domingo, 1 de septiembre de 2013

Impunidad galopante: Sobreseimiento definitivo a salvajes oficiales


Fotografías: Archivo Diario Tiempo y Sandra Cuffe


Los juzgados sampedranos dictaron este lunes un sobreseimiento definitivo a favor de dos altos oficiales de la Policía Nacional Preventiva, acusados por los delitos de  detención ilegal, torturas y abuso de autoridad, en contra de Marcial Hernández, Irma Deras y el comunicador, Gustavo Cardoza.


Los oficiales de la Policía Nacional Preventiva, Héctor Iván Mejía y Abrahán Figueroa Tercero, se presentaron el miércoles anterior a una audiencia inicial al  juzgado unificado de lo penal de esta ciudad al norte de Honduras,  para  responder  por los hechos ocurridos el 14 de agosto de 2009,  en el municipio de Choloma, Cortés, a 308 kilómetros de Tegucigalpa, mientras las víctimas se manifestaban pacíficamente en contra del golpe de Estado.
En esa mismo lugar hacía cobertura periodística, Gustavo Cardoza, miembro del equipo informativo de Radio Progreso, recibió varios golpes por elementos de la policía al igual que centenares de personas que participaban en la toma de la vía que conecta  a la ciudad de Choloma con Puerto, Cortés.
Para Nohemí Dubón lideresa del Foro de Mujeres por la Vida, esta fue una  de las represiones más brutales que se registró en el marco del golpe. Comenzó con gases, disparos, persecución, luego los golpes con toletes y por último la cárcel  en contra de mucha gente que ese día presionaba por el regreso del ex presidente Zelaya.
Por su lado Gustavo Cardoza, dijo que su presencia en el juzgado era para declarar en calidad de ofendido, víctima y especialmente como periodista, “tengo la esperanza que se pueda dar una correcta aplicación de la justicia basada en  un estado de Derecho”.  Marcial Hernández miembro de la Coordinadora de Organizaciones Populares de Copa, coincidió con el comunicador al manifestar que lo que más desea es justicia.
Convergencia
En solidaridad con los perjudicados varias organizaciones populares encabezadas  por La convergencia por los Derechos Humanos de la zona noroccidental, se apersonaron al juzgado y una de las consignas que coreaban con insistencia era  “queremos justicia, no más impunidad”.

De su lado, Luis Chevez, manifestó que su presencia en el lugar no era por un acto de venganza en contra de los acusados sino una forma de detener la impunidad en el país. Como organización de derechos humanos estaremos acompañando el proceso de enjuiciamiento a favor de las víctimas y exigiendo que se aplique la ley de manera justa y objetiva, acotó.
Explicó que la audiencia inicial a la que asisten las partes  es la segunda fase del proceso del juicio oral y público, por lo que se espera que el juzgado dicte una prisión preventiva o medidas sustitutivas en contra de los policías. Lo mínimo que esperamos es que sean suspendidos de sus cargos, se les impida salir del país  y se  acerquen a las víctimas.
Sí por el contrario el juez les dicta un sobreseimiento provisional o definitivo entonces lo que reflejaría es impunidad, sin embargo el solo hecho de la presencia de las víctimas en los juzgados ya genera un indicio racional que hubo una represión ese día y que hay personas que las sufrieron.


En un comunicado que la Convergencia entregó a los diferentes medios que acudieron al juzgado ratificaron “que son solidarios con los hombres y mujeres que ese 14 de agosto se manifestaban pacíficamente en la ciudad de Choloma y que fueron reprimidos de forma salvaje por efectivos policiales al mando de los oficiales Héctor Iván Mejía y Abraham Figueroa Tercero. Cerraron con el rechazo a cualquier intromisión que ponga en precario la independencia e imparcialidad del juez que conoce la causa que se le sigue a los policías.
Otro caso
El oficial Héctor Iván Mejía también tiene otro juicio pendiente en el mismo juzgado por los delitos de incumplimiento de los deberes  de los funcionarios, detención ilegal y maltratos, en perjuicio de varias personas que resultaron heridas el 15 de septiembre de 2010 en el parque central de esta ciudad luego de otra brutal represión policial y militar.
En ese mismo incidente perdió la vida a causa de los gases lacrimógenos,  el vendedor de lotería, Efraín Hernández,  situación por la que Mejía Velásquez junto al comisionado Daniel Matamoros podrían enfrentar cargos.

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