Diario Tiempo
La misión de observadores electorales de la Unión Europea (UE) ha declarado su determinación de realizar su tarea de manera “profesional e imparcial”, en esta última etapa del proceso, hasta su culminación en las mesas electorales el próximo 24 de noviembre y la certificación de sus resultados.
La observación internacional es de suma importancia para hallar el camino de la transparencia y de la credibilidad en este proceso electoral, habida cuenta la desconfianza pública –de sobra justificada— en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en el manejo inveterado de los eventos electorales, salpicados de fraude.
Aunque duela reconocerlo, con el correr del tiempo fue expandiéndose la incultura fraudulenta, debido a la irresponsabilidad de la conducción –que no liderazgo— política, cuyo principal objetivo, ante la pérdida de la confianza popular, ha sido la especialización en marrulla electorera, bajo el amparo de una autoridad ad-hoc integrada con personeros de partido y no con magistrados independientes.
De ahí la esencialidad de la observación internacional de las elecciones en nuestro país, mal que nos pese en relación con el orgullo nacional y los principios de la soberanía, que, en este caso, conviene asumirla en términos de apoyo a la creación de conciencia ciudadana y a la afirmación democrática, sin lo cual es imposible sobreponerse orgánicamente a la truculencia vernácula de los vicios electorales.
La coordinadora de la misión europea de observación electoral, Ulrike Lunacek, ha manifestado, entre otras cosas, la importancia de que cada votante o elector participe “con la seguridad de que su voto haya sido libre y secreto”. Esta apreciación –o advertencia, si se quiere—debe tomarse con amplitud y no en forma restringida.
Con amplitud, insistimos, porque esa seguridad del ejercicio del “voto justo y libre” requiere de un análisis de todo el espectro electoral que implica, entre varios aspectos, el conocimiento de las fuentes de financiamiento de la campaña electoral, de la corruptela en el campo mediático y periodístico, del manejo del padrón electoral y del documento de identificación del votante, así como de la vigilancia y control de los resultados electorales a través de los tecnicismos cibernéticos, donde, como se dice popularmente, está la mamá del cordero.
En ese sentido, luce muy adecuada y oportuna la decisión de la UE de hacer una veeduría electoral programada en inmediato, corto y mediano plazo, precisamente para abarcar en lo posible la complejidad de este proceso, sin duda histórico para Honduras porque, de efectuarse con la debida transparencia y participación masiva, marcaría un derrotero de transformación política y social que todos los hondureños bien nacidos anhelamos y reclamamos.
Ahí está, entonces, la gran expectativa en torno a la observación internacional del proceso electoral en nuestro país, que, como está planteada, involucra, además de la UE, a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la UNASUR, al Centro Carter, y, ojalá, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).
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