El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Honduras.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido con grave preocupación informaciones de fuentes fidedignas sobre el hostigamiento judicial en contra de los líderes indígenas del pueblo Lenca la Sra Bertha Isabel Cáceres Flores, Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y los Sres. Tomás Gómez Membreño y Aureliano Molina Villanueva, integrantes de esta misma organización.
De acuerdo con las informaciones recibidas, el 20 de septiembre de 2013, el Juzgado de Letras Primero del Departamento de Intibucá dictó medida cautelar de prisión preventiva contra la Sra. Bertha Cáceres, y medida cautelar sometiendo a régimen de presentación cada quince días a los Sres. Tomás Gómez y Aureliano Molina, en la causa que se les sigue por haber presuntamente instigado a cometer los delitos de “usurpación de tierras”, “coacciones” y “daños” continuados en perjuicio de la Sociedad Mercantil Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). El Juzgado también les prohibió el acercamiento a la zona donde se produjeron los supuestos hechos delictivos. El 25 de septiembre, la defensa apeló la decisión.
Desde el pasado mes de abril, el pueblo indígena Lenca, organizado en el COPINH, se está oponiendo pacíficamente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque, ubicado en sus territorios ancestrales. El proyecto está implementado por las empresas transnacionales DESA, SINOHYDRO y el grupo FICOHSA, sin que se haya procedido a la consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas, en clara violación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por Honduras en 1995. La oposición a la represa hidroeléctrica de Agua Zarca, así como a otros proyectos similares, ha ocasionado que varios integrantes del COPINH sufrieran una serie de amenazas, ataques y actos de hostigamiento, y más recientemente, denuncias judiciales e incluso asesinatos.
En respuesta a la movilización indígena, la zona fue militarizada, y el 15 de julio de 2013 fue asesinado el líder Lenca Tomás García, presuntamente por el ejército hondureño, durante una manifestación frente a las instalaciones de la represa. La empresa DESA y el Ministerio Público acusan ahora a la Sra. Bertha Cáceres y los Sres. Tomás Gómez y Aureliano Molina de haber incitado a los miembros de la comunidad Lenca a cometer los mencionados delitos y causar daños a la empresa. La Sra. Bertha Cáceres, quien es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya está sometida a otro proceso judicial desde el mes de mayo de 2013 por el presunto delito de “porte ilegal de arma”, que habría sido puesta en su vehículo y según afirma, no le pertenecería.
Este hostigamiento judicial se desató tras una reunión sobre el proyecto Agua Zarca, realizada con el Presidente de la República y el entonces Ministro de Recursos Naturales y Ambiente, en la que no se llegó a ningún acuerdo con las comunidades pues el Gobierno hondureño habría sostenido que en este caso, no tenía la obligación de aplicar el proceso de consulta contemplado en el Convenio 169 de la OIT.
Adicionalmente, cabe destacar que el Sr. Víctor Fernández, abogado de la Sra. Bertha Cáceres y Coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, y su hermano el abogado Martín Fernández, también han sido denunciados por instigación a delinquir por la empresa minera La Victoria, tras haber investigado las supuestas irregularidades en su registro legal y actividades en el departamento de La Atlántida. El uso de esta figura penal, además de no estar fundamentado en hechos concretos, crea un precedente grave para los defensores de derechos humanos en el país, en la medida en que parece usarse para perseguir sus actividades.
El Observatorio condena el asesinato del Sr. Tomás García y manifiesta su profundo rechazo ante el hostigamiento judicial contra la Sra. Bertha Cáceres, los Sres. Tomás Gómez, Aureliano Molina, Víctor Fernández y Martín Fernández, considerando que éste se produce en respuesta a sus actividades de defensa de los derechos humanos frente a los impactos de los megaproyectos de desarrollo económico.
En este sentido, el Observatorio urge a las autoridades hondureñas a investigar con celeridad el asesinato del Sr. Tomás García y a poner fin a todo acto de hostigamiento, incluyendo a nivel judicial, contra la Sra. Bertha Cáceres, los Sres. Tomás Gómez, Aureliano Molina, Víctor y Martín Fernández, así como contra todos los líderes e integrantes del COPINH, que defienden el derecho a ser consultados sobre sus tierras, como lo establece el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:
1.- Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Bertha Isabel Cáceres Flores, de los Sres. Tomás Gómez Membreño, Aureliano Molina Villanueva, Víctor Fernández y Martín Fernández, así como de los demás integrantes del COPINH y de todos los defensores de derechos humanos en Honduras;
2.- Realizar una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial en torno al asesinato del Sr. Tomás García, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
3.- Ofrecer una adecuada reparación a la familia del Sr. Tomás García y garantizar su seguridad e integridad física;
4.- Velar por que se ponga fin a todo acto de hostigamiento - incluyendo a nivel judicial - contra la Sra. Bertha Isabel Cáceres Flores, los Sres. Tomás Gómez, Aureliano Molina.
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