Por Marvin Palacios
Amenazas a muerte, atentados, intimidaciones y amenazas proferidas por funcionarios del Estado, desprotección policial y militar y detenciones ilegales, entre otras situaciones, rodearon al trabajo de periodistas y comunicadores sociales que manifestaron una actitud crítica frente al desempeño de funcionarios gubernamentales y autoridades locales o que abordaron temáticas como la explotación de los recursos naturales, el crimen organizado y el narcotráfico, poniéndose en peligro la libertad de expresión y la libertad de prensa de acuerdo con el Informe Anual 2013 para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A continuación los incidentes registrados por la CIDH durante el año 2013:
Enero
En el mes de enero de 2013 la periodista y defensora de derechos humanos Itsmania Pineda Platero habría sido víctima de acosos, amenazas y ataques cibernéticos en su correo electrónico y en su blog.
Asimismo, la periodista expresó que se habría visto obligada a cerrar las oficinas de su organización de defensa de derechos humanos, Xibalba Arte y Cultura. La periodista ya habría sido víctima de amenazas en el pasado. El Estado indicó que los hechos correspondientes a 2013 no han sido denunciados ante el Ministerio Público y solicita a la persona afectadas que presenten una denuncia para “así poder realizar las investigaciones pertinentes”.
El reportero de televisión Selvin Martínez, de la ciudad de Puerto Cortés, habría Denunciado que desde el inicio de 2013 estaría recibiendo amenazas de muerte a través de mensajes de texto. En 2012, el periodista habría sido víctima de dos ataques armados y de varias amenazas
El Estado informó que, en relación con los atentados, el Ministerio Público presentó Requerimiento Fiscal contra un individuo por el delito de “homicidio en su grado de ejecución de tentativa” y previa Audiencia Inicial, el Juzgado habría decretado su prisión preventiva. El juicio oral y público tendría lugar en marzo de 2014. Sobre las amenazas recibidas a través de mensajes de texto, el Estado indicó que Martínez comunicó al Fiscal a cargo de su caso que estas habrían cesado, “sin embargo el Ministerio Público realizó varias diligencias y entre ellas solicitó una intervención telefónica”.
El 15 de enero presuntos agentes de la Policial Nacional habrían detenido al historiador y escritor hondureño Edgar Israel Soriano y lo habrían trasladado en una supuesta patrulla a una instalación policial.
Según la información recibida, el procurador de Derechos Humanos Leonel Casco Gutiérrez, al ser informado de la situación, se habría presentado en la estación y habría solicitado la liberación del escritor. Ante lo cual, dicho procurador también habría sido detenido por supuesta falta de respeto a las autoridades.
Ambos habrían sido liberados a la mañana siguiente. Tras la denuncia de estos hechos, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, habría librado un requerimiento fiscal por los delitos de abuso de autoridad y detención ilegal en contra de Harold Bonilla Andara, titular de la Jefatura Metropolitana número 1 de Tegucigalpa, oficial que habría ordenado la detención de Casco Gutiérrez. La información disponible indica que en el marco de este proceso se habría celebrado una audiencia ante un juez penal que habría declarado el sobreseimiento del caso, ante lo cual, el acusado habría obtenido carta de libertad a finales de mayo de 2013. Casco Gutiérrez es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la Comisión.
En relación a estos hechos, en comunicación de 19 de diciembre de 2013 el Estado indicó que “el Ministerio Público realizó las diligencias indicadas contra el señor Harold Bonilla Andara. En atención a la decisión del Juzgado, el Ministerio Público presentó el recurso correspondiente y se está a la espera de su resolución”.
El 23 de enero, el periodista Renato de Jesús Álvarez, director de prensa del noticiero de TN5 y del programa ‘Frente a Frente’, habría manifestado sentir temor por su vida a causa de una supuesta campaña de estigmatización en su contra propiciada por un titular del Congreso Nacional y candidato a la presidencia del país.
Álvarez alega que el congresista le habría acusado de estar identificado con la ultraderecha del país. Según el periodista, dicha campaña habría iniciado por la cobertura informativa crítica de varias actuaciones del legislativo. Al día siguiente, el jefe de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla se habría comunicado con el periodista y le habría ofrecido protección, debido a posibles indicios de que este podría estar en peligro.
Por otra parte, a inicios de enero, Álvarez habría anunciado la supuesta creación de cuentas falsas con su nombre en Twitter y Facebook, que se habrían utilizado para extorsionar a sus amigos y denigrar su imagen.
