Radio Progreso
Por Elías Cornejo
La crisis de la CoVID-19 nos afirmó lo que muchos ya sabíamos: vivimos en un país enormemente desigual. Está situación no desconocida por un sector de estudiosos de la realidad sorprendió a la mayoría de una población que vive en una burbuja idílica de supuesta prosperidad económica y que despertó sabiendo que 1 millón 300 mil panameños (28.89%) viven en vulnerabilidad social.
El manejo poco preciso por parte del gobierno puso al descubierto la inoperancia de una estructura gubernamental carcomida por la burocracia, la corrupción, el clientelismo político y el nepotismo. A la fecha 120, 313 casos confirmados de infección y 2491 fallecidos. Desde el inicio de la Pandemia en Panamá, según los datos oficiales debemos hacer dos puntos de inflexión. Entre la primera semana con 676 casos y la semana 19 con 7835 la media nos da en 4255. 5 casos por semana. Sin embargo entre la semana 20 y la semana 29 (hasta el 26 de septiembre) la media es de 5696 casos por semana. Entre la semana 1 y la 19 la cantidad de pruebas por semana (la media) fue de 12.587 por semana, mientras que entre la semana 20 y la semana 29 fueron 27.739. La velocidad de propagación entre la semana 1 y la semana 19 fue de 26.25, mientras que entre la semana 20 y la 29, la velocidad de propagación es de 23.6. Cómo vemos la variación no es tan sustancial cómo al final comunican las autoridades, la media de contagio sigue siendo alta.
Ya van al menos cuatro casos expuestos de contratos amañados por montos impresionantes, 168 millones para medicamentos por parte de la Caja del Seguro Social y 48 millones para comprar respiradores móviles a sobre costos de 48 mil dólares por unidad casi al inicio de la Pandemia. El sobre costo en la construcción de un hospital modular superior a los 6 millones de dólares se suma a un manejo del dinero de forma discrecional y deja al descubierto la enorme deuda en salud que se tiene. A eso sumemos el clientelismo denunciado en el manejo de las ayudas por parte de funcionarios como el Vicepresidente y Ministro de la Presidencia, diputados, alcaldes y representantes, miembros del partido gobernante y familiares.
La respuesta a la Covid-19: endeudamiento y despilfarro.
En un año el gobierno de Cortizo y el PRD sumaron 6, 432 millones de dólares en deuda pública. Esto hace que el Estado tenga 33,579 millones de dólares de deuda “soberana”. Contrario al discurso oficial el endeudamiento no es por la Covid-19. Ceca del 51 % de este monto de 12 meses se contrajo entre julio de 2019 y febrero 2020 (3220 millones), el restante 49% se contrajo después de marzo por 2472 millones de dólares. Esta exorbitante tendencia al endeudamiento contrasta con la limitada ayuda a las familias de 80 dólares mensuales (al inicio) y que luego aumento a 100 dólares. La increíble apuesta por apoyar a las empresas y pagar saldo de deuda contraída (con más deuda) nos lleva entender que la deuda social no es prioritaria, y queda demostrada en el manejo de los fondos, que han servido para pagar “voluntarios políticos” o los llamados “botellas” (con puestos en ministerios, entidades autónomas o en la misma Asamblea). La presidencia gasto en plena Pandemia 10 millones de dólares en “alquiler de vehículos de lujo “todo terreno” con la excusa que era más barato que comprarlos.
Bajo todo esto se cierne la amenaza de las medidas que exigirán los organismos internacionales por los préstamos adeudados (como aumento de la edad de jubilación privatización de la seguridad social, la salud, la educación-ya en proceso-, aumento de impuestos). La corrupción ya se hizo más evidente en la misma Autoridad del Canal de Panamá (ACP) entregada a la dirección de uno de los cuadros más siniestros del partido gobernante. A todo esto los poderosos medios de comunicación social guardan silencio oficioso, pero con una agenda que tiende a promover la ruptura con la partidocracia tradicional y apoyar la candidatura de un supuesto “outsider” independiente –tipo Nayib Bukele-. Sin embargo este sigue apoyado por las cúpulas de poder económico con la agenda del sistema. Cambio de cara, misma agenda. Transición aceptada por las masas cansadas de los mismos políticos que les han mentido por 30 años. Esta situación amerita un análisis más profundo que no podemos hacer en este escrito.
En medio de esta realidad insolidaria, aparecen otras situaciones que han quedado ocultas para la mayoría de la población la cada vez más notable problemática del agua, el manejo arbitrario por empresas transnacionales y nacionales de la crisis por encima de las disposiciones del gobierno (Minera Panamá, COPA), la crisis medio ambiental, la insalubridad, la poca descentralización real de los municipios y el tema que queremos señalar: los migrantes invisibles.
La cotidianidad solidaria de los invisibles.
Panamá pasó de ser un país de tránsito a ser país destino. Y esto paulatinamente se va convirtiendo en una situación de conflicto social potencial, como lo demostró “la pequeña crisis de los nicaragüenses que se repatriaron y los 400 venezolanos que retornaron a su país. Existe una población migrante que, según datos extraoficiales es superior al millón de personas, de las cuales 700 mil estarían en condición irregular, la crisis se ahonda más al ser una población invisible, ajena a las escuetas ayudas proporcionadas por el gobierno y mucho menos a los servicios médicos. No hay hasta ahora datos de test a este sector poblacional (independientemente de su condición irregular, en este momento debería primar su carácter de seres humanos y su derecho a la salud).
Pero los fallos no únicamente han estado de parte del gobierno, las instituciones de ayuda también han mostrado limitantes para responder a la crisis. Ya sea por presupuesto, carácter de su servicio o simples fallos en la lectura de la realidad a esta población la ayuda no ha podido llegar de manera constante.
Han sido los grupos de migrantes –regulares e irregulares- organizados o espontáneos los que en muchos casos han socorrido a este segmento poblacional, independientes de las estructuras consideradas oficiales. Es lo que Pierre Bordieu (O poder simbolico,1989) entendía como la influencia de la coyuntura en la lectura de los sistemas simbólicos y los modos de actuar, punto que también señala Anthony Giddens (La Constitución de la sociedad, 1986) y por ello los actores, a los que él considera competentes y conscientes de su cotidianidad, deben ser reflexivamente seguidos para poder entender las nuevas condiciones de cotidianidad nacidas de la coyuntura actual.
Una coyuntura donde las redes sociales, aun con su banalidad presente, han sido reconvertidas en canales de interacción para la solidaridad, al margen de la normatividad, la legalidad determinada por el Estado o lo que llamamos sociedad. Un nuevo lenguaje o modo de comunicación surgen en medio de esta realidad que evidentemente los organismos que establecen el qué, el cómo y cuándo ayudar no han sabido leer. La legalidad choca de frente con la cotidianidad y esta le supera en su capacidad adaptativa, toda vez que estos tejidos sociales construidos en el “día a día” de la necesidad van dos pasos adelante.
Grupos de colombianos, venezolanos y nicaragüenses (algunas veces de manera conjunta) han respondido a la urgencia de la emergencia. La actual situación de la CoVID-19 debe obligar a pensar más allá de la misma crisis en sí. Debe ser revisada como un hecho violento que ha trastocado los modos de vida de la ciudad y el campo e incluso las mismas relaciones sociedad- estado. Para quienes experimentan la crisis (y esto incluye a la totalidad de la sociedad) el orden precedente ha sido roto, sin embargo, aún no hay un “después”. Los acuerdos, los límites, los controles han dejado de ser válidos. Este acontecimiento disruptivo ha creado su propio marco espacio-temporal definido por la velocidad con la que se rehacen las reglas de intervención en la realidad.
Este “momento”, es importante pues posibilita un rehacer las condiciones del pacto social vigente, al ubicarse no en un antes o después, sino en un “durante” (la crisis). Obviamente está marcado por el antes (los modos normativos de relación) y el después (lo que vendrá de la negociación). Dicho esto, la invisibilidad hacia los migrantes irregulares, obligó a su propia visibilización, a través de acciones que han desafiado las condiciones normativas.
Esto obliga a los organismos que trabajan con relación a ellos a reaprender de estas irrupciones e interacciones que han propiciado un cambio en el modo de verse por parte de algunos de ellos al pasar de las identidades nacionales a un “nosotros” más amplio, una alteridad respetuosa de lo que son pero que irrumpe como oportunidad de recomponer los modos de hacer y ser de quienes aportan en el acompañamiento de estos grupos. Lo que implica aprender:
· Que incidencia política se puede ejercer en quienes tienen protagonismo en la negociación y decisión.
· Los nuevos modos de colectividad y organización y por ende en el modo de crear sistemas comunicativos alternos a los “oficiales”.
· Empoderar para exigir nuevos modos de afrontar las coyunturas disruptivas de la realidad, el aprendizaje de la cultura del riesgo, la disciplina, la democracia interna, el aprendizaje de modos de inserción y reaprendizaje social, son puntos que deben entrar en el acompañamiento de estos grupos. La verdad es que la crisis de la CoVID-19 nos presenta una oportunidad de replantear a los organismos de ayuda a los migrantes en su ser y hacer para así poder ayudar en incidir en la conciencia de la sociedad política y en la comunidad de movilidad humana, aprovechando su protagonismo y promoviendo su capacidad para responder, negociar y producir un nuevo modo de estar en este contexto empoderándose y recuperando su dignidad que permita reactivar la interacción de los actores que construyen este mundo vital.
No hay comentarios:
Publicar un comentario