizarlas en el cotidiano de una ciudad que se mueve sin parar ni siquiera para reflexionar.
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