Por Rodolfo Pastor Fasquelle
Las reservas expresadas esta semana por amigos extranjeros respecto a la militarización en vísperas de unas elecciones cruciales y la propaganda con que -al tiempo que se niega a firmar el pacto por la seguridad con los demás candidatos- el oficialista JOH quiere usar la imagen de las FFAA (a las que ha contagiado de politica) para hacerse publicidad partidaria ponen en el candelero otra vez el problema de la seguridad. Hay razón de alarma.
Hay que recordar que lo primero que hay que asegurar es la justicia y para ese fin, es “más importante la salvaguarda del derecho del inocente que el castigo del culpable” según dice Montesquieu. Lo que primordialmente debe proteger el Estado es la vida del ciudadano, sus bienes y derechos, su integridad personal y dignidad, bienes cada día más escasos en nuestro país.
Lo que hay aquí es una verdadera disolución del tejido y del orden social. Penetrada por redes internacionales de narcotráfico, secuestrada por la mara, Honduras está en una condición de indefensión. Al mando de políticos y facultados para ejercer la fuerza en primer término, más aun desde que --luego del golpe-- se le ordenó reprimir a la población a la que debían de cuidar, muchos policías han degenerado en clicas de delincuentes uniformados al parecer irreformables. Pero todo el aparato de Justicia -y no solo la policía- tiene que ser depurado y despolitizado. Hay que depurar también a la judicatura a la que, desde el golpe también se le ordenó mentir y falsificar documentos públicos desde la partidocracia y a los fiscales a los que entrenaron para fabricar acusaciones, e ignorar otras a conveniencia del poder político.
¿Cómo salir de esta situación? ¿Cuál es la solución? El oficialismo se rehúsa a pensar los problemas y proponer soluciones pensadas.
Con la policía militar, el oficialismo juega a la demagogia de esconder el inmenso fracaso de cuatro años de gobierno inútil. La estrategia de JOH como oferta electoral es sencilla, por no decir primaria. Le da la espalda a la historia y a la razón. Se pone un uniforme azul con muchos botones, descarta a la policía -que no tiene vehículos ni combustibles, ni llantas ni equipo de comunicación y a la cual se le incumple el pago del sueldo- y ofrece en su lugar el poder de fuego del ejército al que oferta el doble del sueldo para que se politice, olvidando que ya antes en toda la región, la desmovilización sin alternativas de militares proveyó al crimen organizado de cuadros mejor entrenados.
La fuerza y la violencia oficial no han resuelto la inseguridad en ningún lado. En muchas latitudes en nuestros tiempos se ha comprobado que es imposible remediar la disolución social por medio de la fuerza armada. No funcionó en Sudáfrica, hasta que se civilizó ni en Colombia, más que para impulsar el terror de los falsos positivos y la violación masiva de derechos. Y no ha funcionado aquí, en donde la militarización -que comenzó en Junio 2009- creció paralela al incremento geométrico de la violencia y la anarquía, aunque el abuso militar de los derechos humanos es casi antiguo. A la semana de que la policía militar sale a la calle, se detiene a tres oficiales del ejército uniformados con la mujer que raptaron para abusar sexualmente de ella.
¿Viejo cuento Rixi Mabel?
Hay que rastrear el origen, enfrentar las bases estructurales del problema y poner a la comunidad al mando de sus custodios. Prevaleceremos con inteligencia y no con fuego. Según su Plan LibRe identifica dos factores estructurales que impulsan al delito y un tercer elemento que es la política de seguridad equivocada. 1. La delincuencia del desempleado que no consigue saldar sus necesidades básicas, lo que obliga a abordar el delito como estrategia de sobrevivencia y por tanto un problema social integral. 2. La violencia que se gesta en un lucrativo comercio internacional prohibido, que debe resolverse por la vía la vigilancia de fronteras y la cooperación internacional. Los problemas de seguridad no se terminan de resolver en términos del programa social o la vigilancia de las aduanas. Pero si no resolvemos los problemas estructurales que lo subyacen, no se puede empezar a resolver el de seguridad.
LibRe tiene que asegurar la justicia. Porque como decía un embajador no hace muchos años, en Honduras solo a los descalzos muerde la serpiente venenosa de la justicia, aunque los empresarios también saben que nadie más puede protegerlos contra la anarquía que no sea el diálogo.
Por lo pronto, hay que despolitizar a las FFAA otra vez, despolitizar el sistema de seguridad y justicia, coordinarlo mejor, profesionalizarlo, desarrollar la capacidad de inteligencia de la fiscalía, especialmente para el combate del crimen organizado, supervisar los servicios privados.
Profesionalizar a cada quien en su campo, para su tarea específica. Se pierde mucho al confundir al policía con el soldado, cuando precisamente deben especializarse, la policía depurada para proteger al ciudadano y combatir la delincuencia y las fuerzas armadas para proteger las fronteras de cualquiera amenaza externa. En ese análisis se basa nuestra propuesta de Policía Comunitaria y Fuerzas Armadas en las fronteras, con la participación plena de la sociedad civil. Solo con la total colaboración y el aval de la comunidad podrá la policía depurarse y enfrentarse exitosamente al crimen y delito. LibRe se compromete a formar una policía civil depurada al servicio de la comunidad organizada, con la cual se relacionara de manera horizontal, se comunicara en forma transparente y en la cual investirá toda su confianza. Con esa asociación, la autoridad recuperara los espacios perdidos como espacios públicos y podrá otra vez proteger.
“Nuestra propuesta además” dice el Plan, pasa por el irrestricto respeto a los derechos humanos. Las fuerzas del orden publico deben !ser ejemplo de trato legal y no de brutalidad! Hoy por hoy en nuestro país no se respeta a la victima del crimen y tampoco al victimario al que se deshumaniza y brutaliza, y se envía a campos de exterminio que son como basureros humanos. Los reclusorios volverán a ser, bajo gobierno de LibRe, sitios de rehabilitación y de reinserción.
Hay que educar en la complejidad de este problema a la población para que termine de entender que solo con su colaboración se la podrá proteger y a la comunicación social que contribuye a la violencia, cuando hace amarillismo, propala estereotipos y aplaude confusiones y simplismos, animarla a que analice, a que sea reflexiva.
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