Por Sandra Rodríguez
En la capital del Golpe de Estado del 28 de junio de 2009, las voces policiales dieron nueva orden de confinamiento casi absoluto, ante la impotencia gubernamental de gestionar acciones para frenar una crisis sanitaria que afecta directamente al país, desde hace tres meses.
Este encierro domiciliar ha distraído al pueblo de otras pandemias amparadas en la impunidad y se ha afianzado el poder económico, militar y político, como dominante en todos los espacios sociales, mientras el pueblo agoniza sin tener acceso a un sistema de salud público digno -en este caso- por el Covid-19.
En el lento sistema de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos del golpe de Estado, mantiene pendiente la investigación y castigo para los autores materiales e intelectuales de casos como el allanamiento a la oficina de Red Comal en Siguatepeque, el juicio oral y público contra cinco policías torturadores que atacaron a 24 personas el 12 de agosto de 2009; y el asesinato del líder político Orlando Castañeda, quien denunció persecución y hostigamiento de parte de policías y autoridades municipales de Talgua, Lempira, y fue asesinado cruelmente por desconocidos el 30 de diciembre del 2013.
Para explicar los sucedido en junio de 2009 se crearon dos comisiones “la Comisión de la verdad y reconciliación” auspiciada por el gobierno continuador del golpe representado por Porfirio Lobo Sosa, y la “Comisión de Verdad” que presidió la defensora de derechos humanos Elsie Monge Yodier. Esta última recomendó la dignificación de las víctimas y fortalecer la lucha de ellas y de la sociedad en su conjunto.
Asimismo, el informe presentando en abril de 2013 “La voz más autorizada es la de las víctimas”, con 1966 testimonios de víctimas del golpe de Estado, recolectados y documentados por la Comisión de Verdad y organizaciones defensoras de derechos humanos entre ellas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), insta a investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales identificados en el documento.
El golpe de Estado de 2009 volvió a reunir a los grupos de poder militar, empresarial, religioso y político, que ya la historia los incrimina en delitos de lesa humanidad, amparados en la impunidad.
¿Quiénes deben pagar por las violaciones a los derechos humanos del golpe de Estado de 2009? Defensoresenlinea.com consultó al analista político Víctor Meza, sobre el tema, y de manera directa respondió que deben pagar los autores intelectuales, los que emitieron las órdenes de atacar al pueblo, los políticos, empresarios y militares, coincidiendo con los mismos actores denunciados permanentemente.
En cuanto al manejo de la situación de casos de violaciones a derechos humanos en estos once años, Meza afirmó que el Estado hondureño saldría aplazado, al igual que ha salido en otras evaluaciones de organismos internacionales que han presentado informes y situaciones de derechos humanos en Honduras.
“Aunque desde antes del golpe de Estado, el tema de derechos humanos ya era de relativa precariedad –pero- a partir del 2009 el protagonismos militar se ha incrementado, también la percepción y la realidad de la impunidad castrense y oficial con respecto a las violaciones de derechos humanos”.
Detalló que, los actores que dieron el golpe de Estado si bien están personificados en los militares, pero políticamente están en los empresarios, líderes religiosos, dueños de medios de comunicación y dirigentes políticos tradicionales que todavía están en el escenario controlando los hilos más sensibles del poder, por lo tanto son los mismos que violaron los derechos humanos por medio de los militares y que en este momento siguen gobernando en Honduras ¡son impunes y nadie los ha castigado! al contrario siguen violando los derechos humanos.
Es así que, no solo deben pagar los que ejecutaron el crimen del golpe de Estado, también deben pagar los autores intelectuales de ese Golpe orquestado contra el pueblo hondureño, la institucionalidad y la democracia.
Aunque pase el tiempo, el día de ver la justicia “es una aspiración colectiva, a veces silenciosa, a veces soterrada, pero la aspiración de ver el día que se haga justicia está latente en el corazón de la gente, en la mente de los ciudadanos y en la conciencia de todos aquellos que estamos conscientes que el pueblo hondureño merece un país mejor, une verdadera república y que los responsables de la situación en que nos encontramos reciban el castigo que se merecen”, agregó Víctor Meza.
Cabe señalar que, al no haber castigo, estos hechos se repiten a diario y en la actualidad lo vemos en la crisis sanitaria por el Coronavirus, en el trato a los privados de libertad, los enfermos en los hospitales y las represiones contra el pueblo que se manifiesta en las calles exigiendo alimentos.
Acompañamiento hasta el final
Más de cinco mil personas denunciaron ser víctimas de violaciones a sus derechos en pleno golpe de Estado, existen casos a la espera de que se juzgue a los responsables, aunque en el trayecto de la búsqueda de justicia, se ha coludido el Poder Judicial, el Ministerio Público y las fuerzas militares y policiales, “como jugando al cansancio, pero no lo van a lograr”, afirman las víctimas.
Karol Cárdenas, procuradora de derechos humanos del COFADEH, narra cómo desde la institución que representa Berta Oliva, han acompañado y representado a víctimas de violaciones a derechos humanos en diferentes regiones del país.
Específicamente en casos donde agentes de la seguridad pública mediante el uso excesivo de la fuerza cometieron graves violaciones a derechos humanos en el marco de movilizaciones pacíficas en el año 2009, violentando derechos y garantías como derecho a la vida, libertad personal, integridad física, manifestación pública y libertad de expresión.
La abogada penalista denunció que en estos 11 años de acompañamiento a las víctimas, no existe verdadera aplicación de justicia, al contrario, se ha evidenciado un inoperante Sistema Judicial y Ministerio Público, pues la mayoría de estos casos están en un proceso de investigación, y en los que se ha logrado abrir un proceso penal contra los violadores se les ha ido disminuyendo los delitos y responsabilidad penal, creando un ambiente de impunidad.
A diferencia, cuando se trata de casos contra víctimas hay un Ministerio Público inquisidor solicitando las penas más graves y acumulación de delitos. Aquí el papel del Poder judicial accede a las peticiones y las familias de víctimas son revictimizadas.
La espera de las víctimas
El 30 de julio de 2009 estuvo teñido de violencia militar y policial a nivel nacional, más de 300 personas fueron víctimas de los peores ataques en el departamento de Comayagua, incluso con la presencia de la coordinadora general del COFADEH, Berta Oliva, en la posta policial de esa ciudad al centro del país, se continuó atacando a las víctimas.Hay fechas que acrecen de tiempo, la memoria no olvida, el pueblo sigue denunciando, más cuando se acerca el de junio como punto de partida para recordar que la justicia no llega.
“Creí que me iban a matar, yo digo ¿qué fue que me salvó, porque yo no podía ni subirme al carro (comando militar), me tiraron en la paila del carro, con mis manos imposibilitadas no podía incorporarme, la gente como era mucha la que llevaban se estaban parando en mí, los -agentes- Cobras empezaron a tirar bombas lacrimógenas en el comando donde me encontraba, estaban furiosos, como endemoniados”, relató una de las víctimas a la Comisión de Verdad.
Mietras que el ataque llegó hasta defensores de la Red Comal, en Siguatepeque, desde ahí se denunció la represión que sufrió la manifestación contra el golpe de Estado que se efectuó este día en la carretera Panamericana (CA-5) a la altura de la “Cuesta de la Virgen”.
Allí, las tropas del ejército atacaron como a sus peores enemigos a los y las manifestantes desarmados. Según testigos que denunciaron al momento, más de 30 personas, entre ellas Carmen López, Ileana Rodríguez, Emilia Sánchez, Nancy Karina Estrada, Irma Yaneth Castro. Carmen López e Ileana Rodríguez son dirigentes de Red Comal.
Los mismos agentes COBRA, bajo el mando de Elder Madrid Guerra torturaron a un grupo de manifestantes reunidos en Tegucigalpa el 12 de agosto de 2009, este es uno de los casos que espera ver a los policías (algunos ya en retiro y con medidas mínimas sustitutivas a la prisión) José Ventura Flores, Estela Esperanza Ramos, Juana María Alvarado, Suyapa Marina Elvir y Carlos Isaías Polaco, quien era miembro de la ya desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).
Conversamos con víctimas de estos policías, una de ellas es la profesora Mabel Flores, quien al inicio del proceso ella y sus compañeros, eran los “victimarios”, situación que les afectó en su vida laboral, familiar y personal.
Mabel considera que es el factor para dar largas a este caso, que acompaña el COFADEH desde el momento de la detención en las celdas de los COBRAS, es que en Honduras hay un poder absoluto de una narco dictadura instaurada después del golpe de Estado, es una sola persona sobre los tres Poderes del Estado, bajo las ordenes de Juan Orlando Hernández, además de los órganos represores que están a sus órdenes.
La espera de las víctimas y sobrevivientes para que se aplique justicia, es un tiempo incierto, declaró Mabel, porque “los torturadores siguen libres y nosotros encerrados en nuestras casas, pasamos en constante zozobra por la agresión contra el pueblo de parte de policías y militares. Las Fuerzas Armadas están únicamente para proteger los bienes de la narco dictadura”, reiteró.
Aunque pase el tiempo, y con la excusa de la pandemia por el Covid-19 se ha suspendido la actividad judicial, la docente opositora al régimen espera que algún día les resuelvan la demanda de justicia, “que esto no se quede impune como la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos, que paguen lo que nos hacen constantemente porque fuimos víctimas directas en el 2009”.
Por su parte, la defensora de derechos humanos que filmaba las agresiones de ese 12 de agosto, Alba Ochoa, recordó que se manifestaban amparados bajo el Artículo 3 de la Constitución de la República que dice “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios procedimientos que quebranten o desconozcan lo que la Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos”.
“Nuestro caso del 12 de agosto de 2009 es un caso emblemático, y es de los pocos casos que se ha logrado judicializar y documentar con pruebas irrefutables de las violaciones a los derechos humanos. Y a pesar de ello no se ha logrado que los implicados sean llevados a juicio, por el contrario, han sido premiados como a Elder Madrid Guerra quien fue el Coordinador del operativo y fue ascendido hasta el grado de Comisionado General de la Policía”.Lamentó que desde hace años convocan al grupo y su representante legal (Karol Cárdenas-COFADEH) a audiencias que se cancelan el mismo día y hora que son citadas, solamente para darle largas y que no se haga justicia, esto demuestra que el Sistema Judicial es cómplice de un sistema de impunidad.
El COFADEH logró demostrar la inocencia de las 26 personas –incluso menores de edad, campesinos, indígenas y tercera edad-, los sobrevivientes exigen justicia y el acceso al derecho a réplica para reparar el daño sufrido en su honor, prestigio y dignidad, porque la información publicada en los medios de comunicación fue falsa “y pedimos a todos los espacios de televisión, radio y prensa, donde se publicaron esas mentiras, que se realice la correspondiente aclaración y en idénticas condiciones”.
Otras petición es que “los policías que violentaron nuestros derechos humanos, sean llevados a juicio oral y público, ya que logramos demostrar con pruebas, que fuimos detenidos ilegalmente, que no cumplieron con el debido proceso, que fuimos torturados, golpeados y secuestrados, ahora los jueces han desestimado la mayoría de estos delitos y solamente están quedando con el delito de vejámenes con la clara intención de que este delito pueda ser conmutable y que no vayan a la cárcel y por lo tanto quede en la impunidad”.
La voz de las víctimas se une en el dolor y solidaridad, también se exige investigación por Orlando Castañeda, reconocido opositor a la dictadura nacionalista que en 2013 denunció ante el COFADEH que la policías y autoridades municipales de Talgua, Lempira, lo hostigaban, atendiendo la denuncia se informó que una delegación del Ministerio Público fue a hacer las investigaciones respectivas, y a las pocas semanas, fue ejecutado por varios hombres armados, que además incendiaron su vehículo, con un empleado dentro, además era acompañado por una de sus hijas.
Por lo que, las víctimas del golpe de estado del 2009 exigen que se judicialicen la muerte de los cientos de compañeros y compañeras que denunciaron en su momento, y aquellos casos que por temor permanecen aún en el silencio, así como la liberación que los compañeros que continúan procesos penales o están en cárceles de máxima seguridad.
A su vez lamentan que continúa el hostigamiento a través de una desprotección total, con la corrupción estatal que ha dejado vulnerable al pueblo en medio de una pandemia que está matando a la gente, y por la negligencia gubernamental continúa la contaminación sin acceso a salud oportuna.
Aunado a ello, la eminente entrada en vigencia de un Código Penal que ampara a los corruptos de un Estado, cuya prioridad es comprar más patrullas en vez de medicamentos y la entrega en parte del país a empresas extranjeras que roban al pueblo con exagerados cobros como el servicio de energía eléctrica, donde son colombianos los que cobran, cuando se supone que Honduras es un productor de energía.
Esta década en búsqueda de justicia no permite cansancio. La lucha es permanente contra cualquier forma de dominación, desde el hostigamiento, persecución, venta del país a pedazos, pero los perpetradores no han podido borrar la memoria, como es una de las apuestas del COFADEH que permanece firme junto a las víctimas de crímenes de lesa humanidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario