Por Javier Suazo
Foto: Tiempo.hn y ASJ
EL Código Penal no puede entrar en vigencia, según la constitución de la república de Honduras, en los artículos número 187 y 188, establece que, en períodos de emergencia, como la pandemia que vivimos, quedan suspendidas las garantías constitucionales, y no pueden decretarse leyes.
René Adán Tomé, abogado
El Fondo Monetario International (FMI) felicita a aquellos países que cumplen con los objetivos y metas de los programas de estabilización económica, cambio estructural y reforma del Estado, y pone de ejemplo frente aquellos que tienen programas vigentes pero que su desempeño no ha sido óptimo. Igualmente, desecha las políticas ejecutadas por los llamados países con gobiernos de corte populista o socialista, ya que sus ejecutorias y decisiones en materia de política económica y sectorial son contrarias a la libertad de mercado. Además, considera que estos gobiernos como en el caso de Nicaragua y Venezuela, son autoritarios y violan sistemáticamente las normas de convivencia democrática, proclives a la corrupción y narcotráfico.
La experiencia de Bolivia en el gobierno de Evo Morales demuestra que pueden existir políticas económicas, sectoriales e institucionales heterodoxas con resultados favorables no solo en control del déficit fiscal, inflación, estabilidad cambiaria y crecimiento del PIB, sino en la mejora de los salarios reales, reducción de la pobreza y desigualdad y fortalecimiento de los valores de la democracia participativa, por lo que el FMI, a regaña dientes y frente a la evidencia, no tiene más que felicitarlos.
Un tema que ha sido ignorado o poco tratado por los funcionarios del FMI que conforman las misiones responsables de evaluar el comportamiento de las economías de los países y los resultados obtenidos con la aplicación de las políticas de estabilización económica y reforma institucional, es la corrupción. La tesis de fondo es que los logros en estabilización económica, cambio estructural y reforma del Estado, pueden ir acompañados de más corrupción, sea porque se presentan negocios donde aparecen empresas de maletín que proveen servicios al Estado con procesos de contratación poco transparentes liderados por funcionarios corruptos; sea también porque se ejecutan proyectos de desarrollo con fondos externos, sin que exista garantía que los recursos asignados serán manejados con manos limpias.
Además de ello, la centralidad del poder y de las competencias públicas en una persona, particularmente el presidente de la República y círculo de poder, o en una institución u organización que debilita las competencias de instituciones públicas sectoriales, ejemplo los ministerios de línea como salud, agricultura, educación, infraestructura, ambiente, permite el ejercicio de una práctica poco transparente en el manejo de los recursos, ya que los funcionarios contratados ( activistas políticos y parientes de diputados y empresarios ) realizan su trabajo por sobre las acciones que ejecutan dichas instituciones, sin que se rinda cuenta en el tiempo requerido y devuelvan los recursos mal habidos.
Pero, ante todo, y este es el mayor cuestionamiento al FMI, una especie de ideología que valora positivamente las acciones de gobiernos que recortan gastos públicos (incluyendo gastos de inversión), aumentan impuestos, eliminan trabas al comercio, liberalizan la tasa de cambio y permiten que agentes privados entreguen bienes y servicios a la población al privatizarse las funciones y competencias de las instituciones publicas responsables, ejemplo los Ministerios de Salud y Educación.
En el caso de Honduras, recientemente el FMI felicitó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y valoró positivamente los procesos de auditoria concurrente que ejecuta a los fondos que se destinan a combatir la pandemia COVID-19. En una reunión teletrabajo, el presidente del TSC, Juan José Pineda, conjuntamente con la directora de fideicomisos de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), el señor Gerardo Uña, economista señor del FMI en Washington, y Laura Gores, economista de la Institución en Alemania, destacaron este logro.
“Sabemos que el Tribunal Superior de Cuentas está teniendo un rol muy importante en este ámbito, hemos visitado varias veces la página web de ustedes donde accedimos a los informes preliminares de control que han realizado, hemos visto que hay varios avances en el tema de control”, destacó Gerardo Uña (TSC: 19-06.2020).
Estas declaraciones de funcionarios del FMI contrastan con la realidad que vive el país. Hay tres informes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) que demuestran el uso poco transparente de los fondos asignados al combate del Covid-19, igual crecientes denuncias de la población de negocios que hacen funcionarios públicos con las mascarillas y bolsas solidarias, muchas de las cuales son manejadas con fines políticos. Además, las auditorias concurrentes de TSC, son a posteriori, después que ocurre el delito, por lo que, en un país donde la institucionalidad de lucha contra la corrupción no funciona, los casos se quedan en el baúl del olvido.
En la actualidad, se ha denunciado por los medios de comunicación y el Cónsul de Turquía en Honduras, Adolfo Facussé, una posible estafa al Estado hondureño por la compra de siete (7) hospitales móviles por un valor de 46.8 millones de dólares. La compra fue realizada por el Abogado Marco Bográn, Director Ejecutivo de Inversiones Estratégicas de Honduras (INVET-Honduras), una especie de super/institución gerencial responsable de realizar las compras del Estado en Salud, Agricultura e Infraestructura. Esta compra, por lo de la emergencia, se realizó sin consulta y aprobación del Consejo Directivo de INVEST-H, presidido por la Ministra de Coordinación General de Gobierno, Martha Doblado, y donde además participa el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo (FOPRIDEH). También eran miembros, el CNA que renunció y el Foro Nacional de Convergencia (FONAC) que se retiró, dejando dicha directiva acéfala con solo la participación de instituciones públicas, ya que, a última hora, también el COHEP piensa retirarse, ya que no se ha contratado la firma auditora independiente aprobada desde el 22 de abril de 2020, con el objeto de auditor el uso de los recursos financieros, lo que incluye la posible compra “sobrevalorada” de hospitales móviles.
La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), el mismo COHEP y los partidos de oposición en el Congreso de la República y organizaciones de sociedad civil, han solicitado al director de INVET-H un informe detallado sobre dicha compra, y Mario Segura, presidente de la bancada del “lado oscuro” del Partido Liberal en el Congreso de la República, su renuncia, que se espera ocurra en los próximos días por una decisión del Consejo Directivo. El TSC ha sido cuestionado por no practicar la auditoria concurrente en el tiempo requerido, y hoy habla de presentar una auditoria especial sobre la compra de dichos hospitales por INVEST-H.
Se habla que los primeros dos (2) hospitales vienen en camino y llegarán a Honduras a mediados de julio, pero la empresa que los envía no es la misma con la que concretó el negocio, el resto se espera para septiembre, cuándo, según el gobierno, la curva COVID-19 ya se habrá aplanado. A criterio del Cónsul de Turquía en Honduras, Adolfo Facussé, el FBI busca al señor Axel López, presidente de la empresa ELMED MEDICAL SYSTEMS, con la cual Marco Bográn hizo la compra y pagó el 100% del costo, sin exigir una garantía bancaria.
Mientras esto ocurre, la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado a un escrito presentado por la Fiscalía contra un decreto del Congreso de la República que cercena sus competencias para no requerir o investigar a funcionarios corruptos, sin antes el TSC haya realizado las famosas auditorías aplaudidas por funcionarios del FMI, que pueden durar hasta dos (2) años. Pero lo más preocupante es la entrada en vigencia del nuevo Código Penal el 25 de junio de 2020, que reduce penas y no permite la extradición de corruptos ligados al lavado de activos y narcotráfico, pero también debilita las acciones de las organizaciones sociales y gremiales.
El FMI tiene un representante en Honduras, y debe informar sobre las denuncias de actos de corrupción con fondos asignados a la pandemia Covid-19, y apoyar los esfuerzos de aquellas instituciones de sociedad civil que como el CNA vienen luchando por denunciar y combatir los actos de corrupción de funcionarios públicos, y no solo aplaudir el accionar de instituciones que como el TSC ha sido cuestionado y está politizado. Hemos insistido en varias ocasiones que los aplausos a gobiernos por logros en cumplimiento de objetivos y metas de estabilización económica y reforma del Estado, están contaminados cuando las acciones ejecutadas van acompañadas por actos de corrupción, donde los corruptos y corruptos se protegen mutuamente. Por lo pronto, el FMI debe pronunciarse en contra de la vigencia del Código Penal que al proteger más a los corruptos contaminará en forma permanente los logros en estabilización económica del gobierno, o ejercer presión al gobierno y legislativo para que esta aberración jurídica no entre en vigencia.
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