Radio Progreso
El reciente asesinato de dos campesinos en el sector de Coowle en San Manuel, Cortés, revive y coloca en la mesa nacional el conflicto agrario hondureño. De un porrazo y con sangre de labriegos nos advierte sobre un conflicto que las diversas administraciones públicas han venido evadiendo y acumulando a lo largo de los últimos treinta años.
Este hecho lamentable, que además de muertos ha dejado a varios campesinos heridos, nos recuerda asimismo la proliferación descontrolada de empresas de seguridad, unas 600, de las cuales más de la mitad están actuando en la ilegalidad. La seguridad privada supera los 80 mil agentes, siete veces más que los miembros de la policía nacional.
Es precisamente esta seguridad privada la que da resguardo a las tierras que están en disputa entre campesinos, empresarios y transnacionales. Tanto el control de las empresas como el conflicto agrario son responsabilidad del Estado hondureño. La muerte de cada uno de los campesinos, que en los últimos tres años se cuentan por varias decenas, es el resultado de la ausencia de políticas públicas en el agro hondureño. Hacer frente al conflicto agrario es base fundamental para la paz en Honduras. Mientras se quiera resolver con parches o desde la perspectiva del alto empresariado y las transnacionales, el conflicto aumentará, y la sangre la seguirá poniendo el sector más débil, es decir el campesinado hondureño.
¿Qué dicen los medios corporativos? Que lo campesinos son invasores y que la paz social y la propiedad privada están siendo amenazadas por grupos desestabilizadores. ¿Y a CAHSA, Azunosa, Miguel Facussé, Jorge Canahuati en qué categoría se les coloca, si el mismo INA ha establecido que ocupan tierras muy por encima de lo establecido en la legislación agraria? ¿Solo los campesinos son invasores? ¿Solo los campesinos desestabilizan el país? ¿Las empresas azucareras y los altos agroindustriales son estrictos cumplidores de la ley? ¿Son estas empresas las únicas bondadosas mientras los campesinos son perversos y antisociales? Estas empresas tienen quien las defienda y ellas tienen un inmenso poder para defenderse y atacar, ¿y a los campesinos quién los defiende?
La necesidad de una transformación agraria aumenta en el marco de la crisis política e institucional que atraviesa el país. En Honduras se rompió toda la institucionalidad existente y la ley del más fuerte se hace sentir con mayor furia en el campo hondureño. Si antes no había una política pública que volviera los ojos al campo, en medio de estos conflictos parece que esa oportunidad se esfumó.
Antes de seguir preguntándonos ¿cuántos más deben ser las víctimas de este conflicto de tierras?, abogamos por la construcción de un nuevo pacto social que inevitablemente priorice la actual tenencia de la tierra. Dar pasos hacia este camino se convierte en la salida para avanzar en este atolladero de violencia y muerte en el que nos mantienen atrapados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario