Radio Progreso
Por Joaquín Mejía
Para responder esta pregunta es necesario tomar en consideración tres premisas fundamentales:
Primera premisa
La Constitución de la República en su artículo 59 establece que el fin supremo de la sociedad y el Estado es la persona humana, lo cual constituye un deber para este último de generar las condiciones necesarias para que la dignidad y los derechos humanos se realicen plenamente.
En otras palabras, el Estado es un instrumento que sirve y existe en función del bienestar de su población, y como lo señala la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia recaída en el Recurso Administrativo acumulado 157, 160, 164 y 169-08 del 11 de agosto de 2008, “el Estado sólo debe existir, en última instancia, para proteger los derechos fundamentales”.
Segunda premisa
En virtud del derecho internacional vigente, el Estado tiene la triple obligación de respetar, proteger y satisfacer los derechos humanos. Respetar consiste en la no interferencia estatal en la libertad de acción y de uso de los recursos propios de las personas para satisfacer sus necesidades. Proteger exige la prevención de amenazas o ataques a los derechos, así como la imposición de sanciones a los responsables; y satisfacer implica tomar medidas efectivas para permitir que las personas gocen de sus derechos, especialmente cuando no sean capaces de hacerlo por sí solas.
En particular, la obligación de proteger adquiere una enorme relevancia frente a un fenómeno natural como el huracán Eta, debido a sus consecuencias devastadoras para la vida y la propiedad de las personas. Por tanto, el Estado está obligado a protegerlas antes, durante y después del mismo, lo cual conlleva tres responsabilidades concretas: prevenir, reaccionar y reconstruir.
La responsabilidad de prevenir implica, por un lado, que el Estado debe implementar un plan de acción que reduzca el impacto de un fenómeno natural, especialmente en los territorios históricamente vulnerables; y, por el otro, que las instituciones como COPECO alerten de forma temprana a las personas sobre la aproximación de un fenómeno natural y disponga de todos los medios necesarios para garantizar su vida e integridad.
En este contexto, surgen dos preguntas:
¿Qué se hizo con los más de 500 mil millones de Lempiras que llegaron a Honduras para su reconstrucción después del huracán Mitch y para levantar una infraestructura sólida y efectiva en los territorios más vulnerables con el fin de evitar el agravamiento de los daños provocados por un nuevo huracán?
A pesar que desde el 1 de noviembre el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos lanzó una alerta sobre el peligro que representaba el huracán Eta para Honduras, ¿por qué COPECO decretó alerta roja hasta el 4 de noviembre y pidió a la ciudadanía evacuar las zonas más vulnerables del valle de Sula hasta el día 5?
La responsabilidad de reaccionar obliga al Estado a reconocer su imposibilidad de atender eficientemente un desastre natural y pedir asistencia a otros Estados y organismos internacionales con el fin de obtener ayuda humanitaria y cooperación para la reconstrucción.
Sin embargo, se deben tener en cuenta dos aspectos:
Vivimos bajo un régimen autoritario y corrupto, lo cual no solamente se ha evidenciado en los múltiples casos de corrupción que incluye el desvío de alrededor de 100 millones de Lempiras destinados a enfrentar la pandemia del Covid-19, sino también en la impunidad absoluta de la que gozan las personas corruptas debido a la falta de independencia e imparcialidad de todo el sistema de justicia.
La alta desconfianza ciudadana en las instituciones que manejarían y vigilarían la gestión de los recursos. De acuerdo con el más reciente sondeo de opinión pública del ERIC-SJ, el 85,7% de la población tiene poca o ninguna confianza en el Congreso Nacional; el 84,3% en el gobierno central; el 80,3% en la Corte Suprema de Justicia; y el 75,9% en el Ministerio Público.
La responsabilidad de reconstruir implica la existencia de voluntad política del Estado de garantizar que los recursos brindados por la cooperación internacional sean destinados a una reconstrucción y rehabilitación sustentable del país que asegure que los territorios afectados por el huracán Eta sean habitables y seguros para sus pobladores y pobladoras.
No obstante, nadie con un poco de conciencia y decencia en este país cree que un régimen como el de Juan Orlando Hernández tiene un compromiso genuino para liderar un proyecto de reconstrucción nacional si él y su grupo son responsables directos de la grave crisis política, institucional, cultural, ambiental y de derechos humanos que enfrentamos.
Cuánta razón tiene el FOSDEH de pedir a la cooperación internacional en un comunicado del 5 de noviembre que considere “la posibilidad que el apoyo pueda ser canalizado a través de organizaciones locales, iglesias y otras instituciones que puedan garantizar una mejor distribución de estos fondos”.
Tercera premisa
Es necesario recordar que este Estado que ha incumplido con su obligación de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas antes, durante y después del huracán Eta, provocando graves pérdidas humanas y materiales, no es un ente per se ni una simple ficción, sino que tiene nombres y apellidos, cuyos poderes y facultades son ejercidos por personas físicas concretas que actúan o deberían actuar de acuerdo con las obligaciones derivadas de la Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos.
Obviamente, la formación y llegada del huracán Eta no es culpa del régimen de Juan Orlando Hernández ni de Max González, ministro de COPECO, pero sí tienen responsabilidad de no haber alertado y ordenado una evacuación temprana frente a la amenaza que dicho fenómeno natural representaba para la vida, la integridad y la propiedad de las personas. Estas dos acciones reflejan lo mínimo que podía esperar la ciudadanía de un Estado que tiene como fin supremo a la persona humana.
Por ello, es necesario analizar las actuaciones de todos los funcionarios y funcionarias respectivas a la luz de sus responsabilidades de prevenir, reaccionar y reconstruir, con el fin de determinar el nivel de responsabilidad civil y penal por las pérdidas humanas y materiales de la población afectada por el huracán Eta.
Conclusión y propuesta
Es claro que Max González, como ministro de COPECO, tenía una posición de garante de la vida, integridad y propiedad de las personas ante a la amenaza concreta que representó el huracán Eta, y, en consecuencia, tenía la obligación de actuar para evitar lesiones a esos bienes jurídicos importantes. Al no hacerlo, su omisión puede ser equiparada a la acción que produce muerte y daños a la propiedad. En este sentido, se le puede atribuir el resultado trágico provocado por el huracán debido a su conducta omisiva.
Considerando que, de acuerdo con el Índice Bertelsmann 2020, Juan Orlando Hernández reconvirtió a Honduras en una autocracia, es imperativo que la oposición política y la ciudadanía con valores democráticos nos articulemos estratégicamente dejando a un lado los protagonismos, egos e intereses particulares para promover incansablemente tres acciones:
La renuncia de Juan Orlando Hernández, de Max González y del resto de funcionarias y funcionarios que volvieron a demostrar su negligencia e incapacidad para cumplir con su deber de proteger a las personas.
El inicio de una investigación penal por parte del Ministerio Público debido a las muertes y daños a la propiedad que pudieron evitarse y reducirse si los funcionarios y funcionarias responsables hubieran cumplido con su deber de alertar de forma temprana a la ciudadanía.
Una campaña mediática para que toda la sociedad conozca los nombres, apellidos y rostros de todos aquellos funcionarios y funcionarias que tienen responsabilidad en esta nueva tragedia nacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario