En los primeros meses del 2020, los daños al ambiente se han expresado en la escasez de agua en ciudades como La Ceiba, El Progreso, San Pedro Sula y la propia capital hondureña, además en incendios forestales y la tala de bosques sin control en las montañas del país.
Todo lo anterior, enmarcado en una propuesta de desarrollo basada en la industria extractiva, apadrinada por el Estado de Honduras e impulsado por el gobierno de Juan Orlando Hernández junto a los principales grupos económicos del país.
En la décima edición del Sondeo de Opinión Publica del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), la población hondureña dejó claro que está convencida que hay corrupción en la entrega de contratos a las empresas generadoras de energía en el país.
El 89.1% de la población es del criterio que existe mucho o algo de corrupción, y el 10.2 por ciento está en desacuerdo con que existe corrupción (poco o nada). Dicho en números simples, 9 de cada 10 hondureños y hondureñas creen que en los contratos con los generadores de energía hay sospechas de corrupción.
¿Cree usted que hay corrupción en los contratos con las empresas generadoras de energía?
Para el investigador y ambientalista Pedro Landa, esos datos son reflejo de la gravedad que se está viviendo en el tema energético. Pero también es reflejo de toda la red de negocios oscuros que se han sacado a la luz en últimos 3 años, sobre todo con la llegada de la Empresa Energía Honduras (EEH), cuando los costos de la energía eléctrica aumentaron en valores desproporcionados.
Landa dice que a la población hondureña se le mintió cuando se comenzó a promocionar el tema de la generación de energía eléctrica, porque en vez de bajar los precios, los costos cada día van incrementando.
Entrega del territorio
En cuanto a la privatización del agua, la venta y tala de los bosques, la explotación minera y la construcción de represas hidroeléctricas, la opinión de la ciudadanía consultada y los resultados obtenidos son los siguientes:
El 88.2 por ciento dijo estar en contra de la explotación minera y solo un 9.4 por ciento dijo estar a favor. En relación con la venta y tala de los bosques, el 97.9 por ciento está en contra y 1.9 por ciento está a favor de ello.
El ambientalista Pedro Landa cree que, lo que aparece es el reflejo de lo que está sucediendo en los territorios, la población se ha dado cuenta que la minería no es negocio rentable, si no sinónimo de conflictividad, contaminación persecución y muerte para las comunidades.
“Yo recuerdo que el discurso cuando se aprobó la Ley de Minería, era traer miles de empleo y desarrollo a las comunidades, sin embargo, la práctica en pocos años ha sido otra; destrucción, contaminación y encarcelamiento de quienes defienden la tierra y el territorio, como los compañeros y compañeras de Guapinol”, señala.
En cuanto a la privatización del agua, la opinión de la población consultada fue de un 95.8 por ciento en contra y un 4.1 por ciento a favor. Sin embargo, en lo referido a la construcción de represas hidroeléctricas, la opinión presenta un empate técnico en los resultados: el 48.8 por ciento dijo estar en contra de la construcción de represas hidroeléctricas y el 48.3 por ciento manifestó estar a favor.
Para Pedro Landa esa opinión dividida se puede entender desde el punto de vista en que, los hondureños y hondureñas vivimos en una situación de empobrecimiento tan grande que tenemos la ilusión de contar con mejores condiciones de vida. Y una de esas ilusiones es a través de la construcción de hidroeléctricas que puedan bajar los costos de producción y, por tanto, bajar los costos de la vida misma.
“Hay que contrastar la verdadera realidad. Esos sueños de una vida mejor de la población han quedado precisamente en eso, en sueños. Porque la historia ha demostrado que la generación de energía hidroeléctrica ha sido generadora de conflictos y daños al ambiente. Alrededor de estos proyectos hidroeléctricos se han cometido crímenes atroces como el de Berta Cáceres”, comenta el ambientalista.
Para Pedro Landa lo que estamos viviendo con la pandemia del Covid-19, es un ejemplo claro de la inviabilidad del modelo extractivista, porque si nos damos cuenta este virus está afectando a la población más pobre a nivel mundial, y eso es producto de los cambios drásticos que hemos ocasionado en el planeta
“Ese modelo hace que los equilibrios, la armonía que existía entre la naturaleza y los seres humanos desaparezca. Cuando se rompe el equilibrio, surgen estas enfermedades que de una u otra manera están relacionadas con la destrucción de los bienes naturales”, señala.
Además, cree que el reto para la ciudadanía hondureña con los datos plasmados en el Sondeo de Opinión Pública del ERIC, es no tratar aisladamente la problemática ambiental, sin ver la situación socioeconómica y política del país. “Si queremos dar un giro de timón a esta práctica y a estas políticas que nos están condenado a la muerte del planeta, es necesario pensar en la modificación del sistema político y de la institucionalidad política que tenemos, que es el origen de la promoción de la depredación del medio ambiente”, concluye.
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