Por Laura Gottesdiener *
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
El terrorismo es algo difícil de definir, sobre todo cuando los artefactos domésticos se convierten en armas de destrucción masiva. En abril, mientras la Guardia Nacional y la Policía de Boston buscaban en los suburbios de la ciudad a dos sospechosos de haber colocado las fatales bombas del Maratón, apareció otra historia de violencia e inseguridad colectiva.
El New York Times informó: “Los bancos que crearon arriesgadas amalgamas de hipotecas y préstamos durante el boom –del tipo que falló tan miserablemente durante el descalabro– están ocupados resucitando los mismos tipos de inversiones que muchos pensaban que habían desaparecido para siempre”.
En otras palabras, los sujetos acaudalados están de vuelta, vendiendo hipotecas depredadoras para que se combinen y se vendan en Wall Street. Incluso el Times, que generalmente es tan optimista cuando se trata de negocios, usó un tono admonitorio. “La resurrección también subraya que esas inversiones, conocidas como productos financieros estructurados, han escapado en gran parte a las nuevas regulaciones que supuestamente deben impedir una repetición de la última crisis financiera”.
¿Advertencias de una repetición de la última crisis financiera impresas en la primera plana del New York Times?
Sin embargo, a diferencia de la cobertura continua de Boston, la reacción nacional ante la amenaza de destrucción económica masiva es silenciosa. Es porque casi nadie discute abiertamente la continua crisis de ejecuciones hipotecarias en términos de terrorismo interior. Pero de eso se trata exactamente y debemos reconocerlo si queremos impedir que los bancos causen más daño.
El Departamento de Seguridad Interior tiene la definición más exhaustiva de terrorismo, que explica que esos actos deben cumplir los siguientes criterios:
El término “terrorismo” significa cualquier actividad que,
(A) implique una actuación:
(i) Peligrosa para la vida humana o potencialmente destructiva de infraestructuras o recursos claves y
(ii) constituya una violación del derecho penal de EE.UU. o de cualquier Estado u otra subdivisión de EE.UU.
(B) parezca que tiene el propósito:
(i) de intimidar o presionar a una población civil;
(ii) de influenciar la política de un gobierno mediante intimidación o coerción; o
(iii) de afectar la conducta de un gobierno mediante destrucción masiva, asesinato, o secuestros.
Si preguntáis a Helen James, una mujer de Chicago que ha vivido en las calles o en refugios, no tener una casa en EE.UU. es evidentemente peligroso para la vida humana. Cuando hablamos el verano pasado habló de hemorroides sin tratar y de dormir en bancos durante los helados inviernos de Chicago. “No quiero morir”, dijo.
Según la Coalición Nacional de Personas sin Techo, 700 personas si dirección mueren cada año solo de hipotermia.
Han muerto más estadounidenses de frío desde el comienzo de la crisis económica que en todos los ataques de terrorismo en el territorio de EE.UU. en las últimas dos décadas incluyendo el 11-S.
En cuanto al tema de la legalidad, Griggs Wimbley, residente en una pequeña ciudad en Carolina del Norte, es un experto en cómo la ola de recientes ejecuciones hipotecarias ha violado el derecho penal de EE.UU. Pasó casi un decenio investigando y luchando contra su propio embargo fraudulento. “No he visto más que engaños”, dijo. Calificó el reino de Wall Street durante los años 2000 de “una cadena criminal de diez años”.
Los cientos de investigaciones y de litigios por fraudes en los préstamos, falsificaciones (¿recordáis el escándalo de las robo-firmas?) y en las regulaciones de servicio respaldan las propias experiencias de Wimbley. Y ni siquiera menciono la violación generalizada de la Ley de Justicia en la Vivienda y otras leyes que tienen el propósito de impedir la discriminación por motivos raciales en la vivienda, que era flagrante antes de la crisis financiera.
Finalmente, Marcella Robinson y Nicole Shelton, fundadoras del grupo de base de propietarios de viviendas Mortgage Fraud NC, pueden atestiguar que todo el propósito de las evicciones es producir un temor generalizado entre los civiles. Robinson, cuya casa estaba embargada cuando hablamos, me dijo que había dormido con un bate de béisbol al lado de su cama para sentirse segura. Shelton, quien ya había sido desalojada de su casa, dijo que vivía en un “estado constante de miedo”.
¿Por qué se propondría Wall Street intimidar a millones de civiles? La justificación es que si la gente no está aterrorizada ante la posibilidad de ser desalojada de sus casas, no seguirá pagando las astronómicas deudas que al parecer son lo único que mantiene a flote nuestra economía.
