Con la pandemia Covid-19 la labor periodística en Honduras es más compleja. El confinamiento y miedo al contagio en coberturas es una realidad para periodistas y comunicadores sociales que tienen la responsabilidad de acompañar la actual realidad de colapso institucionalidad.
A esos temores se suman las agresiones que se presentan en este período de emergencia. Desde el Comité por la Libre Expresión, C-Libre, se registra desde el inicio de la cuarentena unas 41 agresiones vinculadas al ejercicio de libertad de expresión. La mayoría de estas, dirigidas contra periodistas y medios de comunicación.
“Los despidos injustificados, los casos de censura directa y las afectaciones económicas por despidos o suspensiones son las más frecuentes en este tiempo”, dijo Amada Ponce, Directora de C-Libre.
Desde la declaratoria de emergencia en Honduras se decretó la suspensión de garantías constitucionales; y mediante decreto PCM 021-2020 se incluyó la restricción del artículo 72 constitucional, referente al respeto a libre emisión del pensamiento y de expresión.
“Desde el decreto y las acciones tomadas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) hacia la labor periodística y el acceso a información pública fueron contrarias a lo establecido en la normativa jurídica nacional, específicamente en la Constitución de la República, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), así como los estándares internacionales en ambas temáticas”, dice el informe Silenciados por Decreto, publicado por C-Libre.
En los más de tres meses desde que inició la pandemia, las agresiones a periodistas y comunicadores sociales se incrementaron notablemente en relación a los despidos injustificados, los casos de censura directa y las afectaciones económicas. Por ello, desde el Comité por la Libre Expresión se mantienen las alertas ante las acciones hechas por el Estado, con el fin de garantizar el cumplimiento del respeto a la libertad de expresión y acceso a la información pública.
El papel de policías y militar
Dentro del informe C-Libre denuncia el papel que las fuerzas de seguridad hacen en contra del ejercicio periodístico, que va desde ataques físicos hasta obstrucciones a su labor. Desde marzo hasta el 10 de junio se registraron nueve alertas que evidencian distintas agresiones.
En Tegucigalpa, el equipo de prensa de Canal 6 fue agredido mientras daba cobertura a la detención de una pareja de jóvenes a inmediaciones del parque Central. Además, luego de un manotazo, dañaron el Live-U, equipo para transmitir la señal “EN DIRECTO” del medio. En ese mismo acontecimiento los periodistas de Canal 6, también fueron víctimas de agresiones verbales por parte de la Policía Municipal del Distrito Central y empleados de la Alcaldía.
El camarógrafo Javier López filmó un acontecimiento donde empleados de la municipalidad capitalina, mientras ellos arremetían verbal y físicamente a vendedores ambulantes en las cercanías del Estadio Nacional.
Otro de las agresiones registradas por el informe “Silenciados por Decreto”, es lo ocurrido a los periodistas Francisco Zúniga y Olman Uclés del noticiero Hoy Mismo, quienes fueron agredidos por miembros de la Policía Nacional, mientras informaban sobre la falta de atención para cumplir con el tránsito de personas en los mercados de Comayagüela. En la emisión meridiano del noticiero se observa la agresión contra Zúniga, quien realizaba transmisión en directo desde un punto de los mercados de la ciudad que comprende el Distrito Central.
El reportero gráfico de Criterio.hn, Alex Fernando, fue objeto de intimidación por miembros policiales, después de fotografiar el incendio de un mercado de Comayagüela.
“Me tomaron fotografías a mí, al carnet e hicieron videollamadas, mostrándome, también revisaron mi mochila, hasta que las personas en el otro lado del celular les dijo que me soltaran que no era la persona a quien buscaban”, narró el camarógrafo.
A inicios de abril, tres periodistas fueron detenidos, mientras realizaban la cobertura de un violento desalojo en el barrio Gualjoco, ciudad de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara. Roger Iraeta (Corresponsal de Canal 6); Edward Fernández (Tv Mas) y Onán Zaldívar (PateplumaTelevisión), fueron dejados en libertad al día siguiente de su detención, sin ser acusados de ningún delito, sin embargo, C-Libre ha recibido denuncias que siguen las intimidaciones contra periodistas en este departamento, por parte de elementos policiales, quienes se niegan a permitir la libre circulación de los comunicadores.
El informe también recoge las denuncias de periodistas por las deducciones salariales, suspensión de labores y vacaciones no remuneradas, que han emprendido los dueños de medios de comunicación en su contra.
En el contexto hondureño la labor de informar no está exenta del contagio. Hasta la fecha, C-Libre reporta trece trabajadores de medios contagiados por coronavirus. Sobre el tema, Amada Ponce hizo el llamado para que se garantice la seguridad física y emocional de los trabajadores y trabajadoras de la información, quienes “son especialmente vulnerables en lo que respecta a la seguridad física y psicológica”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario