Por Dina Meza
La misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, recomendó que como parte de las soluciones estructurales para mejorar la administración de justicia en Honduras, Jorge Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, debe renunciar o ser destituido de inmediato, esta es una de las principales recomendaciones, entregadas a la prensa nacional este 27 de septiembre.
La misión llegó a Honduras desde el domingo anterior y tiene como objetivo verificar cómo marcha la administración de justicia en Honduras de cara al examen preliminar que está abierto contra Honduras en la Corte Penal Internacional, CPI, por el crimen de persecución política.
La delegación está integrada por Luís Guillermo Pérez Casas, defensor de derechos humanos en Colombia y Magdalena Garcés, abogada querellante contra militares de la dictadura de Pinochet. Ambos se reunieron con diversos sectores de la sociedad hondureña y autoridades del Estado de Honduras para indagar sobre el tema.
Este viernes entregaron a periodistas de distintos medios de comunicación después de reunirse con representantes de diversos sectores sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, delegaciones internacionales acreditadas en Honduras y altos funcionarios del Estado de Honduras.
En la conferencia estuvo presente Wilfredo Méndez, Director del Centro para la Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH y Bertha Oliva, Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH. Ambas organizaciones son integrantes de la FIDH y han estado en la coordinación de esta visita al país.
Este es el texto completo del documento entregado a la prensa nacional:
Conclusiones y recomendaciones preliminares de la misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos en Honduras.
1.- Los elementos a destacar dentro de la institucionalidad
- Plan Nacional de Derechos Humanos promovido por la ministra de justicia y derechos humanos, conjuntamente con la sociedad civil.
- Recomendaciones del Consejo de Reforma a la seguridad pública al poder legislativo en relación con la autonomía e independencia del poder judicial y contra el decreto que faculta a las FF.AA para la creación de la Policía Militar y la propuesta de una policía de naturaleza civil y comunitaria.
- La existencia y funcionamiento del Comité Nacional para la Prevención de la tortura quien ha formulado recomendaciones sobre el sistema penitenciario y sobre cómo prevenir y sancionar el delito de tortura.
- La existencia de la Fiscalía Especializada en DD.HH y el compromiso de sus fiscales con la causa.
- Decisión de la Procuradora General de la República de desarrollar acciones de repetición (demanda civil) a agentes estatales responsables de atentados contra los derechos humanos, en implementación de sentencias de la Corte Interamericana de DDHH.
- Destacamos en empoderamiento de la ciudadanía hondureña de su derecho a la participación política, que se refleja en los 27.000 candidatos inscritos para la próxima jornada electoral y la pluralidad de partidos políticos que enriquece la democracia hondureña.
2.- Observaciones sobre irregulares institucionales
- El incremento de los ataques contra defensoras y defensores de DD.HH, líderes sociales, periodistas y comunicadores sociales. La persecución judicial a Bertha Cáceres, Víctor Fernández y otros.
- Impunidad generalizada frente a las violaciones de DD.HH. En la FEDH existen 237 expedientes por homicidios en los cuales se investiga la responsabilidad de agentes estatales, sólo 38 están judicializados. La impunidad es absoluta frente a los autores mediatos o intelectuales de los crímenes.
- Constatamos la falta de recursos y de colaboración a la FEDH por parte de otros órganos del Estado, incluyendo el propio MP.
- Hay un disfuncionamiento absoluto de la justicia, concentración de poder en el presidente de la CSJ, la politización e instrumentalización de la justicia con fines electorales.
- La ley que creó el Consejo de la Judicatura no integró los derechos y deberes de los funcionarios judiciales, ni el régimen disciplinario, ni la carrera judicial para garantizar la autonomía e independencia de la justicia. Por otra parte la integración misma del Consejo ha dejado dudas sobre la idoneidad de sus integrantes.
