Tras cuatro meses de diálogo el Comité por la Libre Expresión en Honduras (C-LibRe) confirmó este lunes su retiro de las mesas de discusión en las que se derivaron las reformas a la Ley Marco de Telecomunicaciones en Honduras, la razón principal: la falta de representatividad de los sectores vulnerables en las mesas de socialización.
Este lunes en conferencia de prensa el Director Ejecutivo de C-LibRe, Héctor Longino Becerra, expresó que el retiro obedece a que las propuestas de la organización ya fueron ampliamente difundidas a lo largo del proceso, pero –advirtió- que el proceso desarrollado en las mesas del Poder Legislativo no contaba con una verdadera representación de todos los sectores.
“El representante de las Naciones Unidas, Frank La Rue, recomendó que era conveniente abordar las reformas y separar todo lo que implicaba contenido con la parte tecnológica de las telecomunicaciones”, expresó Becerra, al agregar que “el Congreso Nacional hizo era lo correcto, sin embargo creemos que había debilidad representativa en las mesas de diálogo en el Congreso”.
MP debe investigar agresión de Chaín
Igualmente, Becerra se pronunció sobre la agresión que fue objeto el empresario de medios de comunicación, Javier Elías Chaín, quien denunció que representantes de esta organización lo habían amenazado por su posición en la defensa de la libertad de expresión.
“El Comité por la Defensa de LibRe Expresión, C-LibRe, rechaza cualquier vinculación de nuestra organización en el incidente sufrido por
Javier Elías Chaín, puesto que nuestra organización es respuesta de la vida y los derechos humanos en Honduras”.
Añadió que exhortan al Ministerio Público a que realicen una exhaustiva investigación del acto de agresión que sufrió Chaín, y las amenazas de muerte que penden del director ejecutivo de C-LibRe.
Según los miembros de C-LibRe, una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida en junio del 2001, con el propósito de promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras, la iniciativa inicial buscaba consensuar una Ley de Comunicaciones en Honduras, motivada por el anhelo de que el pueblo hondureño tuviera una democratización del espectro radioeléctrico.
En febrero anterior la normativa ante fue presentada ante la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos (SJDH) quien a través de la titular de la misma, abogada Ana Pineda, la entregó al presidente de la República Porfirio Lobo Sosa.
Cuatro conversatorios en Casa Presidencial
A lo largo de cuatro conversatorios realizados en Casa Presidencial, la ley en su conjunto no fue socializada y sólo presentaron algunas reformas a determinados artículos, que extraídos del contexto general y por la forma como se redactaron, generaron controversia y un rechazo en la población que la denominó despectivamente como “Ley Mordaza”.
A pesar que las reformas casi no contemplan nada de la ley original y que dicha organización fue el blanco de críticas de diferentes sectores sociales del país, C-Libre continúo apoyando la reformas por considerarlas un primer paso para efectuar cambios en una ley obsoleta, que no establece las innovaciones tecnológicas registradas en el siglo XXI, pues la misma data de diciembre de 1996.
Según los miembros de C-LibRe, la socialización y el proceso de consulta continuó “tomando en consideración que el espíritu de las reformas mantenían uno de los objetivos primordiales: lograr el reconocimiento de las radios comunitarias y la distribución más equitativa del espectro radioeléctrico”, dominado en la actualidad por cuatro grupos políticos-económicos en Honduras.
Previo a enviar la propuesta de Ley ante el poder Legislativo, todo con el propósito de lograr algunos puntos planteados que le daban mejores oportunidades a las poblaciones más vulnerables como las comunidades afrohondureños, indígenas, grupos de la comunidad LGTTBI, organizaciones comunitarias, patronatos, entre otros.
En las cuatro mesas de discusión, empresarios son mayoría
El Poder Legislativo nombró una comisión y dividió en cuatro secciones la discusión de las reformas en igual número de mesas, Ley Marco de Telecomunicaciones, la Ley de Emisión del Pensamiento, Ley Antimonopolios y la Ley de Asociación Público Privada, dentro de esas mesas se invitó con especial énfasis a empresarios de los medios de comunicación.
Por su parte, la periodista Wendy Funes, explicó que “la mesa de telecomunicaciones estaba dominada por empresarios que están explotando el espectro, eso no es malo, tienen derecho a dar su aporte, pero sólo ellos tienen un conflicto de intereses claro. Para socializar debieron incluir diversos sectores como niñez, mujer, juventud, periodistas independientes, representantes de radios comunitarias, diversidad sexual, tercera edad, en fin los grupos vulnerables a quien iría dirigida la propuesta de abrir el espectro mediante la creación de radios comunitarias”.
Según la periodista Miriam Elvir, “en la mesa de Libertad de Expresión, la discusión se centró apenas en una agenda de ocho puntos, presentada por los representantes de los medios, quienes defendieron dejando los otros temas fuera de la discusión, como el tema del Fondo de Producción Audiovisual, algo que claramente afecta sus intereses económicos”.
Según recordó, es en esta mesa donde se optó además, en una primera instancia la autorregulación, con el que se tenía previsto que cada medio de comunicación redactara su propio manual de estilo que incluyera el tratamiento de la noticia, este proceso sin embargo no causó el agrado en los grupos conservadores, mismos que han venido enarbolando una falsa bandera de defensoría por la libertad de expresión, por lo que el mismo viernes apostaron por llevar personas que no habían participado en el transcurso de las conversaciones, echando por un lado el consenso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario