Diputados acusados llegaron a la Fiscalía de turno
Ante la fiscalía de turno del Ministerio Público se presentaron los cinco diputados que fueron acusados después de convocar y celebrar una sesión extraordinaria, en la que abrogaron del decreto legislativo 130-2017, contentivo del nuevo Código Penal.
La diputada Doris Gutiérrez y los diputados David Reyes, Luis Redondo, Tomas Ramírez y Jorge Cálix son acusados de los delitos de Usurpación de Funciones, Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los Funcionarios y Delitos Contra la Forma de Gobierno.
De acuerdo a la defensa de los diputados, la acusación carece de legitimidad puesto que en ningún momento el Congreso Nacional y su Junta Directiva sometieron al pleno la decisión de autorizar a la abogada Karen Lorena Márquez Barahona como representante legal del Poder Legislativo y presentar la denuncia contra los parlamentarios.
A lo anterior, se agrega que la acusación contra los diputados fue presentada con los delitos contenidos en el Código Penal de 1983 y no con los establecidos en la nueva normativa penal, lo cual es un acto incoherente de la Junta Directiva del Congreso Nacional, asegura el abogado Carlo Jiménez.
“Los acusan por cinco delitos, de los cuales dos ya no existen el nuevo Código Penal –violación a los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad-, es simplemente una acción para intimidar y perseguir a los diputados de oposición, eso no le quita a la gravedad al asunto, recordemos que es la misma dictadura que gobierna el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público, en cualquier momento pueden generar acciones, aunque no sea en base a ley”, manifiesta Jiménez.
En las afueras de la Fiscalía, la diputada Doris Gutiérrez expresó que “no tenemos ningún temor, estamos aquí para decirle al pueblo que no hemos cometido ningún delito y lo más importante es lo que le está pasando a la población con la aprobación de leyes totalmente contrarias a los intereses del pueblo hondureño”.
Por su parte, el congresista David Reyes dijo que la junta directiva del Congreso Nacional está buscando inhabilitarles políticamente: “hemos logrado un precedente de lo que pude hacer la oposición en unidad, podemos no solo lograr la abrogación del nuevo Código Penal”.
En tal sentido, los abogados defensores de los diputados y organizaciones de derechos humanos, en un comunicado de prensa, indicaron que la solución es la inmediata abrogación del decreto 130-2017 y la construcción de un nuevo Código Penal con la participación amplia de los diversos sectores de la sociedad hondureña que recoja las diferentes aspiraciones, garantizando la participación real de la ciudadanía y que se logre un cambio estructural en el sistema punitivo del país”.
Tras presentar la acción apersonamiento, la defensa legal de los diputados reiteró que la sesión extraordinaria del pasado 24 de junio se realizó amparada en los artículos 190 y 191 de la Constitución de la República, siendo que el último en mención establece que “un número de cinco diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República, cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito, impidan su instalación o la celebración de sus sesiones”.
“A pesar del autoritarismo que impera y los intereses políticos, esperamos que la Fiscalía va a actuar de manera responsable, una vez que escuchen a nuestros representado, tendrán que darse cuenta que no hay méritos para la denuncia presentada y debe ser desestimada”, puntualizó el abogado Carlo Jiménez.
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