Por Gustavo Zelaya
La discusión sobre una nueva ley de telecomunicaciones ha hecho que aparezcan opiniones muy diversas sobre sus alcances, sus limitaciones y sobre qué tipo de intereses están en juego. Al parecer no hay criterios firmes y el debate puede ir para largo. Incluso, supuestos "expertos" en el asunto no han podido argumentar con solidez acerca de los distintos aspectos de esa ley. Hay muchos opiniones en juego y algunos sostienen que es una conjura del gobierno que trata de regular el contenido de la información, de pretender que exista una normativa moral en la comunicación; hay posturas muy radicales que sostienen que se quiere implantar una censura; otros cargados de ingenuidad dicen que hay que hacer de los medios instrumentos de cultura hasta el muy remoto amago, imposible en las condiciones del sistema social vigente, de democratizar el espectro radioelectrónico, esto último es lo que menos quieren los patrocinadores oficiales de esa ley. Incluso, vemos cosas sorprendentes y muy curiosas. Un dirigente de Libertad y Refundación, "experto" en el tema ya que estuvo al frente de CONATEL, demuestra que sabe muy poco de esta trama o quiere aparentar ignorancia en la cuestión; es desautorizado públicamente por enredar el asunto y querer convertirlo en una circunstancia electorera. Algún día tendrá que explicar cuál fue su papel en esa entidad.
Y lo curioso, sea por falta de organización y preparación o por creer que una ocurrencia es suficiente para hablar de temas delicados, hemos visto una relativa coincidencia entre la postura de los empleados de los medios que respaldaron el golpe de estado con la propuesta de algunos voceros de LibRe. Casi en coro sostienen que quieren aplicar la ley mordaza y atentar contra la libertad de expresión. Desde los medios considerados al servicio de la oligarquía se afirma que el intento de socializar la nueva ley ha fracasado y que "todos" la rechazan". Otros comunicadores de la llamada prensa independiente, supuestamente alternativa, consideran que la ley no atenta contra la libre expresión y que tiene aspectos positivos. Y para cerrar el círculo, la propuesta inicial presentada por C-LibRe ha sido totalmente modificada, provocando que esta organización se retire de las mesas de discusión. Es decir, se impone el criterio de los "defensores" de la ley de expresión y se deja de hablar de la ley de telecomunicaciones. Más o menos así está el ambiente de la disputa de moda. La confusión generada es otro aparente velo.
Dentro de todo ese debate sobre la ley de telecomunicaciones hay que tomar en cuenta que en el sistema capitalista y mucho más con el auge del neoliberalismo, gran parte de los medios de comunicación están organizados y funcionan como empresas con costos de producción, con inversiones, y su meta fundamental es la obtención de la mayor ganancia con el menor costo. Es decir, la apariencia es divulgar información, formar opinión, pero su esencia tiene un sentido mercantil, requieren capital y contratos para enfrentar gastos de funcionamiento y para dotarse de tecnologías adecuadas. La forma en que se mueven eso medios en el llamado "mercado libre" no es tan diferente a cualquier otra mercancía. Alguien pone precios y vende mercancías sin importar la calidad del producto. Las relaciones de mercado se dan también en el campo de las comunicaciones y en la circulación de la información. Tal situación ha dado paso a unas prácticas en donde la simulación es lo fundamental y lo importante toma aspecto de superficial y, por tanto, es invisibilizado.
Mientras tanto, alguno de los heroicos "defensores" del derecho a la libre expresión forman filas en el Colegio de Periodistas, en la UCD, están dentro de Pro Vida, en los sindicatos patronales de los poderosos dueños de medios, en el partido liberal; todos ellos son los mismos que promovieron la censura golpista y el cierre de los medios de comunicación que no se plegaron al golpe de estado.
No tiene que sorprender a nadie que la Ley de Comunicaciones que se apruebe en el congreso sea distinta a la propuesta original, que el proyecto de C-LibRe haya sido modificado de tal forma que no se altere nada y que sea otro instrumento legal para proteger los intereses de las grandes empresas de la comunicación. Ese acomodo y manipulación es un hecho, pero hay algo que puede rescatarse y es un mérito del debate, el consuelo de siempre, es que al menos se ha logrado abrir la discusión sobre la soberanía que debe existir en el espectro radioelectrónico. Y tal cuestión podrá incorporarse en la propuesta de gobierno que presente el partido LibRe; podría ser uno de los contenidos de la transformación nacional, siempre y cuando no se busque el consejo del "experto" y se tengan presentes los intereses populares y de las comunidades identificadas con La Resistencia Popular y con el ideario político de LibRe.
En este intento del gobierno sucesor del golpe de estado para poner en práctica una de las recomendaciones de la comisión oficialista de la verdad, aparecieron distintas organizaciones patronales censurando a Lobo y a sus compinches, y en parte todo ello sirvió para ocultar a sus titiriteros que no son más que los grupos oligárquicos que dominan en las comunicaciones, la televisión, los medios impresos y radiofónicos, y que se han apropiado de las frecuencias hasta creerse dueños absolutos de la comunicación y la información. Esa concentración del sector de las telecomunicaciones en unas cuantas empresas, sobre todo Televicentro-Emisoras Unidas-Audiovideo-RMedia-Vicatv, que parecen acordar productos, estilo y beneficios y que, en la discusión actual se pudo ver que sus diferencias son mínimas, ha posibilitado que controlen un gran porcentaje del mercado de tal forma que la participación de otros medios con menor poder económico se vuelve muy complicado. De hecho, esa concentración se efectúa en tres empresas, ya que las dos primeras son de los mismos accionistas. Esto significa que la libre competencia no es tan significativa y no es más que una ilusión.
A eso tres grupos de la comunicación se les han adjudicado alrededor de 113 canales de televisión y más de 100 frecuencias de radio. Este dato puede ayudar a entender el porqué de la rabiosa "defensa" a la libre expresión, sirve para entender el despliegue verbal y los "heroicos" pronunciamientos de los hombres y mujeres a sueldo de esos conglomerados de la comunicación; y esa "democrática" defensa de la libertad de expresión, que en el fondo es la defensa de los intereses mediáticos de la oligarquía, será más agresiva y violenta cuando en el futuro un gobierno progresista, que apunte a transformar las relaciones sociales, se proponga como uno de sus objetivos de gobierno la democratización real de las telecomunicaciones, esa que haga factible la incursión del pueblo en ese espacio social por medio de las radios y televisoras comunitarias y con otras formas de propiedad mediática y que se pueda lograr la soberanía en las comunicaciones.
Todo esto permite entender la escala del disgusto y de las rabietas que los empleados de estos medios han desprendido y siguen haciéndolo contra cualquier intento de democratizar el espectro radioelectrónico y estarán en abierto rechazo contra cualquier esfuerzo futuro por democratizar y lograr la soberanía nacional sobre las comunicaciones.
Ese oligopolio existente en nuestra golpeada Honduras, esa forma de expresarse el monopolio, ha demostrado que tienen la capacidad suficiente de convertir el periodismo y a las comunicaciones en un rentable negocio, en otro objeto de compra y venta, pero también es una de las herramientas más poderosas del sistema neoliberal para imponer políticas, para poner en práctica el chantaje y la extorsión, como cualquier otro grupo delincuencial, para lograr contratos de publicidad, disfrutar de exenciones tributarias, apoderarse de una parte del presupuesto estatal, aumentar sus riquezas, amenazar y golpear al poder político cuando no acate sus exigencias. Para esa forma nacional del crimen organizado no existen límites ni reglas jurídicas que se opongan a sus influencias ni a su dominio. Todo se compra, todo tiene precio y los derechos a la libre expresión, a la libertad de pensamiento, el derecho a la vida, a la igualdad, a la circulación de personas, a la organización, a la gratuidad de la justicia, a la presunción de inocencia, derechos económicos y políticos. Todo eso puede ser atropellado cuando los intereses de los grupos dominantes sean tocados; y esos mismos derechos y otros que existan, también pueden ser defendidos por ese oligopolio cuando las conveniencias así lo indiquen.
Podemos suponer que se necesita alcanzar la democratización del espectro radioelectrónico y a las telecomunicaciones y se pueden mencionar muchas razones; por ejemplo, gran parte de los medios de comunicación fomentan la vulgaridad, la incultura y hacen apología de la criminalidad; han penetrado las conciencias individuales con la propaganda hasta hacernos proclives al consumismo innecesario y al despilfarro de los recursos naturales; nos acostumbran a la violencia y nos muestran como fenómenos naturales, casi biológicos, a la corrupción, la impunidad, la miseria; y es tanta la superficialidad en los medios que ahora también nos hablan del espectro radioelectrónico como un recurso natural al que todos tenemos derecho. Nada más falso. El derecho está en pocas manos, en los que detentan el poder económico y político, y todos esos elementos enumerados son fenómenos sociales, históricos, por tanto, no son eternos y pueden ser superados con unas mejores relaciones de convivencia, con respeto y equidad, que nos conduzcan al buen vivir.
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