Recibimos denuncias de distintas autoridades y de la sociedad civil, sobre hechos de corrupción que comprometerían a muchos operadores judiciales y en particular al Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Insistimos en repudiar la manera irregular en que fueron destituidos los 4 magistrados de la Sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
- La designación por parte del Congreso del Fiscal General y del Fiscal Adjunto, no habrá respetado ni el mandato legal ni el constitucional.
- Constatamos que no existe voluntad del ejecutivo nacional y de otras autoridades del Estado de implementar y de hacer respetar el Convenio 169 de la OIT, especialmente el derecho a la consulta libre e informada, que al haber sido ratificado por el Estado hondureño tiene fuerza legal.
Nos preocupa la decisión de órganos del gobierno de contribuir a la división de las comunidades indígenas, patrocinando hechos de corrupción para desconocer los derechos de estos pueblos.
3.- Recomendaciones
1.- Desarrollar una política pública concertada con los y las defensoras de DDHH, para reconocer la legitimidad su trabajo y la seguridad que debe rodear su accionar conforme a la declaración de Naciones Unidas para la protección de Defensores/as de DDHH.
El presidente de la República debe en lo inmediato garantizar la vida e integridad de los defensores/as de DDHH y expedir una directiva para que todos los funcionarios públicos se abstengan de descalificar la labor que desarrollan.
Los procesos abiertos contra defensores/as de DDHH deben contar con garantías de un debido proceso y aquellos que han instrumentalizado la acción judicial para perseguir esta legítima labor deben ser sancionados disciplinaria y penalmente. Instamos al Ministerio Público a ceñirse estrictamente en su labor al principio de objetividad
2.- Instamos al Congreso Nacional a derogar de inmediato el decreto por el cual se establece la Policía Militar y se extiende la criminalización de la protesta social.
3.- Requerimos al Fiscal General y a los demás órganos del estado concernidos, que se fortalezca la FEDH. Además que se mantenga dentro de las competencias de la FEDH la tramitación de expedientes relativos a homicidios en que aparezca comprometida la responsabilidad de agentes del Estado.
Recomendamos a la Fiscalía General desarrollar una política de persecución penal que ponga énfasis en individualizar a los máximos responsables de los crímenes y a desarrollar macro investigaciones sobre los principales beneficiarios de los mismos.
4.- Se debe establecer por el Congreso un cuerpo técnico de investigación judicial de naturaleza civil adscrito al Ministerio Público.
5.- Las recomendaciones de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, de la sociedad civil y de otras autoridades tendientes a la desmilitarización de la institucionalidad y de la seguridad, así como de la plena autonomía e independencia del poder judicial, deben ser recogidas por el Congreso Nacional.
6.- Implementar la reforma al Código Penal que tipifique los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma, así como las normas de imprescriptibilidad e inamnistiabilidad de estos crímenes. Se debe integrar la autoría mediata de los crímenes y la responsabilidad penal de comisión por omisión en los mismos, así como sancionar penalmente el delito de odio y hostigamiento por razones políticas.
7.- Recomendamos al Congreso Nacional de abstenerse de la modificación del art. 321 del Código Penal.
8.- Instamos a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, a abrir lo antes posible en Honduras una Oficina que tenga el mandato de asesorar a las autoridades y a la sociedad civil y también el de monitorear integralmente los DDHH.
9.- A la Unión Europea, instamos a la plena implementación de sus Líneas Directrices para la protección de los defensores/as de DDHH.
10.- Invitamos al Tribunal Supremo Electoral a retirar cualquier forma de publicidad que incite al hostigamiento o al odio político o a la instrumentalización de las Fuerzas Armadas de una determinada fuerza política.
Que la Fiscalía de Delitos Electorales actúe con absoluta independencia e imparcialidad y se ciña al principio de objetividad que la debe guiar.
11.- Instamos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que del examen preliminar pase a abrir lo antes posible una investigación sobre los máximos responsables del crimen de persecución política en Honduras
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