jueves, 19 de noviembre de 2020

La transparencia de la corrupción


Defensores en Línea

Todo fue friendo y comiendo. El gobierno virtual que ejerce la dictadura enmascarada actuó a la velocidad de la tormenta tropical ETA. Y como un rayo fue creada la secretaría de “transparencia” en medio de la oscuridad climática.

El decreto 111 del consejo imaginario de ministros fue publicado en La Gaceta y bajo la lluvia fue juramentada el 9 de noviembre María Andrea Matamoros, hija del operador del fraude electoral de 2013 y 2017.

“Desde el primer día de mi Gobierno hemos fomentado la cultura de la transparencia, tanto dentro del Estado como en el ámbito civil”, dijo Juan Hernández Alvarado. Falso. Desde el primer día de la dictadura en 2010 se ha fomentado el robo de los recursos públicos a todo nivel, en complicidad con organizaciones sociales sobalevas. Y las pruebas sobran. Ahí está el atraco al Seguro Social, el ordeño de la secretaría de agricultura, el pillaje a los fondos de la Covid y la mascarada a través de ONGs domésticas de la familia dictatorial. Encima, ya le tiraron el ojo a los fondos de pensiones de los trabajadores. Todo por una sociedad más injusta…

El impostor también recordó que, en el segundo día de su segundo periodo, el 29 de enero de 2014, firmó un acuerdo con Transparencia Internacional único en el mundo. Falso. Firmó por imagen pública, no para ser transparente. La siguiente acción fue aprobar la ley de secretos y destruir la ley de acceso a la información pública, regresando al viejo esquema chafarótico de guerra fría. Pusieron toda la información pública en calidad de reservada o confidencial los muy perversos.

“Somos impulsores de la Convención contra la Corrupción que “firmamos” en Lima, Perú, recientemente, dijo el dictador. Falso. Firmó, pero no ratificó, y además desmontó la Misión de la OEA contra la corrupción y limpió a los delincuentes de cuello blanco que habían sido descubiertos por la MACICH. Hoy Honduras encabeza el índice continental de percepción de corrupción. Ni siquiera pasa el examen de sus propios amigos gringos en la Cuenta del Milenio creada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Hernández añadió que Honduras pasó de ser un Gobierno Abierto a un Estado Abierto y que impulsa otras iniciativas más”. Falso. El consejo de seguridad y defensa fue convertido en gobierno cerrado que tiene los candados puestos alrededor de la garganta del Estado cerrado. La ciudadanía no puede penetrar. Ni siquiera el tal instituto de acceso a la información pública.

El dictador habló de ese modo cuando juramentó a María Andrea, el 9 de noviembre, como un paso de consolidación institucional. Falso. Honduras no tiene ni instituciones ni credibilidad, lo que sufre es una dictadura que se reparte los recursos y se paga los favores. La familia Matamoros hizo el trabajo sucio del fraude junto a Lisa Kubinski y la teniente Fulton. Y Andrea es beneficiaria de ese botín.

“Es importante que esta Secretaría acompañe todo este proceso de la reconstrucción nacional que coincide con los efectos de la pandemia del covid-19 y los de la tormenta Eta” precisó el chef del régimen. Falso. La estructura fue pensada justamente para engatusar a la cooperación internacional a donar en base a estas dos tragedias. Un oficio que bien conoce la elite corrupta de Honduras.

En 1998, Flores Facussé, se recostó en el cardenal Oscar Andrés y en el cascarón del fonac para socavar la acción creíble del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares, que estaba atento a las acciones de Gabriela, Tomás, Gustavo y otras lámparas que no han sido juzgados por manosear la solidaridad internacional post Mitch. Caflofa envió un proyecto de reforma al Congreso para destruir el Comisionado.

“María Andrea, confiamos en usted, en su equipo, y estoy seguro de que esto marcará un antes y un después en la vida del país”, dijo el Sisimite. La misma paja decía el presidente del Mitch. ¿Y en qué terminan? Ni siquiera reconstruyen mucho menos transformar. Representan una élite fracasada que hunde la nación en la desigualdad y la condenan a emigrar.

El Consejo Nacional Anticorrupción fue el primer organismo de sociedad civil en reaccionar a esta patraña. “Esa secretaría no va encaminada a generar transparencia ni a combatir corrupción, sino a disminuir las capacidades de las instituciones que luchamos contra este flagelo”, publicó el CNA el 10 de noviembre.

El Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el CNA son reemplazados en sus funciones y en sus presupuestos por la secretaría de los Watson. En respuesta, el CNA dispara al blanco:

“Las autoridades estatales piensan minimizar los indicadores obtenidos en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional y la reprobación constante del portal de transparencia del Poder Ejecutivo, por lo que es claro que la reducción de la opacidad no es un tema que pretendan implementar, sino que debilitar.

Lamentamos completamente la costumbre del actual gobierno – dice el CNA — de aprovecharse de las situaciones de calamidad y de la distracción mediática para crear elefantes blancos, además de valerse que la ciudadanía está inundada para la publicación de un decreto que ni entre los mismos secretarios de Estado fue socializado”.

Y en la misma línea, el 12 de noviembre, el llamado ente contralor, el tribunal de cuentas, aceptó que no se dio cuenta de la operación “Matamoros”. Hoy el Tribunal concluyó que ese parto es paralelo a sus funciones y en muchos casos se lo traga, se lo come. Sobre todo, en el presupuesto. Con su candidez habitual, el TSC pide la derogación del PCM 111 a la dictadura que él integra y que si no lo hacen entonces irá en amparo a la Corte de su dictadura.

Bueno, es por este tipo de acciones que el Estado de Honduras – para vergüenza de la Nación – ahora en 2020 recibió 200 recomendaciones en el examen periódico universal de los derechos humanos, 50 más que la última vez. ¡Miserables, canallas!


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