Por Oscar Moncada Buezo
El pulso que sostienen actualmente los poderes ejecutivo y legislativo con varios de los propietarios de los grandes medios de comunicación de masas, en virtud de las reformas propuestas a la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones, pareciera decantarse en favor de los empresarios. Las causas de ello son complejas y tienen que ver, por un lado, con la falta de talento del sector oficial para diseñar la iniciativa, quienes no calcularon los recursos que utilizaría el grupo más poderoso del país, representado por los dueños de los medios y sus grupos afines.
Sin mayor oposición, esta dupla de poder nacionalista había impuesto sus caprichos y sus visiones equivocadas a los gremios y al pueblo, sin embargo, esta vez, su tozudez y la gravedad de su error, al sobredimensionar los alcances de la Ley, permite a los grandes medios apoyarse en una falsa defensa de la libertad de expresión, para boicotear el proyecto con premisas falsas y quizá salirse con la suya para seguir explotando el espectro radio-eléctrico nacional, –patrimonio de todos– con las excesivas ventajas y privilegios a los que están acostumbrados.
Por otro lado, este éxito temporal de los medios, da sentido a la lógica del poder, en tanto quien lo detenta hará siempre cuanto esté a su alcance para impedir la irrupción de nuevos actores con quienes compartir los beneficios; dinero, influencias y la preservación del poder mismo. Analicemos cifras; las sumas que los partidos políticos tradicionales gastan en propaganda electoral –para usufructo de sus propietarios; esos mismos grupos de poder que les sustentan– en una campaña que involucra dos de cada cuatro años de gestión gubernamental asciende a miles de millones de Lempiras. Si se agrega el derroche en publicidad estatal, una vez que llegan al poder, se deduce que estamos en presencia de un fabuloso negocio. Millones de Lempiras diarios, de origen público, que pasan a manos de los monopolios mediáticos.
Detrás de esta indecente danza millonaria quedan, las necesidades básicas de un pueblo que vive en la indigencia, y, la urgencia de contar con medios de comunicación que faciliten la gestión social y el desarrollo democrático e institucional, lo que sólo se obtendría con una redistribución en el uso de frecuencias, que nos tome en cuenta a todos. En contraposición, la garantía para que semejante fortuna continúe circulando en una sola dirección, se basa en una bien estructurada campaña mediática que saca ventaja de la indiferencia e ignorancia que marca a la mayoría de los pobres, del oscurantismo muy difundido en las capas medias y profesional, poco afines a la lectura y estudio de las realidades hondureñas, y, finalmente, se aprovechan de la aviesa colaboración de aquellos directores y periodistas, que jamás entendieron el significado moral de la profesión que escogieron.
Esta realidad de insensibilidad e ignorancia es tan conmovedora, que hace poco, un reportero consultó a una famosa ex diputada –hoy miembro de una corporación municipal– su parecer sobre la llamada Ley Mordaza, respondiendo ella que estaba en desacuerdo con tal iniciativa, sin embargo, el entrevistador preguntó después si ya había leído el proyecto de Ley, resultando que nuestra honorable dama aún no lo había hecho. Igual aconteció con un periodista que expresaba su acuerdo con algunos de los objetivos de la Ley, en uno de los medios televisivos de mayor audiencia nacional, no sin antes afirmar que solo había leído pocos aspectos de la misma.
En consecuencia, si los personajes generadores de opinión pública más importantes del país, gentes influyentes de quienes se espera mucho, fallan miserablemente, al ignorar temas, cuyo conocimiento debiera ser parte de sus virtudes y obligaciones, qué podemos esperar del resto. De ahí la facilidad con que las grandes cadenas mediáticas manipulan al pueblo entero, utilizando la pereza intelectual de nuestros liderazgos en función de sus propios intereses.
Ante tanta falacia, es oportuno recordarles a quienes hoy se autoproclaman defensores de la libertad de expresión, aún teniendo un pasado dudoso en cuanto a la protección de tales derechos, que sus posturas son inconsistentes e hipócritas. Muchos de estos periodistas y medios, especialmente electrónicos, fueron cómplices del terrible delito que representó el golpe de Estado de junio/2009, mediante el que se terminó de destruir nuestra incipiente democracia; los niveles de violencia, impunidad y degradación de toda índole que hoy padecemos son parte de la responsabilidad de estos medios, puesto que gestaron, promovieron y defendieron la conjura, mintiendo con descaro a cada momento.
Jamás mostraron solidaridad con sus colegas de Radio Globo y Cholusat Sur, y nunca reclamaron cuando los militares agredieron a periodistas, cuando confiscaron los equipos, cuando dañaron los transmisores, ni cuando cerraron las instalaciones de estos dos medios. En el caso de la prensa escrita, en septiembre de ese año, algunos canillitas comentaban de los problemas que tenían para vender Diario Tiempo y El Libertador; a algunos se les exhortaba a no venderlos más. A otros se les invitaba a vender a extraños compradores la entrega completa de ambas publicaciones para que nadie las leyera.
Por otro lado, en la página 18 del informe final del 07/08/2009, de la Misión internacional de observación sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras, aparece el reporte sobre el comportamiento de uno de esos medios de prensa escrita que hoy reclama por la libertad de expresión, quienes fueron capaces de suprimir de la foto real del cadáver de Isis Obed Murillo, el derrame parcial de masa encefálica y sangre de su cabeza, como resultado del disparo recibido en el aeropuerto Toncontín aquel 05/07/2009. Bochorno que debieron enmendar al día siguiente al publicar la foto correcta.
¿A esos antecedentes es a lo que llaman defensa de la Libertad de Expresión?
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