Este argumento ciertamente ha influenciado la política del gobierno de EE.UU. Ed DeMarco, jefe de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda ha sido uno de los opositores más vehementes a ayudar a los propietarios de casas, advirtiendo de que el gobierno debe agitar el espectro del desalojo de cualquiera que decida dejar de pagar sus hipotecas. En cuanto al tema de “afectar la conducta de un gobierno mediante la destrucción masiva, asesinatos, o secuestros”, los banqueros no necesitan recurrir a secuestros, ya han tomado como rehén a toda la economía global.
Desde 2007, Wall Street ha desalojado a cuatro millones de familias –aproximadamente diez millones de personas– de sus casas. Millones de personas más están atrapados en actuales embargos. Durante el año pasado he oído las historias de cientos de esas familias y la experiencia es un sentimiento de inseguridad y de terror psicológico.
Pérdida de seguridad. Estado de miedo. Son las mismas palabras, las mismas frases que hemos oído expresar a gente en Boston. Si la inseguridad masiva y el terror ante el default eran lo que querían los bancos, misión cumplida. Sin embargo, a los bancos no se les acusa de terrorismo. Y sus productos financieros no se califican de armas de destrucción masiva.
Tal vez estáis pensando que no se acusa a Wall Street porque los terroristas tienen que usar bombas en lugar de bonos, porque no existe el terrorismo económico, ¿verdad? El Pentágono ciertamente lo creía cuando en 2011 publicó un informe planteando que algunas partes desconocidas pueden haber ayudado a conducir a EE.UU. a la crisis económica de 2008 mediante “terrorismo financiero”. No es sorprendente que los sospechosos del informe hayan incluido a yihadistas islámicos, a los chinos y a Venezuela en lugar de AIG o Goldman Sachs.
El mismo año, el sindicalista estadounidense Steven Lerner fue calificado de terrorista económico cuando sugirió que los propietarios de casas se unieran en una huelga hipotecaria. Los medios conservadores lo llamaron una “GUÍA DE TERRORISMO ECONÓMICO” (sí, todo en mayúsculas), mientras un congresista de Utah instó al Procurador General Eric Holder a investigar esas amenazas porque “claramente constituyen terrorismo interior”.
En otras palabras, propugnar la seguridad de los propietarios de casas equivale a actos de terrorismo, mientras asegurar la estabilidad de Wall Street –incluso si significa expulsar a la gente de sus casas y culpar a Venezuela de la catástrofe hipotecaria– es simplemente política de EE.UU.
El sitio que demuestra con más claridad ese doble rasero es Detroit, donde el gobernador de Michigan impuso recientemente un estado de economía marcial, una suspensión de la democracia para garantizar la seguridad financiera. Con un jefe financiero de emergencia dirigiendo por sí solo una ciudad de más de 700.000 habitantes, Michigan muestra que el actual problema de seguridad subyacente no es físico. Es financiero.
Como explicó el pastor local, el Reverendo David Bullock, “Ya no se trata del 68 o el 69, los tórridos veranos de los disturbios. [A los ricos] ya no les preocupa la seguridad física. Les preocupa su dinero.
El hecho de que la nación esté viviendo un terrorismo financiero generalizado no significa de ninguna manera que los ataques de Boston sean menos trágicos. Pero debería indignarnos más que los banqueros de Wall Street estén ocupados resucitando las mismas armas que usaron contra la nación hace solo unos años y que nuestro gobierno no haga nada para detenerlos.
* Laura Gottesdiener es una periodista independiente en la Ciudad de Nueva York. Ha escrito para Ms, The Huffington Post, Arizona Republic, New Haven Advocate, AlterNet, y Waging Nonviolence (wagingnonviolence.org), donde es editora asociada. Obtuvo el Premio John Hersey en la Universidad Yale por un conjunto de trabajo periodístico y fue finalista nacional en el Norman Mailer Nonfiction Award por su investigación en 2009 de lucha cuerpo a cuerpo femenina. Estuvo activamente involucrada en el movimiento Ocupa y vivió en Zuccotti Park desde octubre de 2011 hasta la incursión policial a mediados de noviembre de 2011. A Dream Foreclosed es su primer libro.
Parte del material de este artículo proviene de A Dream Foreclosed: Black America and the Fight for a Place to Call Home, que será publicado por Zuccotti Park Press.
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