Febrero
El 5 de febrero, el periodista César Silva y el camarógrafo Samuel Aguilera, de la Televisora Globo TV, habrían sido agredidos por presuntos trabajadores del transporte privado mientras cubrían una manifestación de ese gremio, cerca de la Casa Presidencial en Tegucigalpa.
Según los comunicadores, mientras ocurrían las agresiones habrían pedido auxilio a presuntos miembros de la guardia presidencial, sin embargo estos les habrían ignorado. Respecto a estos incidentes el Estado indicó que “no se ha podido ubicar denuncia alguna sobre estos hechos” y solicita a la persona afectada que la presente, para “así poder realizar las investigaciones pertinentes”.
El 18 de febrero, el periodista Isaac Leonardo Guevara Amaya, corresponsal de Radio Progreso en el municipio de Tela, habría sido amenazado verbalmente por presuntos agentes de la Policía Nacional. Según lo informado, Guevara Amaya habría dado seguimiento a protestas contra proyectos de extracción minera. Los presuntos policías habrían detenido el vehículo en el que se transportaba y le habrían requerido que dejara de tomar fotografías.
Respecto a estos incidentes el Estado indicó que “no se ha podido ubicar denuncia alguna sobre estos hechos” y solicita a la persona afectada que la presente, para “así poder realizar las investigaciones pertinentes”.
Marzo
La CIDH fue informada de que el 4 de marzo el periodista Julio Ernesto Alvarado, director de los programas ‘Medianoche’ de Radio Globo y ‘Mi Nación’ de Globo TV habría anunciado su decisión de renunciar a la conducción del programa ‘Medianoche’ debido a amenazas recibidas en reiteradas ocasiones.
Según la información recibida, los días 1 y 2 de marzo el periodista habría sido víctima de seguimientos y acosos alrededor de su lugar de trabajo. De igual forma, en marzo de 2012 el vehículo de Alvarado habría sido vandalizado y este habría sido seguido por desconocidos en varias ocasiones. El periodista expresó que, en su programa, formulaba regularmente denuncias y críticas a la policía y a las fuerzas armadas y que el 1 de marzo habría formulado una fuerte denuncia contra un alto miembro de la policía.
El 8 de abril la periodista Fidelina Sandoval de Globo TV, habría sido objeto de un atentado en las inmediaciones de las oficinas del canal. Según la información recibida, dos desconocidos habrían disparado un arma de fuego en su dirección. Unos días antes la periodista habría recibido dos llamadas sospechosas en las que se le solicitó información personal.
La periodista expresó que los hechos podrían estar relacionados con reportajes presentados la semana anterior sobre el proceso de “depuración policial” y sobre los conflictos de tierras en la zona de Bajo Aguan.
Abril
El 20 de abril el periodista y director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C- Libre), Héctor Longino Becerra, habría sido amenazado a través de tres llamadas telefónicas. En la última de las cuales, los desconocidos le habrían advertido que tenían una campaña para matarlo a él y a su familia. El 22 de abril, el periodista habría presentado una denuncia formal ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y ante la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
El 22 de abril el diario El Heraldo reportó que habría publicado información sobre un plan para atentar contra tres figuras públicas: el periodista Renato Álvarez, el diputado Augusto Cruz Asensio y el oficial de Policía Héctor Iván Mejía. Según informó El Heraldo se trataría de “un complot orquestado por personas ligadas al narcotráfico y el crimen organizado con fuertes vínculos con sectores políticos y oficiales”, que tendrían el propósito de enardecer “el ambiente de caos social e ingobernabilidad en el país, previo al proceso electoral de noviembre” de 2013.
Renato Álvarez, director de Canal 5, es un periodista crítico del crimen organizado, así como de otros aspectos de la vida política nacional. Los presuntos afectados habrían confirmado la información publicada por El Heraldo y el Consejo de Defensa y Seguridad habría ordenado iniciar investigaciones en torno a la denuncia.
El periodista Leonel García, de los programas ‘Noticias al pueblo’ y ‘Dígalo como quiera’ de Radio Discovery, en el municipio de Nacaome, departamento Valle, denunció que habría sido víctima de amenazas de muerte e intimidaciones a través de emisarios que le habrían abordado a la salida de la radio, así como de llamadas y mensajes de texto a su celular. Según el periodista, las intimidaciones podrían estar vinculadas a reportes críticos sobre temas y autoridades locales y al hecho de que este fomentaba la participación de los ciudadanos en sus espacios informativos.
Sobre el caso del periodista Leonel García, el Estado de Honduras, en su comunicación del 19 de diciembre de 2013, hizo referencia a un hecho de 2011, respecto del cual indica que “hubo una denuncia ante el Ministerio Público por amenazas y lesiones pero una vez realizada la investigación, el Ministerio Público determinó que no eran actos constitutivos de delitos, sino de faltas, al tratarse de injurias”. Añade que “no se han producido más denuncias desde entonces”
Mayo
El 4 de mayo el empresario de radiodifusión y presidente de la Asociación de Radios y Televisoras Independientes de Honduras, Elías Javier Chahín, habría sido golpeado y amenazado por tres jóvenes cuando salía de las instalaciones de las emisoras La Buenísima y Estéreo Tic Tac. Los agresores habrían amenazado con quitarle la vida. Chahín indicó que semanas atrás, en dos ocasiones, un desconocido habría rociado gasolina en su casa y le habría prendido fuego y alegó que el ataque tendría que ver con sus críticas al proyecto de reforma a la ley de telecomunicaciones. El Presidente Porfirio Lobo condenó lo sucedido y ordenó que se investigaran los hechos y que se brindara seguridad al empresario.
En comunicación de 19 de diciembre de 2013, el Estado informó que el 10 de mayo Chahín rindió declaración ante el Ministerio Público y se ordenó su evaluación física por la Dirección de Medicina Forense. Además, indicó que se habrían realizado otras diligencias, “entre ellas, indagaciones en la zona sobre posibles testigos o grabaciones de video”, e informó que “la investigación preliminar continúa para individualizar a los implicados”.
El 7 de mayo, un equipo de Radio Televisión Española (RTVE), habría informado que se retiraría del país e interrumpiría la grabación de un reportaje, debido a las amenazas recibidas por parte de miembros de “maras” (grupos criminales) durante el rodaje en la ciudad de San Pedro Sula. En relación a estos hechos el Estado de Honduras indicó que “se desconoce si fue objeto de denuncia ante alguna institución del Estado”.
El 15 de mayo la periodista Geyby Arriaga, articulista de opinión de la Revista Imagen, habría sido atacada por desconocidos, que dispararon contra el vehículo donde se transportaba junto a su esposo, en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés. El Estado indicó que “no se ha podido ubicar denuncia alguna sobre estos hechos” y solicita a la persona afectada que la presente, para “así poder realizar las investigaciones pertinentes”.
El 20 de mayo en la ciudad de La Ceiba, el periodista Ramón Maldonado, corresponsal del canal Hable como habla y presentador del programa ‘Noticias con Café’ del canal Litoral Atlántico y el camarógrafo Daniel Sánchez habrían sido víctimas de un atentado por parte de presuntos sicarios que habrían disparado varias veces contra el vehículo en el que se transportaban.
Estos no habrían sido impactados por los disparos. Maldonado habría denunciado los hechos y habría alegado que el ataque podría tener que ver con la emisión de reportes críticos sobre temas relacionados con el gobierno local. El Estado de Honduras indicó que el Ministerio Público tuvo conocimiento de estos hechos por los medios de comunicación y “se procedió inmediatamente a obtener la declaración del señor Maldonado”, sin embargo este se habría negado a presentar denuncia ante la Fiscalía.
La periodista Isabel Antúnez, reportera del noticiero ‘Última Hora’ de Nortv Tocoa Canal 38 habría sido agredida por un funcionario del departamento de Justicia de la Municipalidad de Tocoa, cuando intentaba realizarle preguntas sobre la presencia de puestos comerciales en la vía pública. En comunicación de 19 de diciembre de 2013 el Estado de Honduras informó a la CIDH que el Ministerio Público “tomó la declaración de ofendida respectiva sin embargo [la periodista] indicó que no quería problemas con nadie”. El Estado informó que se elaboró un acta en donde se le hace saber a la periodista el derecho que tiene para interponer formal denuncia en contra del Juez de Justicia Municipal.
Julio
El 4 de julio, el periodista Mario Castro, conductor del programa ‘El Látigo Contra La Corrupción’ trasmitido por Globo TV, habría recibido amenazas a través de mensajes de texto anónimos, en los que se le advertía que le ocurriría lo mismo que a su colega, al parecer en referencia al periodista Aníbal Barrow, secuestrado el 24 de junio y hallado muerto cinco días después, el 9 de julio. El Estado indicó que no se ha podido ubicar denuncia sobre estos hechos y solicita a la persona afectada que la presente, para “así poder realizar las investigaciones pertinentes”.
El 17 de julio el periodista Joel Coca, coordinador del programa ‘Más Noticias’ de Canal 12 y corresponsal de Canal 11 en la ciudad de Puerto Cortés, habría sido atacado por dos individuos, quienes lo habrían golpeado con un bate de béisbol y un arma. Sufrió la quebradura de dos dedos de la mano y debió recibir atención médica.
El periodista habría vinculado el ataque a su labor periodística, debido a que ya había recibido amenazas presuntamente relacionadas con las denuncias sobre corrupción local que realiza en su programa. Coca habría presentado una denuncia ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) en Puerto Cortés. Posteriormente el periodista habría abandonado el país junto a su familia por seguridad.
En relación con este caso el Estado de Honduras informó que el Ministerio Público tuvo conocimiento de la denuncia e inició las diligencias correspondientes pero indicó que “posteriormente el señor Coca no habría colaborado más en la investigación”.
Agosto
El 18 de agosto, la comunicadora Rosa Álvarez, administradora de la radio comunitaria Wagia, habría sido atacada por un desconocido, que presuntamente habría intentado agredirla sexualmente. La comunicadora habría sido auxiliada por vecinos de la emisora, logrando evitar la agresión. El director de la radio comunitaria, Horacio Martínez Cálix, habría afirmado que el ataque no sería un hecho aislado, sino que estaría vinculado a los contenidos periodísticos de la emisora, críticos de la realidad local. El Estado indicó que no se ha podido ubicar denuncia sobre estos hechos y solicita a la persona afectada que la presente, para “así poder realizar las investigaciones pertinentes”.
Septiembre
El 26 de septiembre el diario El Heraldo habría denunciado que sujetos armados les habían comunicado a periodistas del medio que tenían órdenes superiores de seguir al personal del medio de comunicación. Además de intimidar a los periodistas, los presuntos guardias de seguridad del Hospital Escuela Universitario les habrían impedido tomar fotografías y realizar entrevistas. Según informes de prensa, representantes del Ministerio Público habrían expresado preocupación por las presuntas intimidaciones y amenazas de las que habrían sido víctimas reporteros del diario El Heraldo y habrían iniciado investigaciones.
Octubre
El 28 de octubre el periodista Adolfo Hernández habría denunciado ante el Comisionado de Derechos Humanos (CONADEH) que su programa televisivo ‘No se Deje’ trasmitido de lunes a viernes por Telered 21, habría sido retirado del aire debido a presiones políticas, luego de que se emitieran informes sobre presuntos hechos de corrupción que involucraban a autoridades.
El comunicador habría denunciado también que en los días previos a la suspensión de su programa, había recibido amenazas de muerte. El Estado de Honduras informó a la CIDH que el caso ha sido de conocimiento del Ministerio Público y que se estarían llevando a cabo las diligencias de investigación correspondientes.
En su comunicación de 19 de diciembre el Estado de Honduras indicó a la CIDH que “respecto a las denuncias de amenazas y agresiones, el Estado se ha esforzado en investigar los casos y sancionar a los culpables, ya sean agentes del Estado o no, que han afectado los derechos de estas personas, en cumplimiento de sus compromisos internacionales y constitucionales, tomando en cuenta que es necesario que se realice la denuncia ante las autoridades para poder realizar las investigaciones pertinentes, ya que conforme al Código Penal, la amenaza es un delito público a instancia particular”.
El Estado indicó que “en la mayoría de los casos las investigaciones han arrojado que se trata de situaciones particulares que no están relacionadas con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y totalmente ajenas a su ocupación pues se han perpetrado atentados y consumado ilícitos en contra de profesionales del periodismo y la comunicación social por motivos diferentes”.
El Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, aprobada en el año 2000, establece que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
En su comunicación de 19 de diciembre de 2013, el Estado de Honduras afirmó que, tal y como lo indicó en las Observaciones al Informe Anual de 2011, “en el marco de violencia general que desgraciadamente se encuentra viviendo el país, se han producido asesinatos, atentados y amenazas a comunicadores sociales durante los últimos cinco años”.
Tal como se señaló en esas Observaciones, “el Estado de Honduras es consciente de su compromiso de garantizar la realización de investigaciones diligentes y exhaustiva sobre los hechos, respecto de lo cual, el Estado de Honduras participó en la Audiencia Pública ante la CIDH “Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en Honduras”, celebrada en octubre de 2010 y en la “Audiencia sobre la Situación General de los Derechos Humanos” de marzo 2013”.
Asimismo, reiteró que “de las investigaciones preliminares se constata que los homicidios perpetrados son producto de la delincuencia común o crimen organizado y no se ha determinado como móvil de las muertes las opiniones vertidas por los comunicadores sociales respecto al gobierno. Muestra de esa colaboración es el avance en los procesos investigativos y la judicialización de los mismos”.
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