Por Riccy Ponce
Luego que un grupo de pobladores instalaran un retén de bioseguridad en el municipio de Santa Elena, en el departamento de La Paz, donde retuvieron a elementos de la Policía Nacional por no presentar documentos que indicaran que no eran portadores de coronavirus, estos procedieron a acusar a los pobladores.
Los oficiales denunciaron a los pobladores supuestamente por privación injusta de la libertad, a pesar de que ellos fueron los que intentaron entrar con engaños a la zona.
Luego de dos audiencias, para los pobladores la situación en la que se encuentra por el toque de queda, donde no se puede trabajar y es escaso el trasporte, decidieron conciliar, expresó Clemente Martínez.
“Nosotros no podíamos seguir en esta situación porque la pandemia cada día a aumenta, y nosotros no tenemos recursos ni para comprar mascarilla, el trasporte es difícil y hay que andar detrás de lo que tiene carro, por eso al final decidimos conciliar porque de alguna manera nosotros somos los más afectados al final”.
“Ellos querían una indemnización de 60 mil lempiras, pero el abogado como trabaja con estrategias, al final la conclusión es que solo le vamos a dar 15 mil lempiras. El problema es que la ley para nosotros no existe, usted sabe que uno que es chuña siempre todo está en contra al final”.
Martínez explicó que la situación es muy difícil para ellos porque “no hay trabajo y aquí es complicado y en este tiempo es muy difícil, las audiencias seguían y a la larga nosotros no tenemos dinero para pagar abogado”.
Finalizó diciendo que “para nosotros la Constitución dice que ante la ley todos somos iguales, pero en la realidad es mentira”.
Para el abogado Fausto Cálix, quien representó a los 16 pobladores, expresó que “no es nada extraño esto, no solo viene sucediendo en este municipio, si no que en realidad en todo el país donde se utiliza el poder cognitivo del estado para criminalizar y judicializar la protesta social, la protesta estudiantil en general”.
El abogado añadió que somos un país que constantemente viola esas garantías y derechos humanos, en ese sentido soy del criterio que no se debió haber llegado a esta situación, a interponer o presentar un requerimiento fiscal”.
Cabe señalar que en el proceso se incluyó a una persona que no estaba en el país desde hace tres años y a pesar que se pudo demostrar que no participó en el hecho, el proceso contra el joven sigue abierto, demostrando así la incompetencia de la investigación de las autoridades con las personas de escasos recursos, como son las comunidades indígenas lecas.
Los pobladores tienen hasta el 24 de agosto para pagar la cantidad establecida mediante la conciliación.
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