Por Oscar Moncada Buezo
Ante la posibilidad real de que LibRe gane las próximas elecciones, en adición al fuerte apoyo electoral que recibirá el PAC, cuyas opciones no deben subestimarse, es importante reflexionar cómo tal escenario activó y puso en alerta máxima al Establishment nacional. El eje neurálgico que controla los ámbitos económico, político y social del país, utilizando su dominio de la estructura militar, religiosa y mediática, –como instrumentos para sostener el sistema– se ha unido ante lo que para ellos significa una clara amenaza de perder el dominio del Estado y sus recursos. Me refiero a la implementación de acciones, legales y no legales, realizadas por el poder para perpetuarse, en claro perjuicio de los intereses ciudadanos.
Con tal propósito realizan una masiva y virulenta campaña, en la que hacen gala de fuerza para imponerse a como dé lugar, dado que ya no cuentan con ninguna justificación ética que les permita seguir gobernándonos, porque su sistema fracasó con estrépito en su obligación de brindar al pueblo unas mínimas condiciones de existencia, congruentes con la dignidad humana.
Así lo evidencian los pésimos y casi inexistentes servicios públicos que los ciudadanos de las clases medias y pobres reciben de estas gentes, quienes dilapidan nuestros impuestos en cualquier cosa, menos en salud, educación, infraestructura pública y saneamiento; con el agravante de que en cualquier momento y lugar, cualquiera puede ser víctima de la funesta ola de violencia que enluta al país, como resultado de la incompetencia y colusión con el hampa de los organismos del Estado encargados de aplicar y preservar la Ley.
Esta campaña es una muestra impresionante de la violencia simbólica y real que el poder ejerce para preservarse a sí mismo, tal y como lo explica el sociólogo Pierre Bourdieu. Usualmente, en los países civilizados esto no sería posible ni legítimo; la educación y la institucionalidad se encargan de impedirlo. En contraste, en Honduras, donde 75 de cada 100 ciudadanos viven en miseria y 45 de ellos en la más infame pobreza extrema sí se tolera que un poder así se perpetúe mediante violencia, manipulaciones y mentiras, a costa del Estado de derecho y reproduciendo la desigualdad.
De ahí que el enorme desencanto de la población proceda de la incapacidad del bipartidismo, expresada en los bochornosos resultados de todos los indicadores sociales y económicos disponibles; sin olvidar, que en el presente, esta decepción se agudiza por la inutilidad, la corrupción y los abusos del PN, quienes ahora ofrecen al pueblo, precisamente, lo que fueron incapaces de realizar como gobierno, con todo y el poder absoluto del que gozan.
Por estas contradicciones; por la indignación que se percibe en el ambiente y en los círculos sociales; por los resultados que muestran todas las encuestas, en las que el PN pierde las elecciones; y por último, porque muchos nacionalistas y empresarios pregonan sin pudor que ganarán como sea, incluso con fraude y no importando consecuencias; son todas éstas razones por las que el imaginario colectivo teme una estafa electoral a gran escala. No se trata de desprestigiar el proceso, es que los escenarios parecieran estar planteados y dispuestos para eso; un tribunal electoral cuyos magistrados solo representan a tres de nueve partidos inscritos, y en el que destaca la abrumadora influencia del PN acompañado de la DC, quienes suelen plegarse al mejor postor, en función de intereses o cuotas de poder.
Agréguese la participación en las mesas electorales de la UD, –cuyos afiches inundan con profusión nuestras calles, algo extraño para un partido tan pobre– comprometida hasta los tuétanos con los intereses nacionalistas en el Congreso; la Alianza Patriótica, fuerza que aglutina al golpismo militar, cuya existencia sería imposible en sociedades pensantes menos en Honduras; y, finalmente, el Faper, en quienes pocos confían, dados los acomodos y las ambivalencias ideológicas de su liderazgo.
En el ámbito institucional nadie duda, que la ilegal intervención –violaciones constitucionales tan graves como un golpe de Estado– en la CSJ y la Fiscalía, en tanto instancias jurídicas para apelar irregularidades electorales, las convierten hoy en el primer cinturón defensivo del sistema. Si esto falla y aún la gente, desbocada, sale a reclamar, el Establishment parece apelará a su fuerza élite, la Policía Militar, híbrido irracional de última generación de unas Fuerzas Armadas manipulables, cuyos jerarcas todos esperamos que entiendan esta vez su verdadero rol frente al pueblo, y que reflexionen que entre más se desprestigian actuando en la ilegalidad, más ponen en entredicho su existencia.
Acompañan a semejantes estrategias la música y el colorido de la intensa campaña azul, que satura los medios para captar el voto de los incautos; a ello se unen las letanías y dislates pronunciados por ONG´s de dudosa reputación y por columnistas y analistas al servicio del poder, periodistas encargados de mentir y sembrar pánico en la clase media, haciéndoles creer que perderán su casa, su empresa, o que les comerán sus hijos.
Además, como algunos expertos lo advirtieran hace meses, que en el final del proceso electoral surgirían encuestas para acercar a los perdedores, lo que ya ocurrió, entonces, a este aquelarre electoral se unió también la embajadora americana, quien –de acuerdo a Diario Tiempo– obviando su natural sobriedad, y, al margen de sus buenas intenciones y sus oportunas acciones en el país para mejorar la aplicación de la justicia, no nos sorprendió cuando vaticinó un “resultado estrecho”, mientras “sugería” que deben aceptarse los resultados, además de afirmar que pueden haber dos o más candidatos con similar cantidad de votos. Una sutil intervención, que como cierre de oro, el sistema necesitaba para justificar e imponernos su triunfo, legal o no. Por lo pronto votemos masivamente para dificultar o impedir las malas intenciones de cualquiera.
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