miércoles, 29 de julio de 2020

Al no cumplir sentencia, el Estado es cómplice de la violencia contra las comunidades garífunas


Miriam Miranda coordinadora de la Ofraneh.

De forma tajante y con un profundo dolor, Miriam Miranda coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh, condena el abordaje que medios de comunicación dan al secuestro de los cuatro líderes garífunas de la comunidad del Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida.

Para Miranda, la mayoría de medios en el país ganan audiencia presentando cifras y cuerpos descuartizados, ocultando la raíz de un problema que lleva años matando a su pueblo que está luchando de frente contra empresas extractivas y el crimen organizado que opera en sus territorios.

“Han montado una cortina de humo y tienen al país esperando ver los cuerpos sin vida”, dijo señalando que los medios que hoy victimizan a la comunidad, han sido incapaces de reconocer su lucha, especialmente la que ganó cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encontró internacionalmente culpable al Estado de Honduras por violar sus derechos.

La Ofraneh condena el secuestro de los dirigentes garífunas y exige se les respete la vida. Así mismo, repudia que el Estado lejos de cumplir con el mandato de la Corte Interamericana, continúa entregando el territorio a empresarios para su explotación, permitiendo, además, operaciones ilícitas del crimen organizado en la zona.

Recrudecimiento de la violencia

A  pesar del confinamiento que vive el país por la pandemia del Covid-19,  los hechos violentos no han cesado. Según el Observatorio de la Violencia de la universidad pública, en los meses de la emergencia se registra 18 masacres, 25 en total durante el 2020, dejando un saldo mortal de 107 personas asesinadas.

“Preguntémonos, ¿quiénes tienen permiso para circular en los toques de queda? Preguntémonos”, insistió la lideresa advirtiendo que la respuesta está en el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos criminales interesados en controlar los bienes y recursos del pueblo, especialmente de las comunidades garífunas.

Según la Ofraneh en 2019 unos 16 garífunas fueron asesinados, en su mayoría, muertes vinculadas a la defensa del territorio. Durante la emergencia por la pandemia (4 meses), más de cinco hechos violentos (secuestros, asesinatos), se han registrado en las comunidades garífunas, ubicadas en el litoral atlántico.

El dirigente Edwin Fernández de Río Tinto en Tela, fue asesinado el 20 de mayo, cuando impidió que desconocidos ingresaran a su comunidad. Era el responsable del portón que instalaron para regular el ingreso vehículos y personas con el fin de evitar la propagación del Covid-19.

El 19 de junio fue encontrado sin vida Antonio Bernárdez, un anciano que lideró la lucha de la comunidad de Punta Piedra en Iriona, Colón ante la invasión impulsada por el General Castro Kabus en 1992. Esta comunidad junto al Triunfo de la Cruz presentó ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), una demanda contra el Estado de Honduras por violar los derechos colectivos de las comunidades. En 2015 la Corte emitió una sentencia a favor de los garífunas, pero el  Estado se rehúsa cumplirla.

Miriam lamenta que en este momento las autoridades estén buscando los cuerpos de los garífunas secuestrados, cuando desde el 2015, con la sentencia de la Corte,  el Estado tuvo que realizar un trabajo preventivo para garantizar la vida y bienestar en comunidades pacíficas, pero violentas por el modelo económico impuesto.

Con indignación Miranda finalizó la entrevista diciendo que es una tragedia macabra lo que vive la juventud de Honduras, donde solo muerte depara el futuro. Miriam dice que, desde las comunidades garífunas, de cultura pacifica, se está apostando por tener una cultura de paz en armonía con sus recursos, pero ese proceso es boicoteado por el propio Estado.


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