Pacto: ¿De quién y para quiénes?

Radio Progreso

Luego de una campaña feroz emprendida por los magnates de la comunicación en Honduras, la mentira acabó imponiéndose como verdad y ahora se expresa en otra mentira: un pacto social en torno a los medios. El discurso de “ley mordaza” se impuso sobre la necesidad de tener una ley que rompa con el actual monopolio y control que existe de las comunicaciones.

Bajo el discurso que la autorregulación no tendrá que venir desde el Estado, diferentes sectores de medios de comunicación, periodistas e Iglesias conformaron una comisión para redactar una propuesta de un “pacto social por la libertad de expresión y una cultura de paz”. Un espacio que se convierte en una negociación desde la perspectiva política que al final eleva el perfil del candidato oficialista Juan Orlando Hernández, además de sostener la autoridad y poder de los actuales propietarios de los medios corporativos, colocando a las iglesias como moralizadoras de los medios y todo en el marco de unos acuerdos cosméticos para dejar intacta la actual estructura de distribución de las frecuencias.

Desde que se comenzó a discutir la propuesta de Ley de telecomunicaciones, por algún momento ingenuamente nació la esperanza de abrirnos a un verdadero debate para construir una nueva legislación que incluyera el papel y necesidades de las radios comunitarias, la equitativa distribución de frecuencias, ante el acaparamiento de unas cuantas familias y políticos; y una verdadera preocupación por el ejercicio de la libertad de expresión, ante la desprotección institucional que ha provocado la muerte de unos 30 comunicadores en los últimos 3 años.

Ante esa negociación que deja cartas debajo de la mesa, nos saltan una serie de preguntas: ¿en torno a qué han de sustentarse los acuerdos entre los medios de comunicación? ¿En torno a la imagen? ¿En torno a una etérea libertad de expresión? ¿En torno a una conducta moral? Se pueden llegar a acuerdos de no transmitir programas violentos y con cargas sexuales en determinados horarios, de no divulgar imágenes sobre hechos violentos. Y está muy bien. Pero el papel de los medios no está en ellos por sí mismos, sino en relación con compromisos y acuerdos que sus propietarios tomen sobre asuntos y temas conflictivos de la sociedad. Y el principal acuerdo que debería contener este pacto es el respaldo a todo proceso que conduzca a consensos mínimos en torno a los conflictos mencionados. De no ser así, el supuesto pacto no deja de ser otra carta más de los grupos de poder para seguir con sus privilegios.

Frente a esa nueva trampa disfrazada de un pacto no podemos permitir que sigan agudizando la precariedad en que vive nuestra gente. El pacto no puede quedarse desde las alturas, desde esos medios que le ponen precio a la información y que generan espacios que lejos de atacar las verdaderas polarizaciones de país se quedan en superficialidades que responden a sus propios intereses. Para garantizar el derecho universal a la comunicación, libertad de expresión y de pensamiento y los derechos básicos de la población, necesitamos pactos con consenso en torno a la lucha contra la impunidad, la educación, la salud, la problemática agraria, la política fiscal y una nueva institucionalidad del Estado de Derecho. Si no hacemos frente a estos desafíos, todo lo demás, palabras más palabras menos, no pasarán de parecerse a esa paja que se la lleva el viento.