Por Tatiana Félix
El estudio “La protesta social en América Latina”, divulgado el 16 de abril por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Nueva York (Estados Unidos), analizó la relación de las protestas sociales en América Latina con los sistemas políticos y situación económica de la población. Para hacer el análisis, el PNUD estudió más de 2,3 mil conflictos sociales, a través de 54 periódicos en 17 países de la región, en el período de octubre de 2009 a septiembre de 2010.
De acuerdo con el documento, Bolivia, Perú y Argentina fueron los países en los que más ocurrieron protestas en este período, con una media de 200 casos en cada uno. Por otro lado, Costa Rica, Chile y El Salvador fueron los que tuvieron menos casos, registrando cerca de 58 conflictos sociales en el período analizado.
El estudio destaca que la desigualdad social está estrictamente vinculada con las protestas sociales, sin embargo, resalta que el conflicto en sí no significa una negatividad, ni es sinónimo de guerra, siendo parte de la democracia y de la construcción de un nuevo modelo social y político en la región, caracterizándose más como un “orden conflictivo de la interculturalidad y de la diversidad consubstancial de la democracia”.
Según el análisis del PNUD, los diversos tipos de protestas y luchas sociales como defensa de los derechos humanos, manifestaciones estudiantiles, conflictos laborales, reivindicaciones de movimientos campesinos por el acceso a la tierra, demandas indígenas por el respeto a sus territorios y tantas otras movilizaciones sociales son expresiones de recuperación y fortalecimiento de la democracia, y ellos acostumbran hacer demandas que necesitan respuestas de los gobiernos como cuestiones ecológicas, por ejemplo. “La democracia es, en esencia, un orden conflictivo”, afirma.
A partir del monitoreo de los 54 periódicos evaluados en el período, el estudio observa que el conflicto social en América Latina tiene como características comunes: un contexto de estructuras de poder muy concentradas y desigualdad crónica cuestionadas por la ciudadanía; intensidad y fragmentación; tiende cada vez más a expresarse en los medios de comunicación de masas; y amplia movilización y participación social. Pero, mientras las poblaciones se articulan y se fortalecen cada vez más en la búsqueda de sus derechos, en el estudio también se demuestra que las instituciones estatales, principales blancos de los protestas, son frágiles y no tienen la capacidad suficiente para lidiar con los conflictos dentro de los marcos democráticos.
En el análisis se observa además un aumento de la movilización social a través de la web en la región, originando un nuevo espacio de articulación, principalmente para los grupos históricamente marginados y excluidos. El amplio acceso a la red también ha contribuido a la reducción de la pobreza y de la desigualdad en la última década, según el PNUD. De acuerdo con el informe, casi el 60% de las organizaciones y personas que participaron en protestas sociales en América Latina tuvieron una presencia en la web, con cifras que van del 100% de presencia en internet como en Costa Rica, hasta el 15% en Bolivia.
El estudio cree que la política constructivista es la mejor forma para procesar conflictos en las sociedades latinoamericanas, ya que el constructivismo político se basa en la pluralidad sociocultural y en las desigualdades estructurales para construir un orden común. “La política constructivista se basa en un sistema de expectativas y de reconocimientos recíprocos entre los diversos actores, respeta las diferencias, pero también permite construir nuevas identidades y opciones”, explica.
Los países evaluados fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
El estudio es parte del Proyecto de Análisis Político y Escenarios Prospectivos (PAPEP/PNUD). Para leer el informe completo en español, haga clic aquí.
Traducción: Daniel Barrantes
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