Página/12
Por Darío Aranda
Cien investigadores de doce universidades públicas alertan sobre la situación de los pueblos originarios ante la pandemia. Falta de acceso a la salud, agua y alimentos. Violencia, discriminación y modelo extractivo.
La Covid-19 y la cuarentena agravaron todos los aspectos de vida de los pueblos originarios de Argentina. Es una de las conclusiones de una investigación inédita, en la que participaron más de cien académicos de doce universidades públicas. Afirman que en los últimos meses se agravaron los desalojos, la violencia y, destacan, la ayuda estatal no llega en tiempo ni forma. Recuerdan que las comunidades indígenas tienen dificultades para acceder a la salud y hasta para hacerse de agua para consumo. Puntualizan sobre las consecuencias del extractivismo y del genocidio que aún no tuvo reparación.
Más de cien académicos de treinta grupo de investigación (muchos de ellos del Conicet) de doce universidades acaban de publicar la investigación “Efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia Covid-19 y del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en los pueblos indígenas en Argentina”, donde se describe en detalle la situación de las comunidades originarias de las regiones Metropolitana, Pampeana, Noroeste, Noreste, Cuyo y Patagonia.
“Esta coyuntura agrava la situación de desigualdad socioeconómica, la irregularidad en la posesión de las tierras que habitan, la histórica invisibilización, estigmatización y, en ocasiones, criminalización asociada a su condición sociocultural”, afirma la investigación. Y advierte sobre la “profundización y exacerbación de situaciones de racismo, discriminación, violencia verbal y física hacia los integrantes de los pueblos originarios, a través de acciones arbitrarias, y/o graves abusos por parte de funcionarios de diversos organismos públicos, instituciones sanitarias y/o fuerzas de seguridad”.
Señala que el ASPO es una medida “necesaria para evitar la expansión del virus”, pero remarca que la consecuencia inmediata fue “la paralización del empleo y una abrupta retracción de los ingresos de los integrantes de los pueblos indígenas, en gran medida informales, influyendo radicalmente en su economía comunitaria (…) los pueblos indígenas son los sectores en mayor situación de precariedad estructural tanto socioeconómica como cultural y los que sufren en mayor grado los efectos de la pandemia y el ASPO”.
El trabajo, de 500 páginas, aborda la coyuntura, pero también realiza una clara vinculación del presente con aspectos estructuras que afectan a los pueblos originarios: “Muchas comunidades ya venían siendo afectadas por situaciones vinculadas a dinámicas extractivistas en los territorios, como la expansión de la frontera agraria con los consiguientes desmontes, el uso de agrotóxicos, la megaminería y la explotación de hidrocarburos, entre los principales, con fuertes efectos ambientales, epidemiológicos y en sus condiciones de vida en general”. Los investigadores cuestionan: “Paradójicamente son esas actividades las que se encuentran entre las exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en Argentina, por tratarse de actividades definidas como esenciales”.
Respecto a los problemas vinculados a la alimentación, resalta que en muchas comunidades se consume agua de pozo o reservorios contaminados, que generan diversas enfermedades. Señalan dificultades para acceder a la entrega de mercadería que realizan instituciones oficiales y el “desmedido aumento” de precios de los alimentos. Y remarcan que se repiten casos de comunidades indígenas que tuvieron dificultades para acceder al cobro del IFE.
El informe precisa recomendaciones para mejorar la situación de las comunidades. Comienza por la exigencia del “efectivo cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios” previstos en la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), el Convenio 169 de la OIT, legislaciones nacionales y provinciales. “Exigimos la efectivización del derecho a la consulta de carácter vinculante y el Consentimiento Libre, Previo e Informado, previsto en las diversas normativas”, remarcan e instan a, de forma urgente, generar mecanismo de participación para las organizaciones indígenas.
La investigación retoma un reclamo histórico de las organizaciones indígenas: “Consideramos necesario que el Estado Nación repiense (o quizás inaugure) nuevos formatos en el vínculo que históricamente ha tenido con los pueblos originarios. Esto implica discutir y tomar una posición clara frente a una historiografía que sistemáticamente ha negado su presencia misma y, desde ya, el genocidio hacia los pueblos indígenas de nuestro país”.
“La responsabilidad del Estado (en sus diferentes niveles) en tal genocidio es central y las consecuencias de su histórico accionar violento no solo continúan, sino que en el contexto actual del ASPO, como hemos visto, se agravan. Es clave diseñar una agenda pública que implique una reparación histórica. Entendemos que debe conformarse un fondo de reparación histórica destinado a los pueblos originarios”, afirma la conclusión de la investigación.
Entre las instituciones académicas que participaron de la investigación figuran el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), el Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP), la Cátedra de Extensión Rural de la Universidad del Comahue, el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral, el Instituto Interdisciplinario Puneño (UNCA), La Escuela de Antropología y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (ambos de la Universidad de Salta) y la Red del Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas (Gemas), entre otras.
Agua y enfermedades
Todas las campañas de prevención de coronavirus hacen hincapié en la importancia del lavado de manos. “La falta de acceso a servicios de agua, no solo en cantidad sino también en calidad, y de elementos básicos de higiene limitan la posibilidad de contar con condiciones de salubridad para hacer frente a la pandemia”, afirman los investigadores sobre la situación indígena y puntualizan en la inexistencia de infraestructura en las zonas rurales para el abastecimiento de agua potable y la carencia de fuentes seguras para el consumo (por los altos niveles de contaminación). También precisan que los pueblos indígenas son afectados por tuberculosis, chagas, desnutrición, anemia y parasitosis, así como enfermedades crónicas como la diabetes y constantes gastroenteritis. “Se suma el dengue que se encuentra en un pico estacional”, alertan.
La investigación describe que la modalidad de educación virtual casi no existe entre las comunidades indígenas, con el agravante de que eso ha llevado al abandono de los estudiantes indígenas. “Este contexto ha venido a subrayar las desigualdades históricas” respecto a los pueblos originarios, afirma el trabajo.
El informe abarca el análisis de comunidades de los pueblos Qom, Mbya, Moqoit, Mapuche, Guaraní, Tupí Guaraní, Avá Guaraní, Kolla, Diaguita, Diaguita-Calchaquí, Wichí, Huarpe, Quechua, Aymara, Nivaclé, Tonokote, Omaguaca, Tastil, Günün a Küna, Comechingón, Comechingón-Camiare, Ocloya, Iogys, Chané, Tapiete, Chorote, Chulupi, Sanavirón, Ranquel, Wehnayek, Atacama, Lule, Quilmes, Mapuche-Pehuenches, Tehuelches, Mapuche-Tehuelches, Selk‘nam, Haush y Selk‘nam-Haush.
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