Estos días “La historia de Honduras puede resumirse en una lágrima”, tal vez el llanto sea uno de los hilos que une los días de Rafael Eleodoro Valle con los que hoy estamos vivimos. Nos llevan de golpe y lágrima en esta pandemia.
En medio de las angustias por el Coronavirus, brotan nuevos dolores como el secuestro de tres garífunas de la comunidad de El Triunfo de la Cruz y la condena a casi tres años de cárcel a la diputada y Comisionada en condición de retiro, María Luisa Borjas, por el delito de calumnias constitutivas de difamación, en perjuicio del empresario Camilo Atala.
Según organizaciones defensoras de derechos humanos, su acción fue contraria a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ella simplemente compartió información que ayuda al debate nacional sobre la situación de impunidad y la participación de funcionarios policiales, militares, profesionales del derecho y empresarios en el asesinato de Alfredo Landaverde, el Fiscal Orlan Chávez y la reconocida lideresa indígena Berta Cáceres.
Para nuestro compañero, Joaquín Mejía, experto en derechos humanos la intención de Borjas no era dañar la imagen del empresario, sino poner en debate público una información de interés general. Al tiempo afirma que el informe es público y que de acuerdo la Convención Interamericana de los Derechos Humanos no hay responsabilidad de parte de la diputada, sino que era el empresario, el que debía probar que ella tenía la intención de dañarlo. Algo que la defensa del empresario no hizo en el juicio.
Estamos nuevamente ante una decisión de la Corte Suprema no sustentada en lo jurídico sino en “esa sensación de ternura que produce el dinero”. Algo que bien se sustenta en el sondeo de Opinión pública del ERIC, donde se establece que para el 80 por ciento de la población cree que los magistrados, jueces y fiscales defienden los intereses de los ricos y poderosos, y los intereses de los corruptos. Una afirmación que está sintonía con que el 80 por ciento de la población no tiene confianza en la Corte Suprema de Justicia y un 74 por ciento considera que la corrupción está muy extendida en dicha institución.
La condena de la María Luisa solo reafirma la necesidad de seguir fortaleciendo la articulación de todos los sectores sociales para echar ese grupo de criminales disfrazados de funcionarios públicos cuadrados con la dictadura financiera. Cada día los caminos se cierran, pero cada día puede ser una oportunidad para abrirlos. El mejor regalo para el país es que todos aportáramos una hora cada día a pensar y accionar en abrir caminos a la crisis que hoy vivimos. El encierro es una sentencia a muerte